Si algo caracteriza a los autoritarismos, en su incestuosa relación con la ley —su ley—, es la perenne vocación para burlarla. No importa si esta fue forjada por mayorías afines o si la administran instituciones domesticadas.
Cualquier legalidad, por autocrática que sea, ofrece rendijas para la expresión —legal, política, organizativa— de aquellos que adversan al despotismo. Razón suficiente para que este la pisotee cuando siente amenazado su dominio. Recordemos, en México, las trampas sistemáticas de los autoritarismos porfiriano o priista, expertos en acotar y torcer la voluntad democrática del elector mexicano. Trampas cuyos legados aún sufrimos.
En Cuba y Venezuela, ahora mismo, se aferran al poder dos camarillas tramposas. En la Isla, la limitadísima oportunidad ofrecida por las elecciones barriales del llamado Poder Popular, ha sido aprovechada —en una escala inédita— por decenas de candidatos opositores interesados en acceder a cargos de elección popular. Y la respuesta gubernamental ha sido la coacción de los votantes, la campaña sucia y el asedio policial o judicial contra los aspirantes, el cambio a última hora de las reuniones de postulación. Actitudes todas prohibidas por la ley electoral socialista, aún vigente.
En Venezuela, el envilecido Consejo Nacional Electoral ha degradado —tras postergarlas injustificadamente— las elecciones de gobernadores. Impidiendo la observacion electoral independiente, inhabilitando candidatos, usando el clientelismo y la coacción del voto popular y modificando, horas antes de los comicios, la ubicación de cientos de miles de votantes de sus casillas originales. En franca violación al marco legal generado por el propio proceso bolivariano.
Lo que ambos procederes demuestran es la decisión de aferrarse, sin recato, al poder. Al operar al margen de una voluntad popular —de la que se recela— y en las antípodas de la ley propia —que se tuerce a capricho— el proceder político (común) de La Habana y Caracas tributa más a las autocracias milenarias y los caudillismos coloniales que a los 200 años de imperfecto republicanismo hispanoamericano. No posee la posibilidad correctiva de la democracia liberal, el afán institucionalizador del reformismo social y el impulso renovador de una revolución popular.
Raúl Castro y Nicolás Maduro ni siquiera muestran la legitimidad por desempeño que exhiben sus aliados de Rusia, China o Bolivia. En Cuba y Venezuela, sencillamente, asistimos al ejercicio —en fases diferentes— de un mismo poder conservador, con rostros e ideas viejos, que se apoya en la fuerza bruta y la trampa sin recato. Un poder sin ciudadanos ni derechos. El gobierno de los peores. El peor gobierno. La kakistocracia tropical.
Este artículo apareció originalmente en el diario mexicano La Razón. Se reproduce con autorización del autor.