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VENEZUELA

La MUD decide participar en las elecciones regionales venezolanas

El Supremo condena a 15 meses de prisión a un quinto alcalde opositor. La Fuerza Armada declara 'traidores' a los militares que se rebelaron contra Maduro

Caracas

La plataforma opositora venezolana MUD decidió participar en las elecciones de gobernadores, con un árbitro al que acusa de articular un fraude a favor de la Asamblea Constituyente del presidente Nicolás Maduro, reportó la AFP.

"Hemos acordado por consenso preinscribir candidatos para las elecciones regionales", señaló el miércoles en un comunicado la coalición Mesa de la Unidad Democrática (MUD), varios de cuyos dirigentes han sido inhabilitados para postularse.

La alianza explicó que busca presionar a Maduro y al poder electoral a que cumplan su palabra de realizar los comicios el próximo 10 de diciembre, pues teme que sean suspendidos. Si no lo hacen, "que paguen el costo", afirmó el dirigente Andrés Velásquez en nombre de la MUD.

La votación "es una forma de lucha y no asumirla es la mejor manera de convalidar y fortalecer la dictadura", dijo Velásquez, advirtiendo de que continuarán las protestas que exigen elecciones generales desde hace cuatro meses y que dejan al menos 121 muertos.

El plazo de inscripción para la contienda por 23 gobernaciones y asambleas regionales se cerraba el miércoles.

El anuncio coincidió con sanciones financieras del Departamento del Tesoro contra Adán Chávez, hermano mayor del fallecido líder Hugo Chávez, y otros siete funcionarios por su vinculación con la Constituyente, que rige desde el viernes con poderes absolutos y enfrenta amplio rechazo internacional.

Obstáculos

Inscribir candidatos a los comicios regionales fue una decisión difícil para la MUD, que reúne a una treintena de partidos con distintas tendencias, agrupados en 2008 para enfrentar electoralmente al chavismo —en el poder desde 1999— con una tarjeta única.

La dirigente María Corina Machado, líder de un partido opositor minoritario que llamaba a no participar, criticó el anuncio en Twitter.

Varios dirigentes de la MUD fueron inhabilitados para optar a cargos públicos, incluido Henrique Capriles, gobernador del estado de Miranda, al que pertenece parte de Caracas. Además, tres alcaldes fueron condenados por la corte suprema a 15 meses de prisión por no impedir bloqueos de vías en manifestaciones opositoras.

La sentencia más reciente fue dictada el miércoles contra David Smolansky, del municipio capitalino de El Hatillo, quien llamó a protestar el jueves en esa jurisdicción y tildó al tribunal de "paredón político".

Los comicios regionales debieron celebrarse a fines de 2016, pero el Consejo Nacional Electoral (CNE) los pospuso sin explicación. Acusado de servir al gobierno, el CNE también suspendió en 2016 el trámite para un referendo revocatorio del mandato de Maduro.

Y esta semana anunció que la MUD debe "abstenerse" de inscribir candidatos con su tarjeta en siete estados, entre ellos Zulia, mayor centro electoral del país. Los partidos de la alianza apoyarán un único aspirante en esas regiones.

Dilemas

Analistas como Benigno Alarcón consideran que el Gobierno no está en capacidad de ganar una elección, por su responsabilidad en la grave crisis económica, con escasez de alimentos y medicinas y una inflación que el FMI proyecta en 720% este año.

Maduro enfrenta el rechazo de 80% de los venezolanos, según encuestas, que indican que la MUD podría ganar hasta 18 gobernaciones. Sería un nuevo golpe al chavismo, que encajó en las legislativas de 2015 su más estruendosa derrota. Debido a ello —según Alarcón— el gobernante apostó por la Constituyente como un "salvavidas".

Uno de los más poderosos constituyentes, Diosdado Cabello, dijo la noche del miércoles que los candidatos opositores requerirán "un certificado de buena conducta" de ese órgano, que valide que no alentaron la violencia en las protestas.

La oposición también se arriesga a perder apoyo popular al "conformarse" con unas elecciones regionales cuando las protestas exigían anticipar las presidenciales de diciembre de 2018.

Cuatro magistrados venezolanos en Colombia para denunciar la persecución

Cuatro magistrados del Supremo venezolano nombrados por el Parlamento de mayoría opositora y cuya designación no fue reconocida por el Gobierno de Nicolás Maduro llegaron a Colombia para denunciar la persecución de la que son víctimas y la ruptura del hilo constitucional en su país.

"Lo que hicimos es un acto de protección para nosotros y para nuestra familia", dijo el miércoles por teléfono a EFE el magistrado Rafael Ortega, quien llegó el pasado 1 de agosto a Colombia "en calidad de desplazado".

Ortega fue uno de los 33 magistrados que tomaron juramento el pasado 21 de julio ante el presidente de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), el líder opositor Julio Borges, para sustituir a los que considera "ilegítimos".

"No estamos pidiendo asilo", aclaró el jurista, quien agradeció el trato de las autoridades colombianas, a quienes han solicitado entrevistas para informarles de su condición.

También viajaron a Colombia los magistrados Gonzalo Olivero, Rubén Carillo, Gonzalo Álvarez y Pedro Troconis, quien ya salió de Colombia.

"Nosotros no hemos cometido ningún delito, el haber concursado, el haber llegado a ser magistrados de la República nos compromete más aún con los venezolanos", agregó Ortega, quien fue designado para la Sala Social.

Ortega calificó como una "mentira" las versiones de que huyeron del país, e indicó que presos no hacen nada.

"En Venezuela hay una dictadura, porque se rompió el hilo constitucional. Hay una sola persona que gobierna y es un dictador, que se sepa que los cinco poderes (del Estado) están controlados por un grupito de personas", alertó.

El jurista dijo haber recibido llamadas con amenazas contra él y su familia, con la que debió cambiar en varias oportunidades de residencia.

Declarados 'traidores a la patria' los militares que se rebelaron contra Maduro

La Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) de Venezuela declaró el miércoles traidores a la patria a los dos militares que el domingo pasado se rebelaron en contra de la "tiranía asesina" del presidente Nicolás Maduro y comandaron el asalto a una brigada blindada en el centro norte del país.

El jefe del Comando Estratégico Operacional de la FANB, Remigio Ceballos, dijo que con previa autorización del jefe de Estado la institución castrense declaraba traidores al excapitán de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), Juan Carlos Caguaripano Scott y el primer teniente del Ejército Jefferson García Dos Ramos, reportó EFE.

Desde una instalación militar, decenas de uniformados gritaron su repudio a los "traidores" a quienes recriminaron el haber cometido un acto "terrorista, paramilitar y mercenario", y también calificaron de "enemigos" de la FANB y del "pueblo".

"Declaramos también a todo grupo armado, terrorista, paramilitar y mercenario enemigo de la patria, enemigo de nuestra gloriosa FANB y a todos aquellos que utilicen sus armas contra el Estado venezolano, y ofendan el honor militar", prosiguió Ceballos en su enérgica declaración.

Luego, el comandante general del Ejército, Jesús Suárez Chourio, consideró que el asalto, ejecutado por los dos insurrectos junto a una veintena de personas disfrazadas de militares, fue una acción "de los enemigos de la patria".

"Hemos sido objeto de una traición. El primer teniente se hizo cómplice de este ataque terrorista contra el honor militar. Está en fuga, está siendo buscado activamente por nuestras fuerzas especiales, ya se están dando los frutos de esa persecución que le tenemos", aseguró.

Con todo, el jefe militar llamó a García Dos Ramos a entregarse "voluntariamente a rendirle cuentas a la justicia venezolana", y le prometió que tendrá un "juicio justo" con respeto a sus derechos humanos.

Los insurrectos se llevaron armas de la brigada 41 del fuerte Paramacay en el estado Carabobo (centro norte) y huyeron junto a un grupo de cómplices, pese a que dos murieron a manos de militares fieles al Gobierno y otros siete fueron puestos tras las rejas.

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