De regreso al punto de partida

Todas las sociedades requieren cambios. Cuba, atrapada en el pasado durante medio siglo, requiere no sólo de cambios, sino de grandes cambios. En los últimos tres años el Gobierno ha dictado algunas medidas importantes, pero esa importancia no radica en su alcance —bastante limitado por cierto— sino en la necesidad gubernamental de emprender transformaciones y en la ruptura del inmovilismo que caracterizó las últimas décadas.

Lo paradójico es que las recientes medidas constituyen simultáneamente una marcha atrás y a la vez un avance. Una marcha atrás porque después de un camino equivocado en el que se transitó contra la lógica de la historia, caminamos ahora hacia la Cuba de 1958. Un avance, porque ante el tiempo perdido, la salida de la crisis pasa por el regreso al punto de partida, para desde allí corregir el rumbo. El hecho concreto es que, la Cuba del 58, con sus desajustes e injusticias, estaba en mejores condiciones que la Cuba de hoy para emprender un proyecto de cambios. De ahí que el regreso constituye un avance que permitirá retomar un rumbo que nunca se debió perder. Veamos algunas de las medidas dictadas desde el año 2008.

1- El Decreto Ley 259 de 2008, que dispone la entrega de tierras en usufructo constituye un retroceso respecto a la primera y segunda ley de reforma agraria, dictadas en 1959 y 1963 respectivamente. Estas dos leyes, al liquidar el monopolio latifundista de la tierra, pudieron haber sido la base para la formación de una clase media nacional y de una economía diversificada. Sin embargo, el giro hacia el totalitarismo malogró esas posibilidades. La casi totalidad de las tierras volvieron a convertirse en un gran latifundio estatal. Entonces, cuando resultado de la mala administración y de la pérdida de interés de los productores esas tierras fueron cubiertas por las malezas y el marabú —y cuando el país tiene que comprar en el exterior el 80% de lo que consumimos—, el Gobierno se vio obligado a dictar el decreto mencionado, mediante el cual se entrega 1 caballería de tierra en usufructo; disposición que habrá que modificar hasta homologarla con la Segunda Ley de Reforma Agraria de 1963, que entregó hasta 5 caballerías en propiedad.

2- La reforma laboral, regulada por el Decreto Ley 276 de septiembre de 2010, constituye el reconocimiento del fracaso de la política de "pleno empleo", mediante la cual se mantuvieron infladas las plantillas laborales con el fin de exhibir ante el mundo la "superioridad" del sistema cubano, en contra de toda lógica económica. Ahora este decreto deja sin empleo a más de un millón de trabajadores, que representa el 20% de la fuerza laboral, una cifra muy superior al 1,7% declarado en el año 2009 y también al desempleo que existía antes de 1959.

3- El Trabajo por Cuenta Propia, incluyendo las últimas modificaciones introducidas por el Decreto Ley 284 de septiembre de 2011, aumentó de 178 a 181 las actividades permitidas, incluyendo la flexibilización para la contratación de mano de obra en algunas de las actividades. Un listado de permisibilidades, que en buena medida se reduce a legalizar lo que ya existía, mientras ignora el fomento de pequeñas y medianas empresas. Si la ampliación del trabajo por cuenta propia tiene como objetivo brindar empleo a una parte del millón y medio de trabajadores que están siendo despedidos y generar producciones y servicios que el Estado es incapaz de crear, entonces habrá que anular ese listado y en su lugar definir solamente las pocas actividades que no se permiten. De lo demás se ocupará la iniciativa ciudadana, que ha dado sobradas muestras de su potencialidad, mucho más en un país como Cuba, de tan alta instrucción. Por tanto, el presente decreto tendrá que volver a ser modificado hasta aproximarse a lo que existió hasta 1968, cuando el Gobierno, con la Ofensiva Revolucionaria, trató de eliminar todo vestigio de propiedad privada.

4- En el año 2011 se dispuso el Decreto Ley 292, que estableció las regulaciones para la transmisión de la propiedad de vehículos por compra-venta o donación entre cubanos que viven en la isla y extranjeros residentes permanentes o temporales. También el Decreto Ley 288, similar al anterior, que permite la compra-venta o donación de inmuebles. Otra medida reciente está dirigida al arrendamiento de barberías y peluquerías, aunque los inmuebles continuarán como propiedad del Estado. Todas estas disposiciones legales quedan por debajo de lo que existía en esos ámbitos antes de 1959, cuando los autos, las viviendas, las barberías, las peluquerías y cientos de miles de establecimientos de producción y servicios eran propiedad de los ciudadanos y podían disponer de ella libremente.

A lo anterior hay que añadir la corrupción generalizada que resultó del camino equivocado. Al eliminarse la pequeña propiedad y las verdaderas cooperativas, las empresas estatales devinieron estaticulares[1], provocando el surgimiento de una inmensa red sumergida de producciones y servicios que, al no poder contar con suministros de materias primas, herramientas y piezas de repuestos, generaron el hurto generalizado, conocido en el argot popular como escapar, luchar y resolver, que designan las acciones para sobrevivir. Una anormalidad potenciada por la insuficiencia de los salarios, que ha convertido a la corrupción —que hasta 1958 se limitaba esencialmente a la esfera político-administrativa— en la moral de sobrevivencia que hoy predomina.

Sin embargo, ese regreso al pasado constituye un avance en relación al presente. Retrocederemos hasta el punto donde se torció el rumbo, para ver si desde allí y a pesar del retraso y del daño antropológico ocasionado, podemos enrumbarnos nuevamente. Una posibilidad que depende de la profundización de las medidas para acercarnos lo más posible al punto de partida. Pero depende también de la creación de la construcción de una estructura social que garantice la participación de los cubanos en las decisiones y de una concepción de la propiedad en la que convivan y cohabiten sus variadas formas, pues la propiedad, sea individual, familiar, cooperativa o estatal, tiene la función social de movilizar las potencialidades e iniciativas de las personas para producir. En fin, se requiere, una vez situados en la arrancada, la reconversión de los cubanos en ciudadanos.