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Alimentación

Una contradicción entre la OFICODA y el Gobierno deja sin dietas a cubanos necesitados en Villa Clara

Pese a que dos resoluciones gubernamentales prorrogaron la vigencia de las dietas, muchos enfermos se habrían quedado sin ellas en medio de la escasez de alimentos.

Santa Clara
La oficina del Registro de Consumidores de Caibarién, Villa Clara, cerrada.
La oficina del Registro de Consumidores de Caibarién, Villa Clara, cerrada. Diario de Cuba

Este 8 de setiembre, día de la Virgen de la Caridad del Cobre, Patrona de Cuba, cientos de cubanos residentes en Villa Clara que acudieron a sus bodegas, mercados estatales o puntos de distribución de leche a buscar uno de los diez litros mensuales que les corresponden por su condición de pacientes crónicos, se quedaron pasmados al conocer que "todas las personas cuya dieta médica tenía programada fecha de vencimiento para el pasado 25 de febrero tienen que correr a renovarla, porque hasta octubre no volverán a verla, junto a la carne o el pollo o lo que venga".

Así explicó a este reportero Edel Monzón, administrador del Supermercado Vantroi 1, de la ciudad de Caibarién. El corte del suministro se produce pese a la resolución que extendía por cuatro meses (añadidos a una prórroga de seis meses anunciada en febrero) la entrega de las dietas a cubanos que la necesitan por su condición de salud.

Las prórrogas tenían como fin evitar la aglomeración en las oficinas administrativas, policlínicos y consultorios, de personas que habrían tenido que tramitar documentos, hacerse análisis y otros exámenes médicos en pleno aumento de los casos de Covid-19 en el país.

Trabajadores de la empresa encargada del suministro lácteo, ECIL, confirmaron al llegar camión a quienes hacían fila en el supermercado de Caibarién el corte del suministro.

La resolución conjunta No. 2 del 30 de junio, de los ministerios del Comercio Interior y Salud Pública, publicada en la Gaceta Oficial No. 55 (Extraordinaria), había extendido el plazo establecido en una anterior disposición, también conjunta, del 8 de febrero de 202, firmada por José Angel Portal Miranda y Betsy Díaz Velázquez, ministros de Salud Pública y Comercio Interior, respetivamente. Esa resolución modificaba lo establecido en 2010 sobre el vencimiento de las dietas.

"Como parte de las medidas para la prevención y el enfrentamiento a la Covid-19 en Cuba, se extenderá de forma excepcional por seis meses la vigencia de las dietas médicas, tanto de adultos como las relacionadas con las enfermedades crónicas de la infancia, cuyo vencimiento corresponde a los meses de febrero a junio del 2021", informó en febrero el diario oficial Granma.

Los directores provinciales de Salud y Comercio en los territorios, debían "adoptar las medidas organizativas y de aseguramiento que garantizaran el cumplimiento de lo dispuesto".

Aquella primera resolución, según el Gobierno, buscaba "evitar la aglomeración de personas en las instituciones de Salud Pública y en las Oficinas de Registro de Consumidores".

En junio, en medio del ascenso dramático de los casos de Covid-19, la segunda resolución conjunta extendió por cuatro meses más la vigencia de todas las dietas, "tanto de adultos como las relacionadas con las enfermedades crónicas de la infancia, cuyo vencimiento correspondía a los meses de julio a octubre".

Sin embargo, Eneida Moré Carvajal, directora en funciones de la Oficina de Control para la Distribución de los Abastecimientos (OFICODA) en el municipio de Caibarién, le explicó a este reportero que la orden que recibió fue "actualizar y dar baja a todo aquel ciudadano que no renovó su dieta antes del 25 de agosto, si las fechas de vencimiento estaban fijadas para febrero en la libreta y mis controles".

Esto querría decir que la OFICODA no prorrogó en sus registros los meses concedidos a cada persona por las resoluciones del Gobierno.

Aunque Alejandro Cedeño, coordinador de Programas y Objetivos (CPO) en el gobierno local, relacionado con la alimentación del pueblo, mostró su descontento al escuchar la noticia, no pudo subsanar desde su puesto lo que el Registro de Consumidores ya había decidido como terminante.

Caibarién tiene cerca de 55.000 habitantes. Centenares de personas, que pese a las dietas sufren la aguda escasez de alimentos y productos de primera necesidad en Cuba, podrían haberse visto afectadas por la medida. En Villa Clara serían miles.

Una funcionaria nombrada Eyipsis Cueto, a cargo de las distribuciones programadas en la Dirección Provincial de OFICODA en Santa Clara, no estaba "disponible para quejas de la población en estos momentos", dijo una persona que atendió una llamada telefónica al número 42282330, asignado al grupo provincial de Atención al Consumidor. El 42217441, de la mencionada oficina, estaba "fuera de servicio".

Pese al peligro que representa salir a la calle y contagiarse de Covid-19 o recibir una multa, decenas de perjudicados en Caibarién, indignados y desconcertados por la arbitraria medida, acudieron a la sede del Registro de Consumidores para reclamar. Encontraron que, con el toque de queda impuesto desde hace meses, ya desde las 11:00 de la mañana estaba cerrada.

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