El expresidente boliviano Gonzalo Sánchez de Lozada y el exministro Carlos Sánchez Berzaín acudieron el lunes al primer día de un juicio civil que afrontan en EEUU por la muerte de ocho personas en unas protestas en 2003 conocidas como la "guerra del gas" en Bolivia, reportó EFE.
Sin ofrecer declaraciones a la prensa, Sánchez de Lozada y quien fuera su titular de Defensa asistieron a la primera vista del litigio, que se celebra en un tribunal federal de Fort Lauderdale, situado al norte de Miami.
La jornada se centró en la elección de los diez miembros del jurado, para lo cual fueron entrevistadas al menos 53 personas, muy pocas de origen hispano, después de que ambas partes pidieran sumar otras 13 a las 40 iniciales.
Las preguntas de ambas partes intentaron establecer, entre otras cosas, el conocimiento de los candidatos sobre Bolivia o Venezuela, los medios de prensa que consultan, determinar si alguno de ellos era activista por o en contra del control de armas o si, por ejemplo, habían participado en manifestaciones contra el abuso sexual a mujeres en EEUU.
El juicio civil es presidido por el juez James I. Cohn, que en febrero pasado accedió a procesar a ambos bolivianos, acusados de planificar "las matanzas extrajudiciales" tras un proceso legal de 11 años en EEUU.
Según la demanda, "meses antes de la violencia, los dos acusados idearon un plan para matar a miles de civiles, e intencionalmente usaron fuerza letal en contra de las protestas políticas para reprimir la oposición política".
Además de las muertes, señala la acusación, "se disparó a más de 400 civiles desarmados, que resultaron heridos".
Cohn reiteró que ninguna de las partes podrá hacer declaraciones a la prensa, al considerarlo un "error" pues el "juicio es público" y que, en aras de la justicia, el proceso será "en la corte y no en los medios".
Sánchez de Lozada, de 87 años y quien llegó acompañado de su esposa, Ximena Iturralde, parecía tranquilo, al igual que el exministro Sánchez Berzaín.
Los acusados no estaban obligados a comparecer en el tribunal por tratarse de un juicio civil, que determinará si ambos deberán indemnizar a las familias de las víctimas.
El juicio se prevé que dure unas cuatro o cinco semanas, explicó el lunes el juez.
A partir de este martes demandados y demandantes tendrán la oportunidad de presentar sus argumentos iniciales.
El juez, además, admitió a la defensa un recurso que le permitirá usar como parte del proceso probatorio hechos acontecidos en Bolivia después de 2003, marcados por la presidencia de Evo Morales, quien asumió en 2006.
El juez, sin embargo, señaló que se deberán excluir la expulsión tanto del diplomático Philip Goldberg de la Embajada de EEUU en Bolivia, como del Departamento Estadounidense Antidrogas (DEA), ocurridas en 2008.
Los demandantes señalaron que el actual presidente de Bolivia "no tiene nada que ver" con el proceso, al considerar que el juicio se debe centrar en el periodo de septiembre y octubre de 2003, cuando sucedieron los disturbios, y que no son "relevantes" los hechos posteriores.
En ese sentido, Ana Reyes, abogada de los demandantes, señaló que "el Gobierno de Lozada quería reducir la coca y por eso Morales se convirtió en su enemigo".
La abogada de la acusación Beth Stephens, del Centro de Derechos Constitucionales de la Universidad de Harvard, dijo a EFE que durante el proceso estarán presentes familiares de los demandantes, que representan a ocho de unas sesenta a ochenta víctimas de los disturbios de 2003 y que responsabilizan de las muertes a Sánchez de Lozada y Sánchez Berzaín.
Tanto el dos veces presidente de Bolivia (1993-1997 y 2002-2003), como quien fuera su jefe de campaña, ministro de la Presidencia y finalmente titular de Defensa, residen en EEUU desde que Sánchez de Lozada renunció en octubre de 2003 en medio de los disturbios contra sus políticas energéticas.
Los acusados, que gozan de asilo político en EEUU, culpan al presidente Morales, que entonces era dirigente de los cocaleros, de haber provocado con esas protestas el derrocamiento de un Gobierno constitucional.
Los líderes de la protesta y sus participantes fueron eximidos de toda responsabilidad por dos decretos de amnistía emitidos durante la presidencia de Carlos Mesa (2003-2005), que era vicepresidente de Sánchez de Lozada y asumió la jefatura de Estado cuando éste renunció y se fue a EEUU.