Secretismo oficial y silencio cómplice
El pecado original de la "revolución cubana" con relación a la prostitución no radica en el hecho de no haber sido capaz de erradicarla, una tarea a todas luces irrealizable, sino en negar su existencia. Dicha negación no solo retarda la búsqueda de soluciones para problemas sociales relacionados —esclavitud sexual, tráfico de drogas, prostitución infantil, proliferación de enfermedades de transmisión sexual como el SIDA, etc.— que ya han hecho su aparición en la Isla, sino que impide que la población asuma una clara percepción del asunto y de sus implicaciones sociales.
Al excluirse el tema del debate público, éste queda sepultado bajo otras urgencias no menos acuciantes, relacionadas con la supervivencia económica y con las precariedades materiales de la vida. A la vez, esas propias privaciones aceleran el deterioro de valores morales y potencian el aumento de la prostitución, especialmente entre adolescentes menores de 18 años, que constituyen el sector más vulnerable. Un círculo vicioso que se cierra sobre sí mismo con un nudo gordiano que no parece tener solución.
El fin de la inocencia
Si bien muchas mujeres adultas han elegido por sí mismas el camino de la prostitución, no es menos cierto que cada vez resulta más frecuente la inserción de menores en la profesión. Los 18 años marcan la mayoría de edad sexual en Cuba, pero no es raro detectar muchachas de entre 13 y 17 años que ya se han iniciado como prostitutas.
Este tipo de actividades, si bien están prohibidas por las leyes vigentes, resultan difíciles de detectar debido al complejo entramado de ilegalidades que se ha ido consolidando al calor de la impunidad, y que actualmente cuentan con redes de "reclutadores" (generalmente prostitutas ya mayores y proxenetas), casas de citas —muchas veces amparadas tras una fachada de negocio legal, hospedajes clandestinos, etc.— y en algunos casos hasta con la complicidad de agentes del orden.
La corrupción policial, por su parte, puede ser grosera o sutil y va desde la simple extorsión a la prostituta hasta a la participación directa a partir de la obtención de beneficios monetarios por concepto de protección al negocio, pero en todos los casos constituye un obstáculo importante a la hora de combatir este flagelo.
Según testimonios de varias prostitutas, algunos policías que cubren turnos en determinados puntos neurálgicos de la capital reciben un pago directamente de ellas o de empleados de bares de barrios, para que permita tanto el trasiego de estas meretrices como el comercio clandestino de ron y tabacos con que habitualmente se estafa a extranjeros incautos. Prostitutas y cantineros han establecido una especie de colaboración profesional de beneficio mutuo y han creado verdaderos nichos de corrupción, particularmente en arrabales de dudosa reputación, como el barrio chino de La Habana o el boulevard de San Rafael.
La ausencia de instituciones
Por otra parte, algunas historias de vida evidencian que la mayoría de las menores que incursionan en el mundo de la prostitución proceden de familias disfuncionales y han crecido en hogares hostiles, tanto material como afectivamente, sin que existan instituciones que verdaderamente se encarguen de velar por su seguridad y su protección.
Una muestra de estudio realizada en un grupo de jóvenes prostitutas de entre 15 y 25 años permite concluir que la casi totalidad de los casos procede de hogares disfuncionales, que la prostitución de menores está tomando una tendencia creciente y que los representantes de los cuerpos represivos o los tribunales son los únicos representantes de alguna institución oficial con los que ellas han tenido algún contacto o relación, ya sea para ser extorsionadas, detenidas o castigadas; jamás para ofrecerles una alternativa de vida o para insertarlas en algún programa social que les permita superar los graves conflictos existenciales que enfrentan.
Algunas de ellas carecen por completo de apoyo familiar, otras tienen hijos menores, han abandonado los estudios, han consumido drogas al menos una vez, fuman y consumen bebidas alcohólicas regularmente.
El asunto se agrava porque no parece existir un programa nacional, o siquiera local, que se encargue del apoyo a las que por sus circunstancias particulares han tomado la prostitución como vía de solución a sus problemas materiales, ni siquiera para las que han vivido en condiciones de extremas carencias y de falta de atención en hogares disfuncionales, las que han sufrido el abandono por parte de su familia, o las que han sido abusadas sistemáticamente incluso por parte de sus propios familiares cercanos.
Tal indefensión resulta más inexplicable por cuanto el Gobierno cuenta con organizaciones que a lo largo de medio siglo han estado dedicadas ya sea a la "vigilancia" en cada cuadra a través de los llamados Comités de Defensa de la Revolución (CDR), o a la atención y defensa de las mujeres a través de la Federación de Mujeres Cubanas (FMC). Una estructura institucional que, de funcionar en interés social o de cumplir sus principios fundacionales, hubiese sido capaz de controlar el mal desde sus inicios.
Ni el Gobierno ni la sociedad civil independiente
Sin embargo, el problema de la prostitución de menores que afecta potencialmente a miles de familias, no parece concitar un interés significativo para el Gobierno, en buena medida responsable por el destino de tantas frustraciones; el mismo Gobierno cuyo sistema de educación durante décadas despojó a los padres de autoridad y otorgó al Estado "paternalista" la patria potestad sobre niños, adolescentes y jóvenes, ahora abandonados a su propia mala suerte.
Más preocupante aún es que tampoco dentro de los espacios alternativos exista un interés particular sobre este asunto. En todo caso, no se está produciendo un debate sobre el tema ni existen propuestas cívicas que lo asuman en alguna medida desde la sociedad civil independiente. Esto sugiere que quizás subyace un cúmulo de prejuicios morales o tabúes tradicionales que impiden que los mismos sectores que han abierto espacios a cuestiones tan complejas como la discriminación racial y la diversidad sexual asuman el reto del debate sobre la prostitución y sus efectos sociales.
Pero más allá de la falta de recursos, lo realmente alarmante es la evidente ausencia de voluntad política de todas las partes para encarar el que se anuncia como uno de los episodios más complejos de la realidad social cubana de cara al futuro cercano.