El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo de España organizó una reunión con varias empresas del país afectadas por la Helms-Burton para analizar el impacto de la ley, según explicaron fuentes empresariales citadas por el diario El Confidencial.
Entre las asistentes se encontraban la aerolínea Iberia, las hoteleras Meliá e Iberostar y la tecnológica Amadeus, así como representantes sindicales empresariales y de las cámaras de comercio.
La normativa, activada hace unos meses, abrió la puerta a reclamaciones millonarias a las empresas extranjeras que operan en Cuba y que obtienen dividendos de propiedades confiscadas por La Habana tras la llegada al poder de Fidel Castro en 1959.
Durante el encuentro, que duró cerca de dos horas y el medio español calificó de "discreto", representantes de los ministerios de Turismo, Exteriores y Justicia expusieron a los asistentes los diferentes escenarios en los que estaba trabajando el Gobierno y que incluyen la solicitud a un despacho de abogados norteamericano de un análisis de la situación, así como la petición a la Organización Mundial del Comercio (OMC) de la creación de un grupo de expertos.
Aunque los asistentes celebraron la iniciativa del Ejecutivo, lo cierto es que no se sacaron muchas cosas en claro y todas las partes se emplazaron a una nueva reunión en las próximas semanas, añadió el diario.
El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo confirmó a El Confidencial la creación de un grupo de seguimiento "integrado por altos cargos de cada uno de los departamentos", en referencia a Turismo, Exteriores y Justicia.
A falta de conocer los nombres, los perfiles elegidos serán tanto técnicos como políticos y servirán para concretar una línea general de trabajo que ya se inició hace dos meses, cuando la ministra Reyes Maroto viajó a Cuba para mandar un mensaje de tranquilidad a los empresarios españoles presentes en la Isla.
"España trabaja activamente junto a la Comisión Europea, el resto de Estados miembros de la UE y otros socios internacionales en la adopción de todas las medidas oportunas en foros multilaterales que permitan defender nuestros intereses y el futuro de las empresas españolas en Cuba", señaló la ministra durante un desayuno con un centenar de representantes de la industria hotelera española en Cuba.
Ese viaje sirvió para escenificar el apoyo del Gobierno a los empresarios afectados y expresar su predisposición a mediar con la Administración estadounidense.
De momento, la decisión de la Administración Trump ha servido para abrir un frente de litigios, reales y potenciales, para las empresas españolas con intereses en la Isla.
Aunque todas las demandas bajo el amparo de la Helms-Burton deben ser presentadas en EEUU, los tribunales españoles ya tienen en sus manos la primera demanda presentada al calor de esta polémica ley.
La familia cubana Sánchez Hill presentó una demanda contra Meliá por enriquecimiento con causa ilícita en un juzgado de Palma de Mallorca para reclamar los beneficios obtenidos por la explotación de dos hoteles en unos terrenos que les fueron confiscados por Fidel Castro.
Meliá ha respondido con una declinatoria en la que no escatima en críticas y tilda la demanda de "esquizofrénica". Se espera que en septiembre el juzgado decida si archiva la causa o continúa con el proceso en España. Por ahora, esta es la única demanda presentada ante un tribunal español, recordó el medio.
"Solo podemos manifestar nuestro agradecimiento por el gran apoyo, implicación y preocupación sincera que pudimos sentir las empresas afectadas" por parte del Gobierno de España, sostuvieron fuentes de Meliá en referencia a la reunión celebrada esta semana.
Meliá tiene 36 hoteles en Cuba en régimen de alquiler o gestión, de los cuales 11 se concentran en Varadero, siete en Cayo Santa María, cuatro en Cayo Coco y tres en La Habana. Su competidor Iberostar cuenta con 20 establecimientos con mayor presencia en Varadero, Santiago de Cuba y La Habana.
Por su parte, Barceló tiene tres hoteles en Varadero frente a los dos alojamientos de NH en La Habana, si bien ninguna de estas dos últimas empresas tiene constancia de la reunión con el Gobierno.
Tampoco asistió Globalia, pese a que su aerolínea Air Europa opera en el aeropuerto de La Habana. Iberia, que sí acudió a la reunión, ofrece al menos dos frecuencias semanales de Madrid a la capital cubana. Ambas podrían tener problemas en caso de que los antiguos dueños de los terrenos donde se sitúa el aeropuerto presenten una demanda, ya que podrían considerar que las aerolíneas se han beneficiado de la explotación de las instalaciones.
