El análisis de los proyectos de Ley del Proceso Penal, Ley de los Tribunales de Justicia, Ley del Proceso Administrativo, y de Ley del Código de Procesos será llevado a los miembros de la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP), durante el Séptimo Periodo Ordinario de Sesiones de la IX Legislatura de este órgano, los días 27 y 28 de octubre, publica Granma.
Aunque Granma señala que dicho Período de Sesiones se realizará ajustado al Cronograma Legislativo, el mismo debió comenzar el 14 de julio, pero fue suspendido una semana antes, debido, según el presidente de la ANPP, Esteban Lazo, a "la compleja situación epidemiológica como resultado de la pandemia de Covid-19".
En esas sesiones debieron aprobarse los cuatro proyectos de leyes mencionados, que fueron presentados por el Consejo de Gobierno del Tribunal Supremo Popular.
Según el secretario de la ANPP, Homero Acosta, el día 25 se presentará el resultado de las consultas de los proyectos leyes, a partir de las consideraciones y sugerencias que tanto diputados como jurídicos y otros especialistas han aportado en los últimos meses, en pro del enriquecimiento de estos textos, como parte de la agenda de trabajo previa a las sesiones que se realizarán de manera semipresencial.
Sobre la Ley de Proceso Penal, el presidente del Tribunal Supremo Popular (TSP) de Cuba, Rubén Remigio Ferro, aseguró recientemente al comparecer en el espacio televisivo oficial Mesa Redonda que el "delito de peligrosidad predelictiva" sería eliminado. A través de esta herramienta de control social, La Habana mantiene a centenares de cubanos en prisión, como ha denunciado Prisoners Defenders.
Como otras novedades de la nueva norma, que sustituirá a la Ley de Procedimiento Penal promulgada en 1977, el presidente del TSP afirmó que se regula con mayor precisión cuándo se puede solicitar la medida de prisión provisional. Además, se reconoce a las víctimas la condición de parte del proceso, un elemento que en la actual legislación no tiene tanto protagonismo. En la nueva legislación se establece que los afectados pueden comparecer en el proceso, nombrar abogados que los representen, proponer pruebas y reclamar la indemnización por los daños sufridos.
La propaganda del régimen dice que el proyecto Ley de Proceso Penal y otros textos jurídicos fueron sometidos a un "amplio proceso de consulta" tras su publicación en el sitio web de la Asamblea Nacional, así como en el del Tribunal Supremo.
"Se emitieron en total 2.941 criterios, de los cuales se admitieron 1.964. Los profesionales de impartición de justicia aportaron 2.756, admitiendo 1.914. Por su parte, los diputados dieron 118 juicios, de los cuales se aceptaron 91. La población tributó 67, de los cuales se incorporaron 19. Del total de las leyes se modificaron 594 artículos", dijo Ferro.
Además del análisis y la aprobación de los cuatro proyectos de leyes, en el Período de Sesiones se prevé la presentación de un informe sobre asuntos económicos; la liquidación del presupuesto; los resultados de la Tarea Ordenamiento; la actualización de los aportes de la ciencia en el enfrentamiento a la pandemia, según Granma.
Hace apenas unos días, el jefe de la Comisión Permanente de Implementación y Desarrollo de los Lineamientos del Partido Comunista de Cuba (PCC), Marino Murillo Jorge, reconoció en un encuentro con los gobernantes del país que la Tarea Ordenamiento ha provocado mayor inflación de la prevista y que al menos 488 empresas estatales han reportado pérdidas desde su implementación.
Los documentos aprobados en el VIII Congreso del PCC: la actualización de la Conceptualización del modelo económico y social cubano de desarrollo socialista y, también, de la Implementación de los Lineamientos de la política económica y social del Partido y la Revolución, también serán discutidos durante la agenda de trabajo previa a las sesiones, según el medio oficial.
Granma además informa que, por primera vez, según facultad constitucional, se darán a conocer los resultados de la alta fiscalización realizada al Ministerio de la Construcción, y se ratificarán los acuerdos y decretos-leyes que el Consejo de Estado ha aprobado en el último periodo.
Entre dichos decretos-leyes se incluye el Decreto-Ley 35, aprobado en agosto, que prohíbe convocar protestas a través de internet y califica dicha acción como "ciberterrorismo".
