La "ventanilla única" de la Inversión Extranjera (VUINEX), un mecanismo creado en enero del pasado año para "eliminar las trabas que frenan el desarrollo económico de la nación", facilitó solo 186 trámites durante el 2020, según un reporte del diario Granma.
Según la información oficial, VUINEX recibió durante 2020 "más de 80 intereses de potenciales inversionistas relacionados con los sectores de industria, construcción, transporte, fuentes renovables de energía, producción de alimentos, turismo, servicios profesionales, salud, cultura y minería".
Además, el mecanismo garantizó "más de 80 trámites en la etapa de negociación asociados a la obtención de áreas de estudio, certificaciones catastrales iniciales, certificaciones de dominio y despejes legales de los terrenos, y aprobaciones por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de entidades empleadoras".
Se realizaron también 17 trámites relacionados con negocios vinculados a la obtención de certificados de microlocalización, actas de aceptación de Ingeniería Básica, licencia ambiental y tecnológica, y licencia de obra.
VUINEX también gestionó la inscripción en el Registro Central Comercial, la renovación y actualización de permisos de trabajo, la obtención del permiso de residencia y de las certificaciones catastrales finales, y la actualización e inscripción en el Registro de Contribuyentes de otros 17 negocios.
El economista Omar Everleny aseguró que se necesitarían más de 2.500 millones de dólares anuales de inversión extranjera para lograr tasas de crecimiento sustantivas en la economía del país. En el año más "exitoso", 2020, se comprometieron inversiones, aun no efectuadas, por unos 2.000 millones.
Según los datos estatales, la Isla captó entre 2018 y 2019 unos 1.700 millones de dólares en 25 nuevos proyectos de inversión extranjera, lo que demuestra una cierta mejoría el pasado año, pese a la pandemia del coronavirus.
Pero si bien el embargo estadounidense y la activación del Título III de la ley Helms-Burton afectan a la inversión extranjera en la Isla, también son las propias regulaciones del Gobierno cubano, marcadas por limitaciones de tipo legal, la falta de seguridad jurídica, la intermediación del Estado para la contratación de mano de obra, y para decidir quién, en qué y cómo se invierte importantes escollos para los empresarios extranjeros.
