La gran alianza opositora que agrupa a sectores estudiantiles, empresariales y civiles de Nicaragua urgió este miércoles al presidente Daniel Ortega a retomar el camino del diálogo para buscar una salida pacífica y democrática a la crisis, que ha dejado centenares de muertos en el país desde abril pasado, reportó EFE.
"La Alianza Cívica hace un llamado urgente a retomar el camino para una salida pacífica y democrática, a cesar toda forma de violencia y a reinstalar el diálogo nacional, con la Conferencia Episcopal como mediadora y testigo, con los garantes internacionales apropiados", sostuvo la llamada Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia en una declaración.
El diálogo, cuyos mediadores y testigos son los obispos de la Conferencia Episcopal, se instaló a mediados de mayo pasado, pero se ha desarrollado de forma intermitente y permanece suspendido desde el pasado 25 de junio, cuando celebró su última sesión.
La Alianza Cívica, que aglutina a empresarios, sociedad civil, estudiantes y campesinos, envió una comunicación escrita a Ortega en la que le exige que "se den pasos coordinados en la mesa de diálogo para propiciar" el cese del clima de confrontación y restablecer la seguridad ciudadana en todo el ámbito nacional.
También que libere a todos los presos políticos y brinde información detallada sobre la lista de personas que actualmente figuran como desaparecidas.
Asimismo, que cese la represión en sus diversas formas: criminalización de las protestas, tomas de tierras, intimidación a los miembros dialogantes, medios de comunicación y defensores de los derechos humanos.
Otra de las exigencias de la coalición opositora es que el Gobierno "proceda a desarmar y disolver todos los grupos parapoliciales y otros grupos armados, bajo supervisión de la OEA y Naciones Unidas", explicó el presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), José Adán Aguerri, quien leyó la declaración.
"Desde la Alianza nos unimos al Comité Pro Libertad de los Presos Políticos para exigir la libertad y respeto a las garantías de todos los nicaragüenses que han sido arrestados por el régimen Ortega-Murillo por el simple hecho de disentir con la acción represiva del Gobierno y apoyar el proceso de democratización de Nicaragua", continuó el líder empresarial.
Esa coalición condenó "la criminalización de la protesta pacífica por este régimen".
Según datos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el Estado de Nicaragua ha acusado y procesado a 137 personas por terrorismo, crimen organizado, secuestro, entre otros delitos, en el marco de las protestas antigubernamentales.
Nicaragua atraviesa la crisis más sangrienta desde la década de 1980, también con Daniel Ortega como presidente, y que ha dejado entre 317 y 448 muertos, según varios organismos humanitarios, cifra que el propio Gobierno fijó este martes en 197 víctimas.
La CIDH y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) han responsabilizado al Gobierno de Nicaragua por "asesinatos, ejecuciones extrajudiciales, malos tratos, posibles actos de tortura y detenciones arbitrarias", lo que Ortega ha negado.
Mientras, la ONG Human Rights Watch ha criticado el despido de decenas de médicos nicaragüenses en una aparente represalia por haber participado en las protestas contra el Gobierno o haber expresado diferencias con su gestión.
Las protestas contra el Gobierno comenzaron el pasado 18 de abril por unas fallidas reformas de la seguridad social y se convirtieron en un reclamo que pide la renuncia de Ortega, después de once años en el poder, con acusaciones de abuso y corrupción en su contra.
Organismos civiles exigen al Gobierno lista de 'reos políticos' en Nicaragua
Por otra parte, la Articulación de Movimientos Sociales de Nicaragua exigió este miércoles al Gobierno que divulgue la lista de "reos políticos", para que haya juicios transparentes.
"Demandamos el cumplimiento de la recomendación brindada por la CIDH al Gobierno de Nicaragua para que divulgue un registro público con el número de detenidos desde el 18 de abril, y de encarcelados y excarcelados hasta la fecha", declaró en una nota la Articulación, que incluye a organizaciones de la sociedad civil y representantes de minorías, precisó otro reporte de EFE.
Nicaragua vive la crisis sociopolítica más sangrienta desde la década de 1980, con la presidencia también en manos de Ortega, quien reconoce 197 muertos en las protestas.
Según la Articulación de Movimientos Sociales de Nicaragua, al menos 130 personas "han sido llevadas a tribunales controlados por la dictadura orteguista y acusadas de diversos crímenes, entre ellos el de terrorismo, la figura jurídica preferida por el régimen Ortega-Murillo para criminalizar la protesta cívica".
La Articulación denunció que "la ciudadanía es intimidada, amenazada y secuestrada por fuerzas paramilitares auspiciadas por el Gobierno, que cuentan con el apoyo de la Policía y que actúan con total impunidad, incluso saqueando los hogares de las personas".
"Se comete otra aberración, que es inventar situaciones de culpabilidad a los prisioneros, los llevan a tribunales bajo el control del régimen, y quienes llegan a acusar al estudiantado y a la población son los mismos que los aprehendieron ilegalmente o los torturaron en las mazmorras de la familia Ortega-Murillo", agregaron los denunciantes.
La CIDH ya advirtió que Nicaragua vive una "tercera fase" de la represión gubernamental, "más ruda, más explícita y burocrática", que es la "criminalización de manifestantes".
La Articulación reclamó "la liberación de todos los prisioneros políticos, incluyendo a aquellos que están en los calabozos del régimen pero oficialmente el régimen no ha aceptado que los tiene capturados".