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Represión

Tres nuevos presos políticos en mayo, denuncia Cuban Prisioners Defenders

La organización resalta que 11.000 ciudadanos han sido condenados por cargos 'predelictivos', es decir, sin haber cometido delitos.

Madrid
Prisión en Cuba.
Prisión en Cuba. EFE

Tres nuevos presos políticos en Cuba durante el mes de mayo registró la organización defensora de los derechos humanos Cuban Prisioners Defenders (CPD), según un comunicado publicado esta semana.

Los nuevos convictos, con los que llegan a 134 las personas condenadas actualmente en la Isla por delitos de conciencia, son Alien Muchulí Montoya, de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), Humberto Paz Gutiérrez, del Movimiento Mario Manuel de la Peña y Mileydis Salcedo Valdés, una joven de 24 años sin afiliación política.

Los encarcelamientos, indica la organización, mantienen una tendencia de tres a cuatro nuevos prisioneros por motivos políticos cada mes, con un inquietante aumento en abril, cuando se reportaron ocho, probablemente relacionados con el incremento de la represión por la crisis económica y el coronavirus.

"En los últimos nueve meses han entrado en la lista de CPD 35 nuevos convictos de conciencia", explica el comunicado, "lo que confirma un accionar represivo sin precedentes, que se explica por la debilidad del régimen impuesto por la Seguridad del Estado, la cual reporta directamente a Raúl Castro".

La organización agrega que Sandalio Mejías Zulueta, de UNPACU, y Félix Juan Cabrera del Partido por la Unidad Demócrata Cristiana de Cuba, obtuvieron la libertad condicional "bajo amenazas" por las condiciones de hacinamiento en prisión por el Covid-19.

Yuselín Ferrera Espinosa, de UNPACU, consiguió un cambio de medida cautelar a la espera del juicio por la situación de la pandemia.

Fueron liberados Marbel Mendoza Reyes, de UNPACU, y Vicente Coll Campanioni, de la Comisión de Atención a Presos Políticos y Familiares tras haber cumplido íntegramente sus condenas.

Cuban Prisioners Defenders señaló especialmente en su informe las persecuciones y sanciones a más de 40 periodistas y activistas, amparadas en el Decreto Ley 370, cuyo objetivo es "controlar la información pública que, sobre el régimen y sus acciones, se distribuye por las redes sociales de forma ya previamente limitada por el monopolio único ETECSA".

Muchos de estos periodistas "han sido amenazados de ir a prisión en caso de no pagar las multas de 3.000 pesos cubanos (tres veces el salario medio mensual) por publicar en redes sociales, tal y como especifica el artículo 170.1 del Código Penal", explica la organización.

Además de los 134 presos políticos que cuenta, CPD menciona a otros 11.000 civiles que no militan en organizaciones políticas y que han sido condenados a penas que van desde los diez meses a los dos años de prisión por cargos denominados en el Código Penal como "predelictivos", lo que significa que no han cometido delito alguno.  

 

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