La Contraloría General se quejó este sábado de daños millonarios al presupuesto por un alza de los delitos económicos. Señaló incumplimientos en los planes, el fraude fiscal de los autónomos y las cuentas por cobrar, reporta EFE.
Funcionarios de la Contraloría se refirieron a resultados de la XII Comprobación Nacional al Control Interno, realizada en 2017, que también descubrió faltantes y "pérdidas" de activos, incumplimientos en la contratación, en los pagos a privados y en el control del combustible.
Los perjuicios superan los 300 millones en "moneda total", término oficial que puede incluir dólares y pesos cubanos y obedece al enrevesado sistema de cambio del país, que impone tasas diferenciadas en cada sector debido a la dualidad monetaria aún en vigor.
La Contraloría dijo que detectó 1.012 delitos económicos, un notable incremento frente a los 732 del año 2016. Añadió que el aumento se debe a que ha implementado un "mayor control de los posibles hechos delictivos", reportó el diario oficial Juventud Rebelde.
Frente a esto, señaló el organismo estatal, se aplicaron 5.658 sanciones, la mayor parte (3.051) a trabajadores. Otras 1.237 las recibieron directivos y 1.370 ejecutivos.
"Existen cadenas delictivas que comienzan en el sector empresarial y terminan con la desviación de recursos hacia el sector no estatal, por lo que urge trabajar con intencionalidad en todo lo concerniente al origen y destino de los recursos", declaró el vicecontralor general, Reynol Pérez.
Según el informe, la Comisión Estatal de Control investigó presuntos hechos delictivos y de corrupción administrativa. Juventud Rebelde señaló que la entidad recibió 1.935 denuncias, muchas de ellas anónimas.
Las acusaciones sin firma "reflejan fallas y vacíos del control interno en los lugares de donde proceden", afirmó la contralora jefa de la Dirección de Atención a la Población, Vivianne García.
El vicepresidente Salvador Valdés Mesa pidió "evitar la formalización de la tendencia al anonimato a la hora de denunciar un problema", una práctica —dijo— poco "saludable para la institucionalidad", y exhortó a "ser rigurosos con las averiguaciones en torno a los anónimos, porque no siempre son verídicos".
La Contraloría reconoció además el "serio problema" de la reducción del número de auditores en plantilla, solo cubierta al 64% en el país, una cifra que "sigue disminuyendo".
El éxodo se debe principalmente a los bajos salarios, una situación que Valdés Mesa lamentó "porque son personas con una alta preparación y muy necesarios en el combate a las indisciplinas y la corrupción".
Habría que añadir la mala percepción social bajo la cual trabajan los auditores, en un país en el que todos se quejan de los abusos del Estado y la corrupción afecta todos los niveles.