El Gobierno de Estados Unidos está impulsando un conjunto de ocho enmiendas que critican la violación de las libertades y los derechos humanos en Cuba para que sean incluidas en la resolución contra el embargo sobre la Isla, que se llevará a votación en la ONU el próximo 31 de octubre.
Radio y Televisión Martí tuvo acceso a las enmiendas que señalan la falta de libertades civiles, políticas y económicas en la Isla, así como la ausencia de independencia judicial y las detenciones arbitrarias de que son objeto los opositores al régimen.
La primera de las enmiendas pide el Gobierno cubano que "otorgue a sus ciudadanos derechos y libertades civiles, políticas y económicas reconocidos internacionalmente, incluida la libertad de reunión, la libertad de expresión y el libre acceso a la información."
La segunda manifiesta la "seria preocupación de que en Cuba la grave falta de acceso a la información y la libertad de expresión, la ausencia total de independencia judicial, y el arresto y la detención arbitrarios, estén socavando los esfuerzos colectivos para implementar el Objetivo 16 de Desarrollo Sostenible, destinado a promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, proporcionar acceso a la justicia para todos y construir instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles;
Una tercera expresa también "gran preocupación de que en Cuba la ausencia de mujeres en los órganos más poderosos de toma de decisiones, incluido el comité ejecutivo del Consejo de Ministros y el liderazgo militar superior, socave gravemente los esfuerzos colectivos para implementar el Objetivo 5 de Desarrollo Sostenible, destinado a lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y niñas, al contrarrestar la discriminación profundamente arraigada basada en el género que resulta de las actitudes patriarcales y las normas sociales relacionadas."
La cuarta está referida a los derechos laborales, e indica la preocupación por "el hecho de que en Cuba el monopolio sindical de la Central de Trabajadores de Cuba (CTC), la prohibición del derecho de huelga y las restricciones a la negociación colectiva y los acuerdos, incluido el hecho de que las autoridades gubernamentales y los funcionarios de CTC tienen la última palabra en todos estos acuerdos, socavan gravemente los esfuerzos colectivos para implementar el Objetivo 8 de Desarrollo Sostenible, destinado a promover el crecimiento económico sostenido e inclusivo, el empleo pleno y productivo, y el trabajo decente para todos".
La quinta exhorta al régimen de La Habana, sus órganos judiciales y de seguridad, a "crear y mantener, en la ley y en la práctica, un entorno seguro y propicio en el que una sociedad civil independiente, diversa y pluralista, pueda operar sin obstáculos e inseguridad indebidas."
La sexta enmienda insta a que el Gobierno "ponga fin a las restricciones generalizadas y graves, tanto en la ley como en la práctica, sobre el derecho a la libertad de expresión, opinión, asociación y reunión pacífica, tanto en internet como fuera de las redes, incluso poniendo fin al hostigamiento, la intimidación y la persecución de los opositores políticos, defensores de los derechos humanos, activistas de los derechos de las mujeres y de las minorías, líderes laborales, activistas de los derechos de los estudiantes, periodistas, bloggers, usuarios de redes sociales y administradores de páginas de redes sociales, trabajadores de los medios de comunicación, líderes religiosos y abogados."
La séptima insta "encarecidamente" a que el Gobierno "libere a las personas detenidas arbitrariamente por el ejercicio legítimo de sus derechos humanos, considere la posibilidad de rescindir condenas indebidamente duras por ejercer tales libertades fundamentales, y ponga fin a las represalias contra las personas, incluidas aquellas que cooperan con los mecanismos de derechos humanos de las Naciones Unidas."
Finalmente, la octava enmienda exhorta a que el régimen "inicie un proceso integral de rendición de cuentas en respuesta a todos los casos de violaciones graves de los derechos humanos, incluidos los que afectan a los poderes judiciales y de seguridad, y pide al Gobierno de Cuba que ponga fin a la impunidad de tales violaciones."
El miércoles, el ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez Parrilla se quejó de lo que considera una "nueva maniobra política" de EEUU para justificar el embargo que aplica desde 1962 y que la comunidad internacional, como cada año, someterá a evaluación dentro de una semana en Naciones Unidas.
Según el canciller, el memorando con las ocho enmiendas "intenta cambiar el espíritu de la resolución" que pide el levantamiento del embargo y estaría circulando con una carta firmada por el subsecretario adjunto del Departamento de Estado estadounidense, Gonzalo Gallegos, en la cual se hace referencias a Cuba tomando elementos de una polémica de Washington con otro país, al que no identificó, según la AFP.