Los opositores Confesor Verdecia y Fernando Rodríguez terminaron detenidos por intentar asistir, "por solidaridad con una amiga", a un juicio sin connotación política en el Tribunal de Mayarí, Holguín.
"El juicio no tenía ningún interés político para nosotros, era por un accidente que involucra a un sobrino de nuestra compañera de lucha" Teresa Miranda, activista de derechos humanos en el poblado de Guaro, relató Verdecia.
"No teníamos planeado ninguna acción que pudiese motivar esta reacción exagerada de la Seguridad del Estado. Estamos sorprendidos. Ellos nos acusaron injustamente de que queríamos convertir el juicio en un show, y no es verdad", denunció.
Verdecia está en el punto de mira de la policía política desde que en 2017 intentó postularse como candidato independiente en las "elecciones" municipales del Poder Popular.
"Somos gente civilizada, solo nos oponemos al régimen y por eso nos tratan como a bárbaros, supuestamente capaces de alterar el orden", lamentó el activista.
Dijo que junto a Rodríguez esperó durante dos horas el inicio del juicio. Fue entonces que, "como por arte de magia, llegó un Policía pidiéndonos el Carné de Identidad y media docena de oficiales de la Seguridad del Estado nos impidieron entrar".
"Fue terrible. Incluso los fiscales llamaron al orden cuando nos negamos a irnos sin asistir al juicio que habíamos esperado tanto y ellos nos forzaban a salir. Nos resistimos a entrar al auto Lada que nos esperaba fuera, pero terminamos cediendo ante la amenaza de aplicarnos 'desacato a la autoridad'. Fuimos conducidos a la sede de la Policía y detenidos por más de dos horas".
"Nos interrogaron y acusaron injustamente de querer formar alboroto en el tribunal. Nos amenazaron por nuestras actividades políticas. Antes de liberarnos, pasadas las 2:00pm, dijeron que seríamos citados para analizar si nos aplican o no un índice de 'peligrosidad social'", alertó Verdecia.
"Peligrosidad social predelictiva" es una figura que con frecuencia utiliza el régimen para enviar opositores a prisión.
"Tenemos derecho a participar en cualquier juicio u otro evento cualquiera, como las demás personas, y lo hacemos de forma disciplinada", dijo Verdecia.
"Las acciones de la policía política solo nos convencen aún más de lo importante que es nuestro activismo, porque no solo violan nuestros derechos, lo hacen con todo nuestro pueblo. Por eso tenemos que seguir trabajando por un cambio en Cuba, para que un día no pasen más cosas como estas y tengamos libertad y dignidad", concluyó.
Confesor Verdecia, exmiembro de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU) y actualmente activista sindical independiente, fue detenido en 2017 cuando decidió ser candidato a delegado del Poder Popular en su circunscripción, con el apoyo de muchos de sus vecinos.
Para que no pudiese participar en la Asamblea de Nominación de Candidatos, fue declarado enfermo, sin estarlo ya, de la contagiosa conjuntivitis, y obligado a permanecer en su domicilio por una comisión de salud.
Cuando intentó salir, según denunció entonces, un oficial lo esperaba en su puerta para amenazarlo con procesarlo por supuestamente poner en peligro la salud de sus vecinos.
Luego también le fue impedido continuar un curso para integrar la Cruz Roja cubana.
"Acabaremos con ese grupito contrarrevolucionario"
Por su parte, el activista Dámaso Alberto Fernández Doimeadiós, de San Andrés, Holguín, denunció que su vivienda fue allanada el pasado 28 de marzo por la Seguridad del Estado, y otras fuerzas del Ministerio del Interior (MININT), en busca de "material subversivo", según decía la orden de registro.
"Ocuparon numerosos objetos: una fotografía de Oswaldo Payá y Harold Cepero Escalante, un diccionario martiano, varios libros, un sello de 'no violencia' y documentos de nuestro grupo Corriente Martiana y del Movimiento Cristiano Liberación (MCL) al que también pertenecemos", denunció Fernández Doimeadiós.
Al concluir el registro, que duró cerca de cuatro horas, "nos detuvieron a mí y a mi padre Dámaso Antonio Fernández Canales. Nos trasladaron a la unidad de la Policía de San Andrés para luego llevarnos para Holguín. Pero solo se llevaron a mi padre porque yo tengo enfermo un brazo, con luxación y fisura por un accidente en casa. Según ellos, no querían que la gente pensara luego que me había ocurrido estando preso".
"A mí me interrogaron aquí mismo, en la estación policial. Como no les decía nada, fue más bien escuchar un rosario de amenazas, como siempre hacen. El agente de pronto se acaloró gesticulando y dijo: 'Acabaremos con ese grupito contrarrevolucionario aquí en el territorio, no lo vamos a permitir'", relató el activista.
"En verdad parece que te golpearán en cualquier momento, pero no sucedió. Muchas ofensas y amenazas que hay que soportar en silencio porque, si contestas y les devuelves ofensas, te aplican fácilmente el 'desacato' y vas a la cárcel por buen tiempo".
Fernández Doimeadiós fue liberado, pero su padre, de 65 años de edad, fue trasladado al Centro de Instrucción Penal de Pedernales, en la carretera a Cacocún en Holguín, conocido por la población como "Todo el mundo canta". Allí permaneció 72 horas.
"Según le informaron, nos imputarán tres cargos relacionados con delitos políticos y en breve nuevamente detenidos para iniciar el proceso", indicó Fernández Doimeadiós.
"Puede ser una forma de coacción, de amenaza y tortura sicológica, o puede ser cierto y estarían a la espera de que sane mi brazo para detenernos de nuevo. Es difícil de saber, pero estamos listos para soportar cualquier sacrificio por la libertad de Cuba, no nos van a amedrentar", concluyó.