El presidente colombiano, Juan Manuel Santos, y los dirigentes de la exguerrilla FARC ofrecieron dos balances distintos al reunirse este jueves en Cartagena, en el norte de Colombia, para revisar los avances tras el primer año de los acuerdos de paz, informa la AFP.
La paz de Colombia "atraviesa uno de sus momentos más difíciles" tras la firma del pacto en noviembre de 2016, dijeron los líderes de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC), el partido político que conservó las siglas del grupo ilegal armado.
Los representantes de la exguerrilla se quejaron de múltiples incumplimientos durante la reunión de la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación (CSIVI) del acuerdo, compuesta por miembros del Gobierno y de la FARC.
Santos asumió un tono más optimista. "Pusimos fin a un conflicto de más de medio siglo, sentamos las bases institucionales y normativas y avanzamos decisivamente en la construcción de la paz", señaló.
Aun cuando ha salvado miles de vidas, el pacto que significó el desarme y transformación en partido del grupo insurgente más grande de América, no despierta el entusiasmo general, y en el caso de los exguerrilleros crece la "inconformidad y desencanto", advirtieron sus líderes.
"Hay una implementación en marcha, pero no quisiera que nadie devaluara la trascendencia del acuerdo de paz con la discusión sobre los grados de implementación", dijo el expresidente del Gobierno español Felipe González, verificador internacional junto al exmandatario uruguayo José Mujica.
El pacto, además de la participación política de la FARC, prevé reformas rurales y políticas, así como un sistema especial de justicia para los crímenes más graves.
Entre sus reclamos, la FARC dice que la Jurisdicción Especial de Paz "fue desfigurada en los debates del Parlamento y su texto actual no es el consensuado entre las partes".
También anunció que elevará consultas ante la ONU y el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) como un "derecho que tienen las FARC de exigir lealtad a lo firmado".
Rodrigo Londoño (Timochenko), el jefe y candidato presidencial de la FARC, no asistió, pues se encuentra en Cuba, a donde viaja para recibir tratamiento médico desde que sufrió en julio un accidente cerebral transitorio.
Entretanto, los Gobiernos de Cuba y Noruega, garantes en la Mesa de Conversaciones entre el Ejecutivo de Santos y las antiguas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, hicieron un llamado a agilizar la implementación de lo pactado en el acuerdo final.
En una carta divulgada por Caracol Radio, Jorge Iván Mora Godoy, por el Gobierno cubano, y Anne Heidi Kvalsøren, enviada del reino de Noruega, expresaron "preocupación sobre el estado actual del proceso de paz".
"El estado actual de la implementación del acuerdo final tiene desafíos importantes. Ambas partes tienen la responsabilidad de reafirmar la confianza en el proceso. Consideramos que el nuevo partido de la FARC debe redoblar sus esfuerzos para que los exguerrilleros se mantengan dentro del proceso, mientras que el Gobierno tiene la responsabilidad de hacer cumplir lo pactado, en especial en los próximos meses, para la implementación de los acuerdos", señalaron.
Urgieron al Gobierno a adoptar "acciones que permitan retomar la letra y el espíritu" de los compromisos, y "hacer aprobar las importantes leyes que no se alcanzaron, o quedaron pendientes".
"Algunos de los desafíos actuales en la implementación tienen que ver con los considerables retrasos en el ámbito jurídico, con la falta de seguridad en las áreas de habitual presencia de las FARC, y con el lento proceso de reincorporación socioeconómica de los excombatientes", indicaron y responsabilizaron al Gobierno de Santos.
"Un grupo de excombatientes han optado por abandonar a los ETCR (Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación)", mencionaron. "Pensamos que existe una gran frustración entre muchos de ellos, por lo que es necesario adoptar urgentes medidas que puedan restablecer en este colectivo la confianza en el proceso", opinaron.
Asimismo, expresaron "preocupación por el incremento de los asesinatos de defensores de derechos humanos, líderes sociales y de excombatientes, o personas con vinculación familiar. La falta de seguridad es un factor de desestabilización del proceso de paz", afirmaron.