Una cubana de 23 años acusada de lesionar a cinco policías y un joven acusado de atentado por intentar defender a una mujer están entre los casos de cubanos detenidos tras las protestas del 11J sobre los que alerta el activista y comunicador independiente Guillermo del Sol, publica Radio Martí.
"La situación de los detenidos se mantiene inamovible, ya algunos tienen petición fiscal", declaró al medio norteamericano el opositor, que critica el proceder del Ministerio de Justicia con los detenidos, a quienes él considera que "se les están violando todos los derechos".
Del Sol afirmó que un oficial del Departamento de Cárceles y Prisiones del centro penitenciario El Pretensado, en Santa Clara, le contó que "de la cabecera provincial solamente, hay alrededor de 100 detenidos tras las protestas del 11 de julio".
El activista se refirió al caso de la enfermera Amanda Dalay Matamoros Cabrera, de 23 años, quien está acusada de provocar lesiones a cinco policías durante la protesta que tuvo lugar el 11 de julio frente a la 5ta. Unidad de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR).
"Ella se encuentra en la prisión de mujeres de Guamajal y el fiscal le pide un año de prisión por cada uno de los policías supuestamente lesionados, su mamá falleció estando ella detenida", señaló Del Sol.
En la ciudad de Santa Clara continúa detenido, en la prisión provincial La Pendiente, el joven cuentapropista Ariel Núñez Martínez, a quien Del Sol dice conocer personalmente.
"Una persona que padece una insuficiencia arterial vascular y que ha sufrido trombosis", advirtió.
También alertó sobre la situación de cinco detenidos del municipio de Caibarién que permanecen en la prisión La Pendiente, en la cabecera provincial.
"El abogado que debía representar a Javier Delgado Torna, de 53 años de edad, cardiópata, diabético y discapacitado y a Carlos Michael Morales, que se nombra Camilo, este señor renunció a representarlos al cabo de 60 días de haber firmado un contrato y cobrado el dinero, ellos dos aún no tienen petición fiscal", contó Del Sol.
"Tenemos también la situación de Isel Fumero, que trató de defender a una mujer durante las protestas mientras la esteban golpeando y está acusado de atentado", agregó.
A estos casos sumó los de Magdiel Rodríguez y José Rada Paret. "Este último con niños pequeños, que también está acusado del delito de atentado", añadió.
"El proceso judicial se está llevando en Santa Clara y no en el municipio de Caibarién, que fue donde ellos participaron en las protestas, donde fueron detenidos, y de donde son naturales", explicó.
Sin embargo, abogados consultados por DIARIO DE CUBA señalan que cuando la persona es juzgada por delito agravado de atentado, cuya sanción es de cuatro a diez años de privación de libertad, se le debe juzgar en la sala penal provincial y no en la municipal.
Por último, el activista hizo un llamado a los familiares de los detenidos para que colaboren con la sociedad civil independiente con la identificación de los que permanecen presos.
"Yo le agradezco mucho a todas las personas que están colaborando tratando de identificar a los detenidos, pero desgraciadamente hay muchas personas todavía que no se dan cuenta de la situación que tienen sus parientes detenidos", enfatizó Del Sol.
