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Política

Uruguay, 15 años de gobierno de izquierda

El oficialista Frente Amplio ha sabido conjugar cautela económica con audacia social.

Madrid

Este mes el Gobierno uruguayo ha dado inicio a la implementación de un "plan de contingencia" para hacer frente a la llegada de inmigrantes, sobre todo cubanos, que ha hecho colapsar su sistema de regularización.

El país suramericano facilitará en lo adelante la entrega de visas de trabajo, de educación y reunificación familiar. 

La medida demuestra que Uruguay se ha convertido en un destino cada vez más apreciado por quienes en la región intentan mejorar sus condiciones de vida fuera de su tierra natal.

Una situación impensable hace apenas 15 años cuando el país, después de atravesar una prolongada recesión entre 1999 y 2003, cargaba con una tasa de desempleo del 20%, la pobreza afectaba a más de la tercera parte de la población y, en términos relativos, era una de las naciones más endeudadas del mundo.

Diversificación de los mercados

En semejante contexto las elecciones generales de 2004 auparon al poder a la coalición de izquierda Frente Amplio (FA), la cual gobierna desde entonces el pequeño país suramericano, tras haber revalidado su victoria en los comicios de 2009 y 2014.

La gestión del FA se ha caracterizado por aunar la prudencia en el manejo de la economía con una audaz agenda de reformas sociales.

Así, los gobiernos del FA han fomentado la diversificación de los mercados de exportación para escapar de la sujeción comercial a sus dos grandes vecinos, Brasil y Argentina, cuyas crisis tradicionalmente han asolado a la economía charrúa. 

Por lo tanto, en menos de dos décadas las exportaciones hacia los socios del MERCOSUR han pasado de representar el 40% del total al 19% y, en sentido inverso, el 77% de estas se distribuye en una quincena de países. 

A esto se añade una cautela extrema respecto a los índices macroeconómicos. El año pasado en una entrevista concedida al diario español El País, el ministro de Economía uruguayo, Danilo Astori, sintetizaba el hilo conductor de su acción: "Tiene que existir consistencia entre la política monetaria, cambiaria, fiscal y de ingresos". 

Algo que se ha traducido en una administración ponderada de la bonanza de la década pasada, gracias al alza en el mercado mundial de los productos alimenticios (soja, carne, etc.) que sustentan en buena medida la economía nacional.

El país, carente de petróleo, ha buscado también disminuir su dependencia de los hidrocarburos y, desde 2008, ha emprendido un ambicioso plan de inversiones –7.000 millones de dólares entre 2011 y 2016– para el desarrollo de las energías renovables.

Actualmente, más del 90% del consumo eléctrico de Uruguay es cubierto por energías renovables –el promedio mundial se sitúa en el 22%– y, en particular, la eólica que asume prácticamente el 40% del abastecimiento. Tal ha sido el éxito que ahora el país se da el lujo de exportar energía a Argentina, cuando hace apenas una década la relación era inversa.

La conjunción de estos elementos ha dado lugar a 15 años consecutivos de crecimiento económico, un récord histórico en los anales de esta pequeña nación de 3,3 millones de habitantes.

Agenda social

Todo lo anterior se ha visto acompañado por un amplio repertorio de programas sociales. Apenas asumió el poder, el FA puso en marcha un plan de emergencia para combatir la pobreza que consistía, entre otras medidas, en transferencias monetarias a los hogares más desfavorecidos contra ciertas obligaciones: la presencia de los niños en la escuela, la asistencia de todos los beneficiarios a los centros de salud pública, etc. 

También se intervino en el mercado laboral, extendiendo el mecanismo de la negociación colectiva por rama a sectores antes excluidos como los trabajadores rurales y las empleadas domésticas, a la vez que se votaban casi 40 leyes respecto a derechos laborales. 

El FA, además, impulsó una reforma tributaria que supuso un gravamen más equitativo de los ingresos y las riquezas, implementó un seguro nacional de salud que brinda seguimiento a franjas de la población hasta entonces no cubiertas y, con igual intención, reformó el sistema de pensiones para ampliar la cobertura de los ancianos.

Al cabo de tres legislaturas del FA, la pobreza se ha reducido al 7,9% y la extrema pobreza al 0,3%, la tasa de desempleo ronda el 7% y los ingresos reales de los asalariados han aumentado alrededor del 50% en los últimos 12 años. 

Por último, Uruguay se ha convertido en una punta de lanza de los nuevos derechos al legalizar el consumo de marihuana, despenalizar el aborto, reconocer el matrimonio igualitario y adoptar una ley que protege a las personas transexuales.

No menos crucial es que, a diferencia de otros movimientos de izquierda del continente en el poder (Venezuela, Bolivia), todos estos cambios se han efectuado en el pleno respeto del Estado de derecho.

Aquí confluye la larga tradición democrática del país suramericano y el hecho de que el FA aglutine desde exguerrilleros hasta democratacristianos, lo cual inclina la balanza hacia la puesta en práctica de políticas consensuadas.

No obstante, después de tres lustros en el poder, el FA comienza a acusar el desgaste. En septiembre de 2017, el entonces vicepresidente, Raúl Sendic, tuvo que dimitir, condenado por sus propias filas, a causa del escándalo que suscitó el uso indebido que hiciera de tarjetas de crédito corporativas durante su paso por la presidencia de la petrolera estatal ANCAP.

Más significativo es el descontento en el propio electorado del FA, y en el conjunto de la sociedad, por la falta de impulso en la modernización de los servicios públicos, las infraestructuras y la industria nacional, y por el estancamiento del sistema educativo.

Estas lagunas, de no ser suplidas con celeridad, amenazan con lastrar la salud económica del país y, por consiguiente, con pesar sobre las franjas de la población recientemente incorporadas a la clases medias y aún demasiado frágiles para soportar un frenazo de la economía.

No está descartado pues que el FA pierda los comicios generales del año próximo, después de haber pasado tres lustros en el poder. Aun así, su gestión, al conciliar la justicia social con las garantías democráticas, debería servir de ejemplo a la izquierda latinoamericana.

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