Dos activistas de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU) fueron liberados en marzo bajo libertad condicional, pero otros 44 permanecen encarcelados en un primer trimestre de 2018 significativamente "más represivo", según denunció a DIARIO DE CUBA Carlos Amel Oliva Torres, portavoz de la organización.
"Marzo culminó con un saldo de 70 detenciones y cinco allanamientos contra nuestros miembros", añadió.
Según el opositor, en la provincia de Las Tunas se dictó la medida de prevención preventiva contra la activista Maité Hernández Guerra, residente en el municipio Majibacoa.
"Ella se encuentra en la prisión provincial de mujeres acusada de atentado por su presunta participación en la colocación de carteles en rechazo a las recién celebradas votaciones", precisó.
Asimismo, informó que Eliécer Góngora Izaguirre, coordinador de la UNPACU en Jobabo, se encuentra detenido desde el viernes 30 de marzo.
"En los próximos días, según confirmó su esposa, las autoridades emitirán una medida de prisión preventiva para el activista, acusado del supuesto delito de 'usurpación de funciones'. Por filmar con su móvil testimonios de personas en apoyo a la campaña CubaDecide", añadió Oliva Torres.
También denunció que el pasado día 13 de marzo el activista Leonardo Pérez Franco fue impedido de viajar a Buenos Aires para participar en un programa auspiciado por el Centro de Apertura para la Democracia de América Latina (CADAL). En el aeropuerto internacional José Martí de La Habana fue informado de que aparecía "regulado".
"Por estar también arbitrariamente regulado se le impidió participar en un evento sobre libertad religiosa en Trinidad y Tobago al coordinador general de la organización José Daniel Ferrer el pasado día 3 de marzo", recapituló.
Recordó también los casos de Katherine Mojena y el suyo propio. Las autoridades les han impedido a ambos prorrogar el pasaporte y completar los trámites para obtener visado para Perú. Ambos activistas iban a participar en varios eventos paralelos a la Cumbre de las Américas en Lima.
Otro caso similar es el de Ernesto Oliva Torres, que había sido invitado a participar en un programa de participación cívica promovido por la organización Minga Perú.
Los cuatro "regulados" presentaron una queja oficial ante la Oficina de Inmigración y Extranjería el día 27.
Según Oliva Torres, un teniente coronel de la Seguridad del Estado que se hace llamar Alexander les comunicó que estaban "sujetos a una investigación por sostener relaciones con personas e instituciones que ellos consideran que atentan contra la revolución. En el caso de José Daniel hicieron alusión a que se encuentra bajo licencia extrapenal".
Se negaron a darnos por escrito una constancia de los motivos de las regulaciones y no firmaron las quejas, dijo.
"El día 30 hubo casi una decena de detenidos. Cuatro fueron interceptados en el poblado de San Benito en Songo La Maya, cuando se dirigían a brindar asistencia social a una familia de esa comunidad. De ellos aún permanece detenido Yordanys Labrada Téllez en la unidad policial de La Maya", declaró Oliva Torres.
Yusmary Chacón Lamothe fue otra de las detenida, ya liberada, pero multada con 600 pesos por su apoyo a la iniciativa CubaDecide.
Por último, señaló que el día 30 fueron detenidos los tres activistas que protestaron el pasado 26 de julio frente a la catedral en Santiago de Cuba.
"Fueron liberados 48 horas después, pero todo parece indicar que el verdadero motivo del arresto fue evitar una supuesta manifestación pacífica en medio de la visita al cementerio de Santa Ifigenia de Raúl Castro y el dirigente comunista vietnamita", consideró.