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Represión

Una condena de dos años, allanamientos y detenciones: la represión va en aumento

UNPACU y las Damas de Blanco vuelven a ser el objetivo de los más recientes ataques del régimen cubano.

La Habana

La Fiscalía del Tribunal Municipal de Marianao, en La Habana, pidió el jueves dos años de cárcel para el opositor Ismael Boris Reñí, miembro de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), por "tres delitos de desacato".

Zaqueo Báez, coordinador del movimiento en la capital, declaró que, aunque le fue negada la entrada a la sala del juicio, Boris Reñí le dijo a través de una llamada telefónica que las autoridades "le habían imputado dos años de injusta prisión", declaró a Radio Televisión Martí .

La activista de UNPACU Katia Mojena Hernández confirmó los hechos en su muro en Facebook: "Ni familiares, amigos o hermanos de lucha fueron testigos de la farsa judicial celebrada hoy contra Ismael Boris Reñí, coordinador de UNPACU y promotor de Cuba Decide."

"No obstante, él mismo, desde la prisión Valle Grande, nos confirmó que lo condenaron a dos años de privación de libertad por el delito de desacato. De sobra está decir que el único delito, en caso tal, de Ismael fue perder el miedo y enfrentarse con valor al régimen castrista", agregó.

Boris Reñí, quien ahora espera su sentencia en la cárcel capitalina de Valle Grande, está siendo condenado por cuarta ocasión por razones políticas.

La esposa del opositor, la Dama de Blanco Aimara Nieto Muñoz, fue sentenciada también a prisión la semana pasada bajo las acusaciones de "atentado y daños". El Tribunal Municipal de Boyeros, en La Habana, le impuso cuatro años de cárcel.

Allanamieto y arrestos contra Dama de Blanco en La Habana

La Seguridad del Estado y tropas especiales allanaron la vivienda de la Dama de Blanco Micaela Roll Gibert, un operativo donde también fueron detenidos Alexander Roll, activista de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU) y Sheyla Mederos Roll, hijos ambos de la primera.

Roll Gibert declaró a Radio Televisión Martí que  alrededor de treinta "boinas negras" se presentaron en su casa, ubicada en el municipio de Arroyo Naranjo, en La Habana.

"Mi hijo estaba sentado en la escalera de mi casa, lo detuvieron violentamente los boinas negras. La calle llena de policías y por el hecho de mi hija estar filmando se la llevaron también", contó la activista.

Aunque su hija Sheyla Mederos Roll fue liberada tres horas después de la detención tras la Policía levantarle un acta de advertencia, se desconoce a qué unidad policial fue conducido su hermano Alexander Roll y si este enfrenta cargos penales.

Un día antes del operativo se había celebrado una actividad del grupo Damas de Blanco en la residencia de Roll Gibert. En esa ocasión "se repartieron juguetes en la acera", presunta razón esa por la que el aparato represivo del régimen habría realizado el allanamiento.

José Daniel Ferrer, líder de UNPACU, al denunciar ese allanamiento en su cuenta en la red social Twitter, comentó que el régimen ha asaltado ya ocho viviendas de activistas en solo una semana.

Esta semana, un fuerte operativo militar asaltó la sede nacional de UNPACU, y se llevó detenido a Ferrer y a otros activistas, además de requisar innumerables propiedades de su familia y de la organización más grande de la oposición en Cuba.

El jueves, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) pidió a la alta comisionada para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, que "se pronuncie sobre el cuadro persistente de violaciones manifiestas a los derechos humanos en Cuba".

La denuncia se produjo a través de la interposición de una "acción urgente" contra el régimen y su gobernante Miguel Díaz-Canel tras "el allanamiento ilegal de morada, la ocupación ilegal de objetos personales, las detenciones arbitrarias y las amenazas a la integridad de activistas pacíficos que sufrieron miembros de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU) el pasado 27 de agosto."

El OCDH consideró en su reclamación que existe un "agravamiento de la situación represiva en la Isla", tomando como momento de gravedad el "despliegue policial sin precedentes, que incluyó armas largas" y el allanamiento ilegal de la vivienda de José Daniel Ferrer, sede de la UNPACU en Santiago de Cuba. 

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