Casi tres decenas de asesinatos ocurridos en áreas rurales de Nicaragua y Honduras hacen sospechar que el régimen de Daniel Ortega ha implementado una guerra sucia contra sus opositores.
Las muertes son parte de una lista mayor que registra la experta en temas de seguridad pública Elvira Cuadra con la información de los medios de comunicación. Desde octubre hasta este julio, Cuadra cuenta 29 asesinatos en una pequeña región rural del país. En la mayoría observa un patrón que la lleva a concluir que se trata de ejecuciones sumarias y selectivas.
Estas ejecuciones están a cargo de presuntas células paramilitares y, a criterio de la experta, que conversó con Infobae, marcan una nueva etapa en la represión que sostiene el régimen de Daniel Ortega en Nicaragua desde abril de 2018.
De los 29 asesinatos analizados, aseguró Cuadra, en nueve casos las víctimas "tienen un claro vinculo político con un partido opositor o con el movimiento cívico de protestas". Varios son funcionarios de alcaldías no sandinistas que apoyaron los tranques de vías durante el conflicto civil en el país.
En otros 12 casos, la forma en que se produjeron los asesinatos lleva a sospechar que fueron ejecutados por elementos paramilitares. "Tenemos 21 casos que tienen una motivación política", dijo. "Los otros pueden ser delitos comunes".
Óscar Noel Herrera, asesinado en la mesa de un bar por un individuo que le disparó a sangre fría, era asesor legal de la Alcaldía de Wiwilí (Jinotega) y miembro del Partido Liberal Constitucionalista.
Edgard Montenegro Centeno y su hijo Yalmar Montenegro Olivas, emboscados en una carretera cuando viajaban en motocicleta, eran originarios de Jinotega y se habían refugiado en Honduras desde hace casi un año, porque eran perseguidos después de participar en la protestas.
Montenegro Centeno había pertenecido a la guerrilla que combatió al Gobierno sandinista en los años 80. A ambos los mataron el 27 de junio pasado en el municipio fronterizo hondureño de Trojes, donde se refugiaban.
"Hoy los asesinos sandinistas celebran que terminaron con la vida de mi padre y mi hermanito mayor. Los héroes de mi vida; pero lo que dan es lástima, porque lo único que ganaron es el pasaje al infierno por tantas vidas que llevan ya en su lista", expuso en Facebook una hija y hermana de los asesinados.
Francisco Sobalvarro, otro excontra originario del departamento de Jinotega, fue asesinado el 13 de julio pasado en el mismo municipio hondureño de Trojes, donde se había refugiado.
Néstor Uriel Aráuz Moncada era director del área de Servicios Municipales de la Alcaldía de Wiwilí, la misma donde trabajaba Oscar Noel Herrera. Araúz fue asesinado a balazos el 21 de febrero cuando regresaba en moto a su casa después del trabajo.
Además del vínculo político en la mayoría de los casos, Cuadra mencionó otros elementos que la llevan a identificar un patrón. "La mayoría de los asesinatos están localizados en cierta zona geográfica: Wiwilí, San José de Bocay y el Cuá; se usan armas de fuego y de guerra. En los años 90, solo entre el 50 y el 55% de los asesinatos se producían con armas de fuego", dijo.
Señaló también que los asesinatos son ejecutados por grupos de tres personas. "O sea, son grupos, pequeños, pero organizados, que están usando armas de fuego".
Aunque 29 muertos pueden parecer pocos en nueve meses, Cuadra asegura que la cantidad es "inusual" para la región geográfica en que se producen.
"No solo es un asunto de números, sino de nivel de violencia. Se ha incrementado el nivel de saña y de organización", precisó.
La respuesta de la Policía a estos asesinatos ha sido pobre. "La Policía llega, levanta expediente y no se sabe qué pasa con eso. O tarda en llegar o no llega", afirmó.
"Indudablemente el incremento de la violencia y la inseguridad son una consecuencia directa de la crisis por varias razones: porque la Policía ha dejado de atender sus funciones y misiones ordinarias para dedicarse a las acciones de represión; porque el Gobierno ha alentado y facilitado la conformación, actuación y la impunidad de los grupos paramilitares integrados por simpatizantes fanatizados, y porque hay una clara política de criminalización, persecución, vigilancia y agresiones a líderes sociales, especialmente prisioneros políticos excarcelados y aquellos que están en las zonas rurales", concluyó Cuadra.
Hasta noviembre del año pasado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos registró 325 personas muertas como resultado, principalmente, de la violenta represión con que el régimen de Daniel Ortega enfrentó las protestas ciudadanas. Hay, sin embargo, organismos nacionales que calculan en más de 500 los asesinatos.
La mayoría de los asesinatos se produjeron cuando Daniel Ortega ordenó las llamadas "operaciones limpieza" que ejecutaron caravanas de paramilitares dotados de armas de guerra contra los ciudadanos que se defendían en tranques o barricadas con morteros artesanales en ciudades y carreteras.
La cantidad de muertos de esta etapa podría ser mayor. "No todas las familias de los asesinados hicieron uso de su derecho de denunciar para demandar justicia. Calculo que solo lo hizo una tercera parte", dijo el abogado Gonzalo Carrión, un funcionario del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH) que huyó al exilio perseguido por el régimen.
La oposición exige a Ortega volver a la mesa de diálogo
La opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia rechazó este sábado la posición del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, de cerrar las puertas a unas negociaciones para solucionar de forma pacífica a la grave crisis sociopolítica que vive el país.
"Con cerrarle la puerta a la negociación, al régimen solo le quedaría la opción de aislar a Nicaragua del mundo y el recrudecimiento de la crisis social y económica", indicó la Alianza, contraparte del Gobierno en las negociaciones que ya fracasaron en julio de 2018 y abril pasado, reportó EFE.
La Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) resolvió, en junio pasado, que el Gobierno y la oposición reiniciaran unas negociaciones "de buena fe" para encontrar una salida a la crisis, que ha dejado cientos de muertos en 15 meses, y dio un plazo de 75 días para analizar la situación de Nicaragua.
Ortega afirmó el viernes que negociará solamente "con aquellos que están dispuestos a trabajar por la paz y el desarrollo económico"; es decir, que lo hará con grupos oficialistas, según la interpretación de los opositores.
El presidente de Nicaragua también anunció que realizará reformas electorales unilaterales y no adelantará las elecciones de 2021, dos puntos que rechazan diversos sectores de la sociedad nicaragüense, que exigen comicios adelantados, que sean "justos y transparentes".
"Si las reformas se realizan fuera del contexto de la mesa de la negociación (con la oposición), carecerán de cualquier tipo de credibilidad a nivel nacional e internacional, como carecerán de credibilidad los resultados electorales que de estas reformas resulten", advirtió la Alianza.
Desde el arranque de las negociaciones, en mayo de 2018, el Gobierno ha intentado deshacerse de la Alianza Cívica como contraparte, según han denunciado sus integrantes, ya que algunos de estos fueron encarcelados y otros obligados a irse al exilio.
La Alianza opositora está conformada por empresarios, académicos, juristas, estudiantes y campesinos, algunos de los cuales también lucharon contra la dictadura somocista, derrocada en julio de 1979.
La Alianza, que ha propuesto iniciar las negociaciones el día 31, resaltó que si Ortega se niega a resolver el conflicto "sólo aumentará la crisis económica y los efectos devastadores para la ciudadanía".
Según el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), adscrito a la CIDH, el mayor responsable de la violencia es el Gobierno de Ortega, a quien responsabiliza de cometer incluso crímenes "de lesa humanidad" en el contexto de la crisis.
La OEA tiene en marcha un proceso de aplicación de la Carta Democrática Interamericana contra Nicaragua por rompimiento del orden constitucional, que de ejecutarse la suspendería del organismo.