Yoel Bravo López, presidente del Movimiento Opositor Juventud Despierta en Santa Clara fue detenido, procesado y multado por la policía política debido a sus denuncias acerca del mayor brote de Covid-19 ocurrido hasta la fecha en la Isla, que tuvo lugar en el Hogar de Ancianos Número 3 de la capital de Villa Clara.
El activista fue detenido violentamente el lunes pasado y trasladado a la Tercera Unidad de la Policía de esa ciudad, por un agente "de apellido Zajari, jefe provincial de la Seguridad del Estado. Allí comienzan a abrirme un expediente preparatorio por desacato que continúa", contó a DIARIO DE CUBA.
"El mismo día me pasan para la Unidad de Instrucción Penal", donde le dan continuidad al proceso "porque estamos publicando la verdad de los asilos de ancianos, de tantas cosas que publicamos en redes sociales" y por un proyecto denominado Armando Sosa Fortuny "para repartir almuerzo y comida a personas enfermas, niños y desprotegidas por el régimen, que ahora por esta pandemia les estamos brindando ese apoyo."
A las dos horas de estar detenido, "vienen con una multa de 3.000 pesos con el Decreto-Ley 310", sobre el cual no ofrecieron otros detalles a Bravo López.
Para el activista y exprisionero político, la sanción tiene que estar relacionada con el Decreto-Ley 370 que ha estado aplicando el régimen a periodistas independientes y activistas de todo el país para sancionarlos por sus publicaciones en las redes sociales.
No obstante, el Decreto-Ley 310, publicado en una Gaceta Oficial extraordinaria de junio de 2013, modifica varios artículos del Código Penal cubano, entre ellos, algunos que atañen a las llamadas "sanciones predelictivas" con las que el régimen suele buscar silenciar las voces críticas dentro de Cuba.
Durante el arresto de Bravo López, los agentes le hicieron numerosas amenazas, entre ellas, que debía "tener cuidado" de no contagiarse con el Covid-19. "También me dijeron que tuviera cuidado con tocar cacerolas, porque algún 'vecino revolucionario' me podía dar un golpe y matarme", refirió.
A partir del inicio de la pandemia del nuevo coronavirus en Cuba, los órganos represivos han citado, amenazado y multado a varios integrantes de la sociedad civil independiente, violando incluso el llamado del Gobierno a permanecer confinado para evitar la propagación de la enfermedad.
Una campaña dirigida a la Asamblea Nacional está reclamando, entre otros puntos, la anulación de todas las multas impuestas bajo el Decreto-Ley 370, que incluyen a la periodista Mónica Baró y al rapero Maykel Castillo "El Osokbo", entre otros.
"En los últimos meses, y sobre todo en medio de la crisis por el coronavirus, la Seguridad del Estado (SE) cubana ha amenazado, multado y decomisado equipos de trabajo a varios periodistas independientes, reporteros, comunicadores y ciudadanos cubanos en general, en virtud del Decreto-Ley (DL) No. 370", señala la iniciativa alojada en el sitio web Avaaz.org.
"El motivo ha sido las publicaciones en redes sociales que reflejan esa parte de la realidad cubana que el régimen intenta minimizar u ocultar. También varios activistas y miembros de la sociedad civil independiente han sido intimidados por publicar informaciones similares", añade.
La iniciativa recuerda que el Decreto-Ley 370 entró en vigor el 4 de julio de 2019 y en enero de 2020 se comenzó a hacer uso de sus disposiciones de censura.
