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Represión

Un activista de la UNPACU recién excarcelado vuelve a ser condenado a tres años de prisión

El coordinador de la organización en Camagüey Fernando Vázquez es procesado en un juicio sumario por el delito de 'impago de multas'.

Santiago de Cuba

El coordinador de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU) en Camagüey Fernando Vázquez Guerra fue sancionado a tres años de cárcel por el "delito fabricado de impago de multas" en un juicio "sumario" realizado el miércoles, informó a DIARIO DE CUBA, Carlos Amel Oliva, líder del Frente Juvenil de la UNPACU.

"Vázquez se encuentra en la prisión de Cerámica Roja, en esa provincia. Nos informó desde allí de lo ocurrido y además que decidió desde ayer mismo declararse en huelga de hambre y sed en protesta por la que considera una injusta sanción", detalló el opositor.

"Fernando fue liberado bajo liberad condicional el 31 de agosto de este mismo año. Cumplió 13 meses de prisión por delito de desorden público, sobre todo por su amplia participación en aquel entonces en la campaña #TodosMarchamos en Camagüey", explicó.

Oliva recordó que Vázquez fue detenido el 12 de julio de 2016 y pasó cuatro meses pendiente de juicio. La audiencia fue celebrada finalmente el 13 de noviembre, cuando fue condenado a un año y seis meses de privación de libertad.

"Desde que salió comenzó a reorganizar en su localidad en Camagüey la organización, que fue bastante diezmada desde su encarcelamiento en 2016. La policía política comenzó de inmediato a acosarlo, sobre todo a través de prisioneros comunes, asesinos, que llamaban desde prisión a su número amenazándolo con que lo iban a matar en cuanto tuvieran la oportunidad", denunció.

"El 27 de septiembre, apenas un mes después de su liberación, fue detenido para impedirle realizar una reunión con activistas. Él continuaba denunciando las amenazas de reos comunes mandados directamente por la policía política", según Oliva.

"El 8 de noviembre Vazquez sufrió otra detención y un allanamiento de su vivienda, le llevaron su teléfono, discos e impresos con información de la organización", contó.

Oliva recordó que este mismo mes volvió a ser arrestado por presentar una denuncia ante la Fiscalía de Camagüey en contra del oficial de la Seguridad del Estado que atiende cárceles y prisiones en esa provincia. "A esta persona él lo responsabilizaba directamente de lo que pudiera pasarle por las amenazas de muerte anteriormente recibidas", dijo.

"Durante el juicio de ayer no le revocaron la condicional, que muchos pensamos que sucedería. Sin embargo, le fabricaron un nuevo delito de impago de multas que, según el propio Fernando, no le habían sido notificadas", añadió.

"Vázquez es el preso político número 48 de nuestra lista", puntualizó el líder juvenil de UNPACU.

"Este mes la Seguridad del Estado liberó a dos presos y ahora vuelve a llevar a prisión a otro de nuestros activistas. Como hemos dicho muchas veces estas liberaciones la consideramos solamente desde el punto de vista humanitario, pero en tanto no puedan ejercer sus derechos políticos y civiles consideramos que esto solo es una liberación para dejar un puesto vacío para que otro compañero lo llene", sentenció.

En un resumen de la represión contra activistas de la UNPACU, dijo que han tenido este mes 35 detenidos y cuatro allanamientos. Durante todo el año contabilizan 60 registros.

Otras detenciones contra activistas

El opositor informó además que el miércoles fueron detenidos en el punto de control policial en Palmarito de Cauto, municipio Mella, en Santiago de Cuba, la líder del Movimiento Dignidad Belkis Cantillo Ramírez, junto a la activista Maydolis Oribe Perdomo y el miembro de UNPACU Rubén Torres Saíz.

"Desde ayer no se sabe su paradero. Sabemos que fueron detenidos, pero no hemos logrado establecer ningún contacto con ellos. Los damos como desaparecidos", concluyó Oliva.

Desde que el Movimiento Dignidad se dio a conocer en diciembre del pasado año, la Seguridad del Estado ha mantenido una fuerte presión sobre sus integrantes. Las activistas reclaman la amnistía incondicional e inmediata para todas las personas actualmente detenidas por supuesta "peligrosidad predelictiva" y la supresión en el Código Penal de ese concepto arbitrario, así como el monitoreo nacional e internacional de las prisiones para que cesen los asesinatos, torturas y maltratos en ellas.

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