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justicia

La fiscal general de Cuba anuncia un aumento de salario en un intento por frenar el éxodo de profesionales

Fiscales y otros trabajadores de la institución prefieren irse a sectores más lucrativos.

La Habana
Fiscalía de La Habana.
Fiscalía de La Habana. tribuna de la habana

La Fiscal General de la República, Yamila Peña Ojeda, presidió una reunión en La Habana donde informó sobre una subida del salario a los fiscales y otros trabajadores auxiliares en un intento de frenar el alarmante éxodo en la Fiscalía, según informó a DIARIO DE CUBA un trabajador del sector que no quiso ser identificado.

"La Fiscal General comunicó en la reunión, que se recibió respuesta favorable de la Presidencia de la República y se va a realizar un aumento salarial de forma general a los trabajadores de la Fiscalía en todo el país. Con este aumento, especificó que se espera revertir la salida de fiscales y otros trabajadores de la institución con destino a sectores más lucrativos", dijo la fuente.

Según el trabajador, "la situación se agudizó ante la suspensión por el Covid de la entrada masiva de egresados universitarios, que ha sido la fuente natural de reposición de fuerza especializada de trabajo en la Fiscalía".

Por otra parte, la misma fuente dijo que "a partir del 11 de julio la presión de trabajo ha aumentado notoriamente sobre los fiscales. Ya no dan abasto, especialmente en municipios críticos de La Habana como El Cotorro, Habana del Este, San Miguel del Padrón, entre otros".

El 11 de julio se desencadenaron protestas ciudadanas en más de 50 ciudades y pueblos de la Isla tras las cuales cientos de ciudadanos han sido procesados por delitos comunes y enviados a las cárceles a la espera de juicio. El Gobierno solo ha reconocido el procesamiento de 67 cubanos.

"Esta fatiga laboral, unido al salario no atractivo para los fiscales, de 5.800 pesos, que quedan en realidad en alrededor de los 5.000 pesos luego de los descuentos impositivos, de seguridad social, el aporte a la patria, la cuota de la sección sindical y la cotización del Partido o de la juventud comunista, ha provocado una estampida de fiscales pidiendo la baja de la institución", agregó.

Según el entrevistado, "oficialmente no se informó la cuantía del aumento salarial, pero corren rumores que el incremento será de 2.800 mensuales".

Esto "no cumple las expectativas de los fiscales y creo no va a resolver el problema, que cada día se hace más crítico", dijo. 

Una trabajadora de la Fiscalía consultada también bajo anonimato consideró que "el completamiento de la plantilla en la Fiscalía en la capital es un problema de larga data".

"Desde hace varias décadas se traían fiscales de provincias para La Habana, con facilidades para la obtención de viviendas. Ya esta práctica no es posible, no se cuenta con un fondo de vivienda para asignar, por tanto, la Fiscalía de La Habana tiene que resolver sus problemas con personal capitalino. Incluso la actual Fiscal General es habanera, salió de la Fiscalía del Cerro", sostuvo.

"El otro problema de la Fiscalía en La Habana es que los egresados universitarios, apenas cumplen su servicio social, se marchan. Como resultado de esta situación, la Fiscalía ha ido perdiendo el capital humano de experiencia técnica y se encuentra en desventaja con relación a otras instituciones como tribunales y bufetes", dijo.

"El resultado de todo esto es la extrema situación que estamos teniendo sin fiscales en los municipios, donde en realidad se sostiene el trabajo de la Fiscalía, sin contar otros problemas de deterioros de locales y falta de insumos de trabajo", concluyó.

La Fiscalía General de la República, según su sitio web, es el órgano del estado cubano que ejerce la acción penal pública en representación del Estado, ejerce el control de la investigación penal y vela por el cumplimiento estricto de la legalidad socialista. Su estructura a grandes rasgos parte de la Fiscalía General que dirige a la Fiscalía Militar y a las fiscalías provinciales y municipales del país. Opositores cubanos la acusan de responder a los intereses de la Seguridad del Estado en los casos de juicios políticos en los que presentan acusaciones por delitos comunes.

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