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A una cárcel a Guanajay: el tercer manifestante de Obispo es enviado fuera de La Habana

CUBALEX denuncia que Inti Soto Romero fue trasladado el viernes, pero su familia no se enteró hasta el lunes.

La Habana
Manifestantes de la calle Obispo reprimidos por oficiales de la Policía.
Manifestantes de la calle Obispo reprimidos por oficiales de la Policía.

Inti Soto Romero, otro de los manifestantes de la calle Obispo procesados por el régimen cubano por protestar de manera pacífica en La Habana el pasado 30 de abril, fue enviado a una cárcel en la provincia de Artemisa.

"Trasladado a la prisión de Guanajay el manifestante de Obispo, Inti Soto Romero. El traslado ocurrió el pasado viernes, pero no le fue comunicado a su familia hasta hoy (lunes) cuando fueron a visitarlo a Villa Marista", denunció la consultoría legal CUBALEX.

"Encarcelarlo en otra provincia, que no es su lugar de residencia, en medio de las restricciones de movilidad por la pandemia, dificultará el acceso de sus familiares al activista", condenó CUBALEX.

Otros de los cubanos que protestaron en la céntrica calle de La Habana Vieja, Yuisan Cancio y Thais Mailen Franco, también han sido trasladados a prisión, como adelantó el sábado DIARIO DE CUBA.

Desde la detención de los manifestantes, organizaciones internacionales de derechos humanos como Amnistía Internacional han pedido su liberación inmediata, en especial la de la periodista independiente Mary Karla Arés González.

Ares González, quien ha estado sometida a interrogatorio de madrugada como método de tortura psicológica, se encontraba transmitiendo en vivo a través de Facebook la sentada pacífica del 30 de abril con una única exigencia: poder ver al artista Luis Manuel Otero Alcántara en ese momento en su quinto día de huelga de hambre y sed.

En las imágenes que se difundieron se pudo apreciar cómo muchas personas se sumaron de manera espontánea a la sentada y grababan con sus celulares la represión de los agentes de la Seguridad del Estado y la policía uniformada.

Las autoridades acusan a los participantes de la protesta por los delitos de "desorden público y resistencia" con objetivos intimidatorios y ejemplarizantes. El próximo paso del proceso del régimen será la instrucción de cargos por parte de la Fiscalía.

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