La Justicia española aprobó extraditar a EEUU a Claudia Patricia Díaz Guillén, la extesorera y exenfermera de Hugo Chávez, a quien Washington reclama por presunto blanqueo de capitales y organización criminal para favorecer al empresario Raúl Gorrín Belisario en una trama de cambio de moneda extranjera.
En un auto conocido el viernes, los magistrados consideraron que se dan los requisitos para la extradición por presuntos delitos que en EEUU están tipificados, como asociación delictiva para cometer lavado de dinero y otros dos de lavado de instrumentos monetarios, reportó EFE.
De acuerdo con la reclamación del Tribunal Federal de Distrito Sur de Florida, desde 2008 hasta 2017 Gorrín Belisario, junto a Díaz Guillén y su marido Adrián Velásquez Figueroa participaron con otros en un "estratagema corrupta" en relación al cambio de moneda extranjera efectuado por el Gobierno venezolano a cambio de sobornos.
Guillén, que se desempeñó como tesorera del Gobierno chavista, es conocida como la enfermera del fallecido presidente venezolano Hugo Chávez, y su marido, que fue guardaespaldas del caudillo, tiene pendiente que la Audiencia Nacional se pronuncie también sobre su extradición por los mismos hechos.
En 2019 la Audiencia Nacional española rechazó extraditar a Venezuela a Guillén y a su marido, así como a un contable de la petrolera estatal PDVSA, atendiendo a la situación que atraviesa el país, pues consideró que ponía en peligro su integridad.
Ahora aceptó la entrega a Estados Unidos de la exfuncionaria del Tesoro venezolano a la luz de la documentación aportada por las autoridades de ese país el pasado año.
Según esa documentación, Gorrín Belisario pagó cientos de millones de dólares para asegurarse el derecho de participar en transacciones de cambio de moneda extranjera que le reportaron unas ganancias de cientos de millones de dólares.
En su estrategia, Gorrín Belisario, junto con otros, prometía, autorizaba y efectuaba pagos a funcionarios del régimen venezolano, incluidos dos tesoreros nacionales, Alejandro Andrade Cedeno y Claudia Patricia Díaz Guillén, "a fin de asegurarse una ventaja indebida en la obtención y retención del derecho de efectuar transacciones de cambio de moneda extranjera con tasas favorables".
Para ocultar los pagos, según la documentación de las autoridades estadounidenses, Gorrín utilizó cuentas bancarias cuyos titulares eran empresas ficticias y disfrazó numerosos pagos de sobornos a Díaz Guillén haciendo los pagos a su esposo, en vez de a ella directamente.
Entre 2011 y 2013 el empresario hizo pagos por sobornos de al menos 65 millones de dólares a beneficio de la reclamada a través de transferencias de cuentas de Suiza hacia Estados Unidos.
Además de los sobornos, Gorrín Belisario también compró y pagó gastos relacionados con aviones privados, yates, mansiones, caballos campeones, relojes y otros objetos de lujo.
En su resolución, los magistrados españoles rechazaron los argumentos de la reclamada para oponerse a la extradición, entre ellos que ya está siendo investigada por los mismos hechos en España, así como que el haber obtenido la nacionalidad española en abril de 2021 sería una causa para denegar la entrega.
Respecto al primero de los argumentos, los jueces concluyeron que no se trata de los mismos hechos por los que se la investiga en este país y, respecto a la nacionalidad española como causa de denegación, así como su arraigo, consideran que no se dan los factores para rechazar la extradición de nacionales, como son la ponderación sobre la gravedad y la vinculación o arraigo en el país.
