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Colombia

Aumentan los homicidios y el cultivo de coca en zonas antes controladas por las FARC

Los espacios de poder abandonados por las FARC 'debía llenarlos el Estado, pero esa expectativa no se cumplió', advierten expertos.

Bogotá

Los homicidios, el cultivo de coca aumentaron en el primer semestre de este año en territorios antes controlados por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), lo que indicaría errores en la implementación de los acuerdos de paz alcanzados con el Gobierno de Juan Manuel Santos, informa Infobae.

Entre enero y junio de 2017 se registraron 5.629 homicidios en Colombia, 361 menos que un año antes. Sin embargo, en las zonas en las que las FARC tenían mayor presencia hasta la firma de la paz, los asesinatos subieron un 15%, indicó la publicación. Señaló que este es el resultado más palpable de un conflicto que crece: la lucha entre distintas organizaciones armadas y bandas criminales por el control de los territorios.

En cuanto a los cultivos de coca, pasaron de cubrir 96.084 hectáreas en 2015 a 146.139 hectáreas en 2016, el máximo en 20 años. El manejo de la producción de cocaína y de las rutas internacionales del narcotráfico es el gran botín en disputa, advirtió el reporte.

Las FARC se han convertido en el partido político Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, y su líder, Rodrigo Londoño, alias Timoshenko, se perfila como candidato a la Presidencia del país.

Pero la masiva desmovilización de guerrilleros y en la entrega de más 7.000 armas a la ONU no ocultan los graves problemas de implementación que tiene el pacto de paz y que se manifiestan en el rebrote de la violencia, según Infobae.

"La realidad socioeconómica de Colombia no ha cambiado desde la firma del acuerdo", dijo Iván Briscoe, director del Programa para América Latina y el Caribe del Crisis Group, ONG que busca soluciones pacíficas a conflictos internacionales.

"En las regiones periféricas del país hay mucha pobreza, pocas oportunidades, y estructuras sociales muy desiguales y decimonónicas. En esos lugares vemos un empeoramiento de la violencia. Vemos nuevos o viejos grupos armados interesados en controlar la coca, la minería ilegal o la extorsión".

La combinación de subdesarrollo económico y vacío institucional está teniendo una consecuencia nefasta: la alianza de algunos campesinos con organizaciones criminales. La inexistencia de oportunidades de trabajo en el mercado formal volvió al cultivo de coca para la posterior producción de cocaína la única actividad rentable, junto con la minería ilegal.

"Los espacios de poder que estaban ocupando las FARC debía llenarlos el Estado, pero esa expectativa no se cumplió. Entonces, lo que pasó es que los diferentes grupos empezaron a llenar esos espacios, y ahora están en una disputa grandísima, porque están en juego economías ilícitas que dan importantes dividendos. La desmovilización de las FARC llevó a un reacomodamiento de la ilegalidad", explicó Sandra Borda Guzmán, profesora de Ciencia Política y Relaciones Internacionales en la Universidad de los Andes.

Distintos organismos estiman que hay hasta 11 grupos armados compitiendo por quedarse con los negocios ilegales de la región. Uno de los principales está conformado por unos 1.000 disidentes de las FARC, que rechazaron entregar las armas. Otro de los actores de peso que gana terreno es el Ejército de Liberación Nacional (ELN), la segunda guerrilla colombiana, que está en plena negociación con el Gobierno.

"Antes de pactar un cese del fuego con el Gobierno, que termina en enero, el ELN se estaba expandiendo hacia nuevas regiones, como el Pacífico —dijo Briscoe—. Es parte de una estrategia para ganar cierto poder en la mesa de negociación. Pero también se explica por la autonomía de los frentes que buscan la manera de prosperar".

Vicente Torrijos, profesor de Ciencia Política y Relaciones Internacionales en la Universidad del Rosario, sostuvo que "no se puede hablar del fin del conflicto en Colombia, sino de un postconflicto conflictivo". Desde su punto de vista, el incremento de la actividad criminal se debe a la falta de un compromiso genuino con la paz por parte de las FARC, que estarían coordinando sus acciones con el ELN y con otros grupos.

"Los indicios apuntan a que han dejado unos remanentes a propósito, con el fin de mantener una guardia o brazo armado", consideró Torrijos.

Junto a grupos de guerrilleros de las FARC, el ELN y el Ejército Popular de Liberación (EPL) tienen presencia en varios departamentos colombianos bandas criminales. La más importante es el Clan del Golfo, también conocido como Autodefensas Gaitanistas de Colombia, un desprendimiento de las viejas fuerzas paramilitares que no se desmovilizaron. El Gobierno e instituciones independientes coinciden en señalar que controlan la mayor parte del narcotráfico en el país.

La expansión descontrolada de la coca es una de las expresiones más visibles de los graves errores de implementación del acuerdo sellado con las FARC.

El acuerdo sobre sustitución de la coca que se formalizó en 2014 preveía subsidios para lo cocaleros que se sumaran, recordó Briscoe. "Eso generó cierta motivación para seguir cultivando coca, con el fin de participar del programa de sustitución cuando se empezara a implementar. Al mismo tiempo, es cierto que el Estado bajó su actividad de erradicación forzada, porque veía en el horizonte la posibilidad de concretar cambio de cultivos".

El paso decisivo se dio 2015, cuando se prohibió la fumigación de los campos con glifosato. A partir de ese momento, era imperioso avanzar de inmediato con la sustitución. No obstante, pasaron dos años en los que no se hizo nada. Sin una alternativa disponible, y con menos restricciones que antes para trabajar la coca, los cultivos crecieron.

"Los últimos informes de la DEA muestran que las FARC no han abandonado los nexos con las drogas ni con los cultivos ilícitos. Tampoco están cooperando con el Estado para controlar las rutas del narcotráfico. Implícitamente, el Gobierno aceptó que siga controlado las plantaciones", afirmó Torrijos.

Las pocas herramientas que se le están ofreciendo a los exguerrilleros para que se reincorporen a la vida civil son otro elemento, apuntó Guzmán. "En algunas de las zonas de concentración ya se habla de que casi un 40% de los que se habían instalado se han ido porque el proceso de definición de la justicia transicional se demora en el Congreso y hay mucha incertidumbre. Su temor es terminar siendo juzgados por la justicia ordinaria, sin acceso a ninguna de las prebendas que se negociaron. Una parte de ellos van a terminar en los grupos ilegales que se están reacomodando. Es el peor de todos los escenarios".

"Este Gobierno ya no se va a poder reelegir, entonces por un lado ya no tiene interés en hacer bien este trabajo, y por otro no puede construir una coalición fuerte en el Congreso", concluyó Guzmán.

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