El peligro de la trata de personas en Cuba aumenta de la misma forma que se incrementa la emigración de los cubanos hacia otros países, un fenómeno que —según declaraciones de funcionarios recogidas por el estatal Granma—, responde a "ofertas engañosas de trabajo bien remunerado".
"La trata ha comenzado a manifestarse en el país en la misma medida en que se han ido incrementando las conductas migratorias y las facilidades de los cubanos a viajar a otros lugares", dijo la activista y directora de la oficial Editorial de la Mujer, Isabel Moya, reportó EFE.
Un amplio artículo sobre la trata de personas en el país caribeño habla de la "baja percepción de riesgo" de los cubanos ante un fenómeno "novedoso" en el país, donde este flagelo no es sin embargo un "problema representativo".
Según datos oficiales, en la Isla solo se han registrado 46 delitos de este tipo entre 2012 y 2015.
A diferencia de otros países, en Cuba, y según la versión oficial, los casos de tráfico de personas involucran en su mayoría a profesionales con alta preparación, atraídos por la perspectiva de una mejor remuneración que la que ganan en la Isla, donde el salario medio no supera los 30 dólares mensuales.
Moya se refirió al "gran desafío" de evitar que la trata aumente, mediante la información y la educación "sobre todo en las mujeres jóvenes", a quienes idéntica como "las más vulnerables".
Granma se refirió a un caso de 40 bailarinas cubanas forzadas a ejercer la prostitución en Turquía, a donde fueron llevadas a mediados de 2017 bajo falsas promesas y supuestos contratos para actuar en un famoso cabaret de Ankara.
A las jóvenes les quitaron sus pasaportes y bajo amenazas fueron obligadas a prestar servicios sexuales, hasta que una de ellas logró escapar hasta la Embajada de Cuba en ese país, que alertó a las autoridades.
Este no es "el único suceso estremecedor relacionado con la trata y explotación de mujeres cubanas, promovidas con falsas ofertas laborales en el extranjero", afirmó Moya.
El diario revela otra trama, en la que un cubano residente en el exterior gestionó visados y pasajes hacia EEUU para "muchachas de su pueblo natal" en la central provincia de Camagüey, a las que prometió un contrato como bailarinas y en lugar de eso las obligó a prostituirse como pago a su "inversión".
"Esto no es una película de ficción (…) Es una realidad cruda y dura. Tenemos que estar preparados", indicó la también diputada en diciembre pasado, en la última sesión del año del Asamblea Nacional del Poder Popular.
El órgano del Partido Comunista insta a "no dejarse engañar por las supuestas ofertas" y menciona las propuestas de trabajo para "jóvenes bailarinas", la mayoría de ellas publicadas en el popular "medio privado digital de anuncios clasificados", Revolico.
El Gobierno cubano dice mantener una política de "tolerancia cero" ante el tráfico ilegal de emigrantes y la trata de personas, con un enfoque de "prevención, enfrentamiento y protección a las víctimas", según defiende.
En abril de 2017 visitó la Isla la relatora especial de Naciones Unidas sobre la trata de personas, Maria Grazia Giammarinaro, la primera investigadora independiente del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en llegar a Cuba en diez años.
Giammarinaro, muy criticada por reunirse solo con funcionarios y organizaciones controladas por el régimen, elogió la labor de prevención del Gobierno cubano ante este flagelo y felicitó al Centro Nacional de Educación Sexual (CENESEX) —dirigido por Mariela Castro—por su trabajo enfocado al colectivo LGTBI.
No obstante, la funcionaria evaluó que la legislación cubana "es insuficiente" en el campo de la trata de personas y "tiene que ser reformada para basarse en normas internacionales de derechos humanos".
El junio del pasado año, Washington mantenía a Cuba en la lista de países bajo "observación especial" dentro del informe sobre tráfico de personas en el mundo que emite cada año el Departamento de Estado de EEUU.
El informe 2017 mencionó por primera vez el trabajo no remunerado de los estudiantes de preuniversitario en la agricultura, en referencia a las conocidas como escuelas al campo.
Asimismo, tuvo en cuenta la venta de servicios profesionales al exterior e incluyó el caso específico del personal de la salud entre las denuncias de trabajo forzado del informe. El texto realizó valoraciones sobre las presuntas amenazas de represalias a la familia, restricción de movimiento, revocación de licencia, vigilancia después del trabajo, entre otras violaciones.