Un total de 20 personas fueron juzgadas de enero a mayo del presente año en tribunales de la provincia de Pinar del Río en seis casos relacionados con el robo de combustible, según recogió la edición digital de la oficial TelePinar.
Según el medio, 18 de los procesados recibieron distintas "sanciones que van desde penas de encierro hasta multas".
Migue Díaz-Canel ha insistido en el tema en reiteradas ocasiones en las distintas reuniones del Gobierno y ha declarado la guerra "al hurto y la apropiación indebida de los bienes estatales, con énfasis en el combustible" y tomar "medidas ejemplarizantes".
"Estamos implementando una política de rigor. Tiene que haber un escarmiento porque las personas tienen que sustraerse de cometer estos delitos, por lo cual buscamos un efecto no solo represivo, sino también educativo y preventivo", dijo Liosbel Márquez García, presidente del Tribunal Provincial Popular de Pinar del Río.
La televisora pinareña presentó como "uno de los hechos de mayor envergadura" la causa 23/19.
"Según se demostró, siete operadores de equipos pesados pertenecientes a la unidad empresarial de base Servicios Técnicos, de la Empresa Agroindustrial de Los Palacios, se apropiaron de un total de 620 litros de petróleo", señaló.
Los siete implicados fueron sancionados a diez meses de privación de libertad por el Tribunal Municipal Popular de Consolación del Sur. "Los dos compradores del diésel cumplen un dictamen de un año de encierro por el delito de receptación continuada", añadió.
Según explicó Márquez García existen órdenes de mantener el rigor en otras materias jurídicas
"En materia laboral la medida disciplinaria inmediata debe ser la separación definitiva de la entidad. También hemos recibido la orientación del presidente del Tribunal Supremo de indagar en las posibles demandas que se interpongan en la sala civil, no sea que tras una reclamación económica se imponga un ilícito penal", precisó.
A pesar de que el Gobierno cubano ha desplegado una cruzada contra el robo de combustible en las entidades estatales, las afectaciones por ese concepto ascendieron a 312.627 CUC y 1.762.754 CUP, según un informe presentado ante los diputados de la Asamblea Nacional de Poder Popular en julio.
De acuerdo con ese documento, en las inspecciones que llegaron a todas las provincias de la Isla se hicieron 4.757 revisiones, en las que 241 entidades no pudieron justificar el total del consumo de diésel.
El propio Ministerio del Transporte fue el organismo con mayor cifra de pérdidas económicas por esta razón, sobre todo la Unión de Ferrocarriles de Cuba.
El Gobierno cubano presenta "el enfrentamiento al delito y la corrupción, asociados al desvío de combustible y materiales de la construcción" como "políticas públicas del Estado". Se queja constantemente de las "cuantiosas pérdidas económicas" que genera un flagelo inherente al propio sistema. Casi siempre los involucrados están a cargo o vinculados con el almacenaje, uso, distribución y control de estos recursos.
A principios de año, Díaz-Canel dijo en una intervención en una reunión que ya lo del robo de combustible "era inadmisible" y reconoció que el problema era una "señal de incapacidad de las entidades estatales".