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Política

La ONU debería condenar el bloqueo del Gobierno al pueblo cubano

El verdadero responsable de los problemas económicos de Cuba impide o limita el desarrollo de los ciudadanos cubanos en todos los campos de la creación, la política y la economía.

La Habana

Todos los años por esta fecha Cuba lleva a la ONU una resolución sobre el embargo comercial de EEUU, que el Gobierno cubano denomina bloqueo, consiguiendo casi siempre su aprobación por una gran mayoría, con el voto en contra de EEUU, Israel y, anteriormente, de algún que otro Estado.

Pero nunca se ha visto en la ONU que se someta a votación una resolución condenando el bloqueo interno, el verdadero responsable de los problemas económicos de Cuba, impuesto por el Gobierno de Cuba al pueblo cubano, el cual le impide o limita el desarrollo de los ciudadanos cubanos en todos los campos de la creación, la política y la economía; especialmente, en el área del mercado, la creación de empresas privadas o asociadas, comerciar libremente entre ellos y con empresas estatales o de otras naciones.

Sobre esto podrían escribirse varios libros de muchos tomos referidos al comercio, las artes, las ciencias, la educación, etc., además del bloqueo arbitrario del Estado a la participación política de los ciudadanos, que se viola flagrante, masiva y sistemáticamente. No hay libertad de expresión, asociación ni elección. Acaban de terminar las asambleas de nominación de candidatos para las Asambleas Municipales del Poder Popular y todos los candidatos independientes fueron impedidos de asistir o ser propuestos. Bloqueo total.

Como es sabido, en Cuba todo hay que hacerlo a partir del Estado, en coordinación o subordinado al Estado. Dentro y con el Estado todo, fuera del Estado nada. Más menos como aquella máxima de Mussolini. Es la filosofía del estatal-socialismo, emparentada con el nacional-socialismo.

Aquí el Estado se apropió del 90 % de la tierra y de todos los negocios y empresas, nacionales y extranjeros, grandes, medianos o pequeños, en los años 60. Se estatizaron los bancos y se crearon monopolios del comercio exterior e interior.

Hoy el Estado es el único autorizado formalmente a tener propiedad y a mercar libremente (además de los pequeños agricultores), aunque últimamente, ante la crisis sistémica del estatalismo asalariado, se han autorizado un número de actividades para ejercer privadamente, manteniéndose la prohibición para graduados universitarios de ejercer su profesión en forma privada.

Al mismo tiempo, los autorizados son víctimas de leyes impositivas abusivas, acciones arbitrarias de inspectores y funcionarios; y si son opositores o disidentes enfrentan la posibilidad de perder sus licencias por cualquier motivo.

Igualmente se ha permitido la creación de cooperativas no agropecuarias, pero limitadas en sus funciones, sujetas a aprobación del Consejo de Estado, y amarradas por regulaciones e impuestos que limitan su desarrollo, como siempre han hecho con las cooperativas agrícolas.

Ni el trabajo privado ni el cooperativo están amparados por leyes, por lo que son víctimas de arbitrariedades, como fue el caso de la cooperativa Scenius, cesada recientemente sin mayores explicaciones, al igual que varios restaurantes privados, de reconocido nivel nacional e internacional, algunos de cuyos dueños fueron incluso detenidos y sometidos a largos procesos investigativos por supuestos delitos.

En un país donde el Estado totalitario y sus monopolios controlan el comercio externo y el interno en divisas, la irrupción de privados y cooperativistas debería realizarse gozando de las mismas ventajas que sus similares estatales. Sin embargo, la ausencia de protección legal adecuada para estos tipos de propiedad las convierte en víctimas fáciles de las arbitrariedades y temores estatales.

En Cuba, los productores agropecuarios están obligados a entregar al Estado cantidades de sus productos a bajos precios impuestos por el Gobierno, y solo después es que pueden vender sus productos en mercado que el Estado regula a su antojo.

Los productores de leche no pueden producir queso y venderlo a quien se los compre, y el Estado paga muy poco por la leche, y el queso no le interesa. Los productores de tabaco están obligados e entregar sus hojas a precios irrisorios. El Estado es el único autorizado a beneficiar esas hojas, a torcerlas o hacerlas cigarrillos, para vender en el mercado nacional o mundial a precios que multiplican por miles lo pagado al campesino. Un tabaco cubano, cuya materia prima es pagada por unos centavos de peso cubano (25 pesos equivalen a un dólar), puede costar en el mercado mundial hasta 30 dólares y más (750 pesos cubanos o 75.000 centavos).

Este bloqueo del Estado al tabaco es lo más parecido al estanco del tabaco que impuso la Corona española a los productores cubanos, en el siglo XVIII para garantizar —literalmente— "el monopolio real sobre el cultivo, procesamiento y comercialización de la planta y su hoja".

Mucho podría argumentarse, pero esto es suficiente para reseñar que, al igual que la ONU condena una política de embargo de un Gobierno contra otro, bien podría y debería condenar el bloqueo impuesto por el Gobierno cubano a su propio pueblo.

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