La Administración Trump responsabilizó al Gobierno cubano de "la mayoría de los abusos contra los derechos humanos en Cuba", entre los que destacó las torturas, la censura, la restricción de movimiento y la falta de independencia judicial, y denunció que la "impunidad" por esas violaciones es generalizada.
El capítulo sobre Cuba del informe anual sobre el tema que publica el Departamento de Estado, relativo a 2017, indica también que las elecciones municipales de noviembre pasado en la Isla, postergadas un mes debido al huracán Irma, "no fueron libres ni justas", precisó un despacho de EFE.
"Una comisión de candidaturas del Partido Comunista (PCC, único legal) hizo una criba previa de todos los candidatos, y el Gobierno trabajó activamente para bloquear a todos los candidatos no aprobados por el PCC", señala el informe, enviado el viernes al Congreso.
Por lo demás, el documento vuelve a acusar al régimen cubano de estar involucrado en violaciones de todo tipo en la Isla.
"Los funcionarios gubernamentales, bajo la dirección de sus superiores, cometieron la mayoría de los abusos contra los derechos humanos. La impunidad de los perpetradores siguió siendo generalizada", indica el documento, en una frase idéntica a la del reporte relativo a 2016.
Acting Secretary Sullivan: Promoting #humanrights and the idea that every person has inherent dignity is a core element of @POTUS Trump's foreign policy. It also strengthens U.S. national security by fostering greater peace, stability, and prosperity around the world. pic.twitter.com/4yRGkaoCsA
— Department of State (@StateDept) 20 de abril de 2018
Entre los principales problemas de derechos humanos, el informe destaca "la tortura de aquellos percibidos como opositores políticos, condiciones de prisión duras y amenazantes para la vida, detenciones y arrestos políticamente motivados y a veces violentos".
También denuncia la "ausencia completa de independencia judicial, los arrestos y detenciones arbitrarios y motivados políticamente, los procesos judiciales que en la práctica obligaban al acusado a demostrar su inocencia, y prisioneros políticos".
En este último tema, el informe menciona concretamente el caso de Eduardo Cardet, líder del Movimiento Cristiano Liberación (MCL), condenado a tres años de prisión por la promoción del proyecto "Un cubano, un voto".
"Hubo interferencias arbitrarias con la privacidad, incluidas operaciones de búsqueda y captura en hogares y el monitoreo y la censura de las comunicaciones privadas", sostiene el documento.
Además, la libertad de expresión está "limitada" y "la censura es tan estricta que prohíbe la distribución de la Declaración Universal de Derechos Humanos", añade el texto.
En 2017 "hubo prohibiciones a la importación de materiales informativos, controles estrictos a todo tipo de medios, restricciones a internet, incluida la limitación grave de la disponibilidad y el bloqueo de sitios, y restricciones a libertades académicas", entre otros problemas, según el informe.
Recuerda cuando la estudiante de Periodismo Karla María Pérez fue expulsada de la Universidad Martha Abreu en abril del 2017 por sus ideas políticas y por pertenecer al movimiento opositor Somos Más.
Destaca, asimismo, las "restricciones a los derechos de asamblea" de quienes el Gobierno considera contrarios a "los objetivos del Estado socialista", hostigamiento ante las "asambleas pacíficas", "negación del derecho de asociación", "corrupción oficial", "trabajos forzados y tráfico de personas".
El informe, que sirve como guía al Congreso estadounidense a la hora de decidir la ayuda exterior para cada país, examina el comportamiento de los Gobiernos de todo el mundo respecto a los derechos humanos, aunque no el de EEUU.