No hay dudas de que la pretendida autonomía de la empresa estatal se encuentra en el vórtice del discurso oficialista, en el contexto de la actualización del modelo económico. Sin embargo, un análisis de las medidas que se piensan implantar en aras de ese objetivo, nos muestra que las entidades continuarán bajo la tutela de instancias superiores.
Se dice que ya los ministerios no aprobarán los planes de producción o servicios de las empresas. Pero ha surgido una estructura intermedia: la Organización Superior de Dirección Empresarial (OSDE). Se trata de una instancia subordinada a los ministerios, y que puede agrupar a varias empresas de determinada rama de la economía. Ahora es el presidente de la OSDE quien dirá la última palabra acerca del plan de las entidades. Entonces poco importa si será el ministerio o la OSDE; el meollo del asunto consiste en que ni los directivos ni el colectivo de trabajadores de una empresa decidirán sobre el plan de cada entidad.
La edición extraordinaria no.21 de la Gaceta Oficial de la República de Cuba, de reciente aparición, contempla siete indicadores directivos que las empresas deberán cumplir: las ventas netas totales, las utilidades del período, el encargo estatal, las ventas para la exportación, el aporte por el rendimiento de la inversión estatal, la rotación del capital de trabajo, y el aporte en divisas. A ellos pudieran sumarse otros que incorporen las OSDE correspondientes.
Los especialistas del Gobierno insisten en que la nueva facultad que poseen los empresarios para retener a su nivel un porcentaje mayor de las utilidades del período —antes era el 30%, y en lo adelante será el 50%— redundará en una superior capacidad de maniobra para la empresa. Sin desconocer totalmente ese punto de vista, hay que apuntar que será nuevamente el presidente de la OSDE quien aprobará el uso de esos fondos monetarios por las entidades. Previamente, la empresa debe demostrar que ha cumplido todos los indicadores directivos, además de exhibir una relación favorable entre la productividad del trabajo y el salario medio. Es decir, que el camino para que los trabajadores se beneficien directamente de las utilidades de su empresa puede tornarse, parafraseando a los Beatles, largo y tortuoso.
Por otra parte, para que el sistema empresarial funcione con eficiencia y pueda disfrutar de algunas de las prerrogativas anunciadas, es preciso que tanto las entidades como la dirección del país resuelvan asuntos pendientes que lastran la economía. Uno de ellos es la sobrevaloración del peso cubano (1 peso cubano = 1 CUC) en el trabajo de las empresas. Es necesario devaluar el peso cubano para acercarlo al tipo de cambio que se aplica a la población (24 pesos cubanos = 1 CUC), que se relaciona más con las exigencias del mercado. Semejante sobrevaloración, entre otras cosas, distorsiona la medición económico-financiera del trabajo de las empresas.
Claro, aquí tampoco podemos ignorar el filón que obtienen los gobernantes. Comoquiera que la contabilidad empresarial se registra en pesos cubanos, una devaluación de esa moneda debe de disminuir el monto del Producto Interno Bruto (PIB). Entonces, por ejemplo, el 2,7% de crecimiento del PIB al cierre del 2013 sería menor, poniéndose al desnudo la verdadera debacle de la economía cubana.
Las empresas no han completado el proceso de reducción de plantillas; algo que se estima como una premisa para el logro de la eficiencia. Todo hace indicar cierta inquietud entre las autoridades debido a los niveles de desempleo que ya se observan. En una larga entrevista aparecida en la revista Bohemia (edición del 18 de abril pasado), el secretario general de la Central de Trabajadores de Cuba (CTC), Ulises Guilarte de Nacimiento, declaró que en 2014 habrá menos "procesos de disponibilidad" —que es como le llaman a la reducción de plantillas— que en 2013, y que el 30% de los trabajadores ya declarados disponibles no ha podido ser reubicado. También se supo que hay en el país 9.000 trabajadores "interruptos" en el sector empresarial por carencia de materias primas para la producción; asimismo, casi 3.000 jóvenes licenciados del servicio militar no han hallado empleo.
Otro escollo que enfrenta el sistema empresarial son los elevados niveles de corrupción, robo y delitos en las entidades. El señor de Nacimiento reconoció que existen 941 centros laborales considerados "de alta vulnerabilidad". En la lista se incluyen empresas productoras de cárnicos, lácteos, materiales de construcción, industrias de refinación de aceites y combustibles, centros de elaboración de alimentos y unidades gastronómicas.
Como parte de la promoción que la autonomía empresarial está recibiendo en los medios de comunicación oficialistas, dos programas televisivos de las Mesas Redondas le fueron dedicadas a este tema hace dos semanas. En el segundo de los espacios, los panelistas —altos funcionarios de varios organismos de la administración central del Estado— respondieron a las preguntas de los televidentes. Un viejo contador preguntó que cómo iba a ser posible la autonomía si la contabilidad de las entidades sigue de mal en peor. Tanto el moderador como los panelistas se hicieron los "chivos locos" y optaron por el silencio.