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Crisis Migratoria

El régimen responde a la fuga de médicos con un retorno a políticas migratorias represivas

Aprovecha la crisis de los cubanos en Centroamérica para justificarlo y culpa al programa de refugio de EEUU destinado a profesionales de la salud.

La Habana

El Gobierno volverá a aplicar a partir del próximo 7 de diciembre la política que obliga a profesionales de la salud a pedir autorización a altas instancias para viajar al exterior por motivos personales, y a esperar hasta cinco años para abandonar el país con la intención de residir fuera, informa este martes el diario oficial Granma.

La política había dejado de aplicarse tras la llamada "actualización" de la Ley Migratoria que entró en vigor en enero de 2013. En una declaración publicada en el diario del Partido Comunista, el régimen utilizó la actual crisis de los cubanos en Centroamérica para justificar su retorno. Culpó, asimismo, a las disposiciones migratorias estadounidenses, especialmente el programa que ofrece refugio a los profesionales de la salud de la Isla que escapan durante misiones en el exterior.

"Ante la necesidad de garantizar a nuestro pueblo un servicio de salud eficiente y de calidad, así como mitigar las afectaciones que hoy se producen como consecuencia de la política migratoria selectiva y politizada de los Estados Unidos hacia Cuba y la creciente contratación no planificada de médicos cubanos en otros países, se ha decidido aplicar las regulaciones establecidas en el Decreto 306, del 11 de octubre de 2012, para las salidas al exterior por asuntos particulares de profesionales médicos de diferentes especialidades que realizan actividades vitales en los servicios de salud a la población y en la actividad científico-técnica", dijo el Gobierno.

No quedó claro de inmediato si la medida se aplicará solo a especialistas o a todos los médicos por igual.

El Gobierno reconoció que la emigración de profesionales del sector de la salud se ha convertido en "una preocupación".

"Especialidades tan importantes como anestesia, cirugía general, terapia intensiva, cardiología, pediatría, neurocirugía, nefrología, obstetricia y ginecología, ortopedia y traumatología, neonatología, entre otras, han sido seriamente afectadas por la salida no planificada de personal médico vital", añadió.

"Para adquirir todas las habilidades y conocimientos que demanda el desarrollo de la ciencia actual en estos profesionales altamente especializados, se requieren años de estudio y experiencia laboral, por lo que es imposible lograr su formación en corto tiempo", argumentó el régimen en su declaración.

Dijo que el Programa de Parole para Profesionales Médicos Cubanos, establecido en 2006, durante el Gobierno de George W. Bush, es "único de su tipo en el mundo" y está "dirigido a dañar los programas de cooperación médica internacional" de La Habana.

"Tiene el perverso objetivo de promover el abandono por parte de profesionales de la medicina cubana de sus misiones en otros países, facilitando activamente su emigración mediante el uso de sus embajadas", afirmó.

El Gobierno indicó además que "las facilidades que ofrecen varios países, especialmente clínicas privadas, a personal de la salud cubano" ha propiciado "el asentamiento de fuerza calificada en el exterior". Aseguró que "se han detectado redes que se dedican a la selección y financiamiento de la salida" de profesionales de la Isla.

En su línea habitual, el régimen no incluyó en su declaración cuáles son las causas internas que llevan a muchos médicos a aprovechar misiones en el exterior para abandonar el país.

Además de las difíciles condiciones de trabajo, el salario más alto de un médico en Cuba es del equivalente a 66 dólares al mes y corresponde a un especialista de segundo grado, según la última subida de sueldos publicada por el Gobierno, en marzo de 2014.

La declaración tampoco mencionó que la venta de servicios profesionales, fundamentalmente médicos, es una de las principales fuentes de divisas del régimen, que se queda con alrededor del 75 por ciento del salario que pagan por cada profesional gobiernos e instituciones extranjeras contratantes.

Aunque las quejas por mal servicio, el estado de las instalaciones, reparaciones deficientes en los hospitales y otros problemas se han acumulado en las últimas décadas, el Gobierno dijo que ha sido su "prioridad garantizar altos niveles en los servicios de salud al pueblo cubano, a la que se dedican importantes recursos humanos y materiales". Culpó al embargo estadounidense de las persistentes limitaciones.

La Habana afirmó que su decisión de volver a restringir las salidas de los profesionales de la salud "no significa que los médicos especialistas no puedan viajar o residir en el exterior", pero dijo que en lo adelante "se analizarán las fechas de salida del país, teniendo en cuenta el relevo de cada profesional, para propiciar un ordenamiento laboral que garantice la accesibilidad, calidad, continuidad y estabilidad del funcionamiento de los servicios".

Esta es la segunda evidencia de que la emigración de profesionales de la salud se ha convertido en un serio problema para los planes del Gobierno.

Semanas atrás, el Ministerio de Salud Pública dijo que los profesionales del sector que hayan abandonado el país, "incluyendo aquellos que han sido víctimas de políticas engañosas que los llevaron a abandonar sus misiones" en el exterior, pueden regresar. El texto oficial de este martes lo reitera y dice que a quien regrese se le "garantizará una ubicación laboral similar a la que tenía con anterioridad".

La Habana dedicó buena parte de su declaración a intentar vincular su decisión con la actual situación creada en Centroamérica después de que Nicaragua decidiera cerrar su frontera con Costa Rica a miles de emigrantes cubanos.

El Gobierno dijo que este lunes, durante otra ronda de conversaciones con Washington, "planteó nuevamente, sin resultados" su demanda de que sean eliminadas la Ley de Ajuste Cubano, la política "pies secos, pies mojados" y el Programa de Parole para Profesionales Médicos Cubanos, a los que señala como "la causa de fondo de la emigración ilegal", sin reconocer la falta de perspectivas económicas y sociales que lleva a muchos ciudadanos de la Isla a buscar un futuro en otra parte.

El Gobierno tampoco mencionó en su declaración el dramático aumento de alrededor de un 77% en las cifras de emigrantes en poco más de un año.

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