El gobernante venezolano Nicolás Maduro, tras los informes de la Organización de Naciones Unidas (ONU) y la Organización de Estados Americanos (OEA) que acusan a su Gobierno de reprimir, torturar y encarcelar opositores, ha comenzado a enviar a cárceles comunes a los prisioneros políticos para maquillar la represión.
La ONG Foro Penal denunció que el régimen venezolano comenzó los traslados irregulares meses atrás, siempre de espaldas a los familiares, abogados, e incluso los propios tribunales, violando las normas del país.
Con estas prácticas, el Gobierno de Maduro intenta limpiar la sede de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), un espacio que ha sido calificado como centro de torturas por la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos de la OEA y por la Misión de Verificación de Hechos comisionada por la ONU.
Al respecto, el director del Foro Penal Venezolano, Gonzalo Himiob, afirmó al diario La Razón que cambiar a los presos políticos "de un centro de reclusión a otro no significa que dejan de ser presos políticos".
Según el registro de presos políticos de la ONG, hasta el 25 de mayo eran 301 las personas encerradas en el país, incluyendo 127 militares, junto a cientos de víctimas de detenciones arbitrarias que no han tenido derecho a la defensa, acceso a abogados o un juicio.
Según La Razón, ya han sido trasladadas 60 personas desde la sede de la DGCIM en Caracas hacia cárceles dependientes del Ministerio de Servicios Penitenciarios, aunque todavía quedan 34 presos, los cuales podrían ser trasladados antes de este domingo.
Gonzalo Himiob explicó que "los están sacando de sitios donde están muy mal a otros donde van a seguir en muy malas condiciones", pues afirmó que "en Venezuela no hay ni una sola prisión que cumpla a cabalidad con las Reglas Mandela, que son las mínimas para el tratamiento de reclusos según estándares internacionales".
Entre los prisioneros cuyo paradero se desconoce se encuentra Franklin Caldera, quien fue secuestrado por militares del régimen durante la insurrección militar de 2019.
Pese a los traslados, Himiob consideró que el objetivo de ello no podrá ser cumplido, pues dichas "decisiones no significan un borrón y cuenta nueva" porque "los crímenes que ya se cometieron y la cadena de mando, siguen estando allí".
