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Política

México-EEUU, ¿aranceles por emigrantes?

El acuerdo alcanzado entre ambos países no aleja el fantasma de una guerra comercial.

Madrid

"La negociación fue muy difícil, de muchas horas y muy tensa; en esencia lo que ocurrió es que la relación comercial y la económica se subordinó al tema migratorio. Eso no había ocurrido", declaró recientemente el canciller mexicano, Marcelo Ebrard, para explicar el acuerdo migratorio alcanzado entre México y Estados Unidos la semana pasada.

El pacto se fraguó tras ocho días de arduas negociaciones, después que el presidente estadounidense, Donald Trump, anunciara, el 30 de mayo, la instauración de un arancel del 5%, que aumentaría gradualmente hasta el 25%, para todos los productos importados de México. 

La medida debía entrar en vigor el 10 de junio para incitar al Gobierno mexicano a frenar la entrada de migrantes indocumentados que atraviesan su territorio para llegar a la frontera estadounidense.

El acuerdo estipula que México despliegue 6.000 efectivos de la Guardia Nacional en la frontera con Guatemala para apoyar las labores de vigilancia y control migratorio, y aumente las deportaciones de indocumentados. 

Además, EEUU enviará a México miles de solicitantes de asilo, empezando por un contingente de 8.000 personas, para que esperen en territorio mexicano la decisión de las autoridades estadounidenses.

El Gobierno de Andrés Manuel López Obrador evita así, por ahora, una guerra arancelaria que podría revelarse nociva para la salud económica del país. 

Debido a la fuerte dependencia de la economía mexicana respecto a la estadounidense –más del 70% de las exportaciones de México tienen como destino a EEUU–, se estima que la imposición de aranceles habría puesto en peligro más de un millón de empleos y la caída del PIB de al menos un punto. Además, habría amenazado la existencia misma del tratado de libre comercio adoptado con EEUU y Canadá.

Crisis migratoria

La tensión entre ambos países coincide con un momento particularmente álgido en la cuestión migratoria. El Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza de EEUU informó que más de 130.000 migrantes irregulares fueron detenidos en mayo, lo que supone un máximo en 13 años y un aumento de cerca del 30% respecto al mes anterior. Por su parte, según las autoridades mexicanas, alrededor de 800.000 personas, la gran mayoría procedentes de Centroamérica, podrían cruzar por su territorio este año.

Esta situación ha terminado por repercutir en las políticas migratorias adoptadas por el Gobierno mexicano. Durante los primeros cuatro meses de mandato de López Obrador, México abrió las puertas a miles de centroamericanos y las deportaciones cayeron un 38%. Sin embargo, bajo la presión estadounidense, en abril y en mayo aumentaron los controles policiales y las expulsiones pasaron de 5.717 en diciembre de 2018 a 15.654 en mayo, superando por mucho las 10.350 devoluciones de mayo del año anterior.

La solución de la crisis migratoria, sin embargo, no parece vislumbrarse en el corto plazo. De hecho, ambos países difieren en cómo contrarrestarla. 

La Casa Blanca sostiene que México debe funcionar como un dique frente a los flujos migratorios, reforzando los dispositivos de seguridad, mientras que el Gobierno de López Obrador insiste en la materialización de una especie de Plan Marshall destinado al desarrollo de infraestructuras y proyectos productivos, así como a la creación de empleos, en los países del Triángulo Norte (Honduras, Guatemala y El Salvador). Pero para ello se necesitarían inversiones muy superiores a los 5.800 millones de dólares con los que la Administración Trump se ha comprometido colaborar.

Una estrategia controvertida

Por lo pronto, se ha impuesto la militarización del problema mediante el uso de la Guardia Nacional mexicana para atender la urgencia migratoria. No obstante, la eficacia de esta estrategia suscita serias dudas. 

Así, en 2014 se implementó una operación similar, el llamado Plan Frontera Sur, que no logró detener la migración. El despliegue militar se saldó con miles de personas buscando rutas alternativas para continuar su viaje. Algo que aumentó la vulnerabilidad de los migrantes, mucho más expuestos a asaltos o secuestros.

Además, el empleo de un cuerpo castrense en tareas para las que no está capacitado puede derivar en violaciones sistemáticas de los derechos humanos y en criminalizar de facto un fenómeno socio-económico, como lo es la migración.

En realidad, el pacto alcanzado parece más bien un plazo otorgado a México para que frene la oleada migratoria hacia EEUU y así evitar la imposición de aranceles, ya que dentro de mes y medio ambos gobiernos se reunirán para evaluar si las medidas han tenido éxito.

De no constatarse avances, México deberá vérselas con la exigencia de Donald Trump de convertirse en un Tercer País Seguro. 

Según este modelo, regido por la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, firmada en Ginebra en 1951, cuando una persona abandona su país para solicitar asilo en otro, este último puede negarse a recibirla y remitirla a otro, por el que la persona haya transitado, alegando que en ese país se le puede dar las mismas atenciones. 

De este modo, EEUU podría devolver sistemáticamente a México a los solicitantes de asilo que entren en territorio estadounidense por la frontera mexicana. 

Por tanto, la subida de aranceles puede volver a ser utilizada por Washington para presionar a su vecino del sur. Como se ha visto en las recientes negociaciones, la Casa Blanca no dudará en supeditar las relaciones económicas entre ambos países a la cuestión migratoria.

Y ello por dos razones. 

Ante todo, porque, al menos en un principio, México se encuentra en posición de desventaja para enfrentar una guerra arancelaria con su principal socio comercial —la asimetría entre ambas economías juega en favor de EEUU—.

Y, luego, porque Donald Trump necesita obtener lo antes posible resultados tangibles en la cuestión migratoria con miras a la contienda electoral del año próximo, en la que se juega su permanencia en la presidencia.

Los próximos meses se anuncian particularmente tensos entre ambos gobiernos. 

En cualquier caso, a partir de ahora, aumentará el riesgo de deportación para los cubanos que intenten llegar a EEUU atravesando México. 

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