Lenín Moreno ha pasado de manifestar sin tapujos su incomodidad por la presencia de Julian Assange en la embajada ecuatoriana de Londres a invitarle a irse. Su tiempo de asilo en la sede diplomática, que suma ya seis años, está a punto de agotarse si el fundador de Wikileaks hace caso al presidente de Ecuador y decide abandonar la legación diplomática por su propio pie.
"Está hecho el camino para que el señor Assange tome la decisión de salir a una casi libertad", ha asegurado Moreno este jueves en una entrevista con varias radios locales, precisando que Reino Unido ha garantizado que el australiano no será extraditado a ningún país si su vida corre peligro, reportó AFP.
Assange buscó refugio en la embajada ecuatoriana en Londres en 2012, cuando enfrentaba cargos en Suecia por presuntos abusos sexuales. Esa causa fue archivada, pero el fundador de Wikileaks teme que si sale de la legación diplomática pueda ser detenido por las autoridades británicas, que le requieren por haber vulnerado medidas cautelares, y después extraditado a Estados Unidos para responder por la revelación de secretos de Estado de Wikileaks.
De ahí que el presidente de Ecuador haya reafirmado que, en conversación con el Gobierno del Reino Unido, le han asegurado que tal escenario no se dará.
"Nos enviaron una comunicación oficial del Gobierno británico indicando que la Constitución de Gran Bretaña impide que una persona sea extraditada a un sitio donde corra peligro su vida", ha insistido Moreno.
Aún así, el australiano tendrá que responder por incumplir la libertad condicional. "No olvidemos que él no se presentó a los juzgados británicos y tiene que pagar una pena no larga por aquello. Eso lo decidirá la justicia británica", precisó Moreno.
Si Assange finalmente se marcha de la embajada pondrá fin a los meses de fricción que ha vivido desde que Ecuador renovó a su presidente. Cuando gobernaba Rafael Correa, la convivencia con el fundador de Wikileaks en la sede diplomática se mantuvo sin discrepancias, pero la llegada de Lenín Moreno al poder cambió el panorama.
A finales de 2017, el mandatario ecuatoriano exigió a Assange que firmara un documento donde se comprometía a no hacer pronunciamientos sobre asuntos de política interna de otros países. Ante su incumplimiento, durante la crisis secesionista catalana, Moreno decidió incomunicar al hacker y negarle el acceso a Internet.
A mediados de octubre de este año, el Gobierno ecuatoriano le impuso un protocolo de convivencia que le obligaba a pagar sus gastos de manutención, a someterse a exámenes médicos trimestrales y a que sus visitas sean autorizadas previamente, a cambio de recuperar la conexión a la Red. Assange protestó por el nuevo régimen porque, según denunció, vulneraba sus derechos humanos y porque, indirectamente, forzaba su salida de la embajada. Si no cumplía con las condiciones, Ecuador podría retirarle el asilo.
No era la primera vez que el país latinoamericano ideaba alternativas para resolver el asunto de Assange. A finales de 2017, concedió al australiano la nacionalidad ecuatoriana, pese a que no cumplía todos los requisitos de la legislación nacional, para que pudiera acceder a un salvoconducto diplomático y, con ello, trasladarse a la embajada de Rusia. Pero Reino Unido no lo aceptó.