La Asamblea Nacional del Poder Popular declaró este sábado su "absoluto rechazo" a la "política hostil" de EEUU y su "total condena" a la ley Helms-Burton, cuyo título III permitiría a los cubanoamericanos reclamar propiedades en la Isla confiscadas después de 1959 con la llegada al poder de Fidel Castro.
"Declaramos el absoluto rechazo a la política hostil del Gobierno de EEUU contra Cuba y la total condena a la Ley Helms-Burton, proyecto genocida promovido abierta y descaradamente contra el pueblo cubano", dice el texto aprobado en sesión extraordinaria, precisa un reporte de EFE.
Como siempre sucede, la proclamación fue aceptada de manera unánime por los 572 diputados presentes en la reunión, encabezada por el general Raúl Castro y su sustituto al frente del Gobierno, Miguel Díaz-Canel, y trasmitida con dos horas de diferido por la televisión estatal.
La Habana reitera así su rechazo a la que considera "ilícita" ley Helms-Burton y la posible reactivación total de su título III, aún suspendido con excepciones por la Administración del presidente Donald Trump, que al contrario de sus antecesores decidió resucitar la polémica medida, firmada en 1996.
Este acápite de la ley Helms-Burton fue creado para permitir que los estadounidenses, incluidos los cubanos naturalizados, pudieran demandar ante cortes de EEUU a las compañías que supuestamente se están beneficiando de propiedades en Cuba que eran suyas hace 60 años.
Desde su aprobación, la disposición ha sido suspendida por todos los Gobiernos estadounidenses cada seis meses, pero el Ejecutivo de Donald Trump ha acortado cada vez más esos plazos: primero lo anuló por 45 días, luego durante un mes y más recientemente por solo dos semanas.
La Asamblea Nacional insistió en que la ley Helms-Burton es "inaplicable" y no tiene "efecto jurídico" en la isla, según la Ley de Reafirmación de la Dignidad y la Soberanía Cubanas aprobada en 1996 como respuesta a la legislación estadounidense.
El ente confirmó además su "compromiso irrevocable con la voluntad de la inmensa mayoría del pueblo de Cuba, decidido a defender su derecho a la paz y la autodeterminación".
Por último, agradeció a los parlamentarios del mundo que han expresado su rechazo a la activación del Título III y al embargo que Washington mantiene hace más de 60 años sobre La Habana, recrudecido desde la llegada de Trump y contrario al "deshielo" impulsado por su antecesor, Barack Obama.
Cuando la Ley Helms-Burton se aprobó hace 23 años, el bloque europeo y otros países con intereses empresariales en la Isla se opusieron ferozmente porque temían que sus compañías fueran demandadas en EEUU y, por ello, la Unión Europea denunció a Washington ante la Organización Mundial del Comercio.
El litigio concluyó entonces con el compromiso de EEUU de mantener el título III suspendido a cambio de la retirada de la querella.
El Gobierno estadounidense cumplió su parte del trato hasta marzo pasado, cuando anunció que impediría la entrada en vigor de la provisión hasta al menos el 1 de mayo, pero que permitiría las demandas de cubanoamericanos contra las más de 200 compañías cubanas que aparecen en una "lista negra" del Departamento de Estado.
Esa "lista negra" incluye entidades relacionadas con la inteligencia cubana, efectivos de seguridad y las Fuerzas Armadas, que controlan la gran mayoría de los hoteles de la Isla, gestionados en régimen de empresa mixta por corporaciones extranjeras, como las compañías españolas Meliá, Barceló e Iberostar.
El ministro español de Exteriores, Josep Borrell, en su visita a Washington a inicios de este mes, transmitió a su homólogo estadounidense, Mike Pompeo, el rechazo del Gobierno de Pedro Sánchez a la activación del Título III.