La ONU está estudiando asumir un posible papel de mediación en la crisis de Nicaragua, aseguró este lunes el portavoz Farhan Haq, reportó EFE.
Según explicó a los periodistas, la Secretaría General de Naciones Unidas está manteniendo conversaciones con ese fin, incluidos contactos con la representación de Nicaragua ante la organización.
"Estamos discutiendo la cuestión y viendo qué podemos hacer que sea de ayuda", dijo Haq durante su conferencia de prensa diaria.
El portavoz explicó que, mientras esas conversaciones no se completen, no puede dar detalles sobre qué tipo de papel podría asumir la ONU.
El pasado 19 de julio, el secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, recibió al canciller nicaragüense, Denis Moncada, para analizar la crisis que vive el país.
Hasta ahora, Guterres ha centrado sus mensajes en denunciar la violencia y respaldar la mediación de los obispos nicaragüenses para buscar una salida pacífica.
En las últimas semanas, algunas organizaciones no gubernamentales y exdirigentes políticos han pedido a Guterres que intervenga para tratar de poner fin a la crisis de Nicaragua, que comenzó el pasado 18 de abril con protestas contra el presidente del país, Daniel Ortega, y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo.
Entre 295 y 448 personas han muerto en esas protestas, según organizaciones humanitarias, que hablan también de miles de heridos y de más de un millar de secuestrados o desaparecidos.
Por otra parte, este lunes EEUU responsabilizó al presidente Daniel Ortega y su vicepresidenta y esposa, Rosario Murillo, por la violencia desde el inicio de las protestas antigubernamentales en abril, reportó la AFP.
En una nota oficial, la Casa Blanca aseguró que Ortega y Murillo "son responsables en última instancia por los grupos parapoliciales favorables al Gobierno que han brutalizado a su propio pueblo".
Se trata de la primera vez que EEUU responsabiliza nominal y directamente al actual presidente y su esposa por la situación en Nicaragua, y por ello volvió a defender al anticipo de las elecciones presidenciales previstas para 2021.
"EEUU está del lado del pueblo de Nicaragua, incluyendo miembros del Frente Sandinista, que piden reformas democráticas y el fin de la violencia", afirmó la Casa Blanca, haciendo alusión al gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN).
Para el Gobierno estadounidense, la celebración de "elecciones libres, justas y transparentes son la única avenida hacia el restablecimiento de la democracia en Nicaragua".
'Fortalecer' el diálogo político
La red de televisión CNN en Español anunció este lunes que transmitirá una entrevista exclusiva con Ortega, pero en fragmentos anticipados de ese diálogo el presidente nicaragüense discutió la realización de un referendo sobre la posibilidad de anticipar las elecciones.
"Podemos preguntarle a la gente, claro que sí. El problema aquí es que si dicen que 'sí' pues haremos elecciones anticipadas, pero si dicen que 'no' van a decir que hicimos fraude (...) Porque el trabajo para fortalecer el sistema electoral necesita de recursos", dijo.
En otro anticipo de la entrevista, Ortega afirmó que ha contactado al secretario general de la ONU "y diferentes organismos internacionales" para "fortalecer la comisión del diálogo y que esto nos ayude a que tengamos buenos resultados".
La idea de esos contactos sería "incluir otros actores que puedan fortalecer el trabajo que ha venido haciendo la Iglesia", según dijo.
La Iglesia católica nicaragüense ayuda en un diálogo entre el gobierno y el arco opositor nucleado en la Alianza Cívica.
Sugerencia de más sanciones
Las protestas en Nicaragua se iniciaron el 18 de abril contra una reforma del seguro social, pero derivaron en masivas manifestaciones que fueron respondidas por fuerte represión, en un ciclo de violencia que motivó pedidos de renuncia de Ortega.
En el documento divulgado este lunes, la Casa Blanca pasó revista a las medidas adoptadas a este respecto, en especial la sanción a tres funcionarios nicaragüenses, paso que consideró "el inicio, no el fin, de potenciales sanciones".
Con esas sanciones, el Gobierno "está demostrando que hará responsables por sus actos a funcionarios del gobierno de Ortega que autoricen violencia y roben a los nicaragüenses".
Además, Washington revocó o restringió el otorgamiento de visas a funcionarios nicaragüenses que hayan tenido cualquier relación con represión a protestas o actos de violencia.
El pasado martes, el vicepresidente Mike Pence ya había exigido a Ortega el fin de la violencia en Nicaragua, que consideró "patrocinada por el Estado".
Más tarde, durante una ceremonia sobre libertad religiosa que se realizó en el Departamento de Estado, Pence aseguró que en Nicaragua el Gobierno "está virtualmente en guerra con la Iglesia Católica" y personas "armadas con machetes (...) han atacado templos y propiedades de la Iglesia".
Daniel Ortega, que gobernó de 1979 a 1990 y volvió al poder en 2007, ofreció la semana pasada una entrevista al canal de TV estadounidense FoxNews en la que descartó renunciar a la presidencia.
'Inestabilidad, inseguridad...'
De acuerdo con Ortega, "adelantar las elecciones crearía inestabilidad, inseguridad y empeoraría las cosas".
En esa entrevista, Ortega también buscó reducir el tono de enfrentamiento con la Iglesia Católica, y negó que hombres armados relacionados con el gobierno hayan matado a tiros a dos jóvenes refugiados en una iglesia.
La semana pasada, la Cámara de Representantes del Congreso estadounidense aprobó una resolución en la que pide al gobierno la adopción de más sanciones contra funcionarios nicaragüenses.
El texto "pide a EEUU que continúe condenando las atrocidades en Nicaragua, exija la liberación de los detenidos injustamente e identifique a aquellas personas cuya participación en esta violencia califica para la imposición de sanciones".
Esas sanciones, como las adoptadas el 5 de julio contra tres funcionarios, se apoyan en la llamada "ley Magnitsky", aprobada por el Congreso estadounidense para sancionar funcionarios rusos por la muerte de Sergei Magnitsky en 2009.
Esa ley, sin embargo, pasó a ser utilizada por el gobierno para sancionar funcionarios extranjeros cuando considera que ha habido abusos o violaciones de los derechos humanos.