SIP: El régimen agudizó en 2011 'la censura y la violencia' contra periodistas y blogueros

El régimen cubano agudizó durante 2011 "la censura y la violencia contra disidentes, periodistas independientes y blogueros", denunció la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) al hacer un balance del año que termina, reportó EFE.

La SIP consideró "pocos" los "avances registrados en Cuba", y llamó la atención sobre los "peligrosos trámites gubernamentales contra la actividad periodística" acometidos en 2011, muchos "disfrazados de normas legales y medidas judiciales muy confusas para la opinión pública".

La organización dijo que 2011 ha sido uno de los más "desafiantes y trágicos" para el periodismo en América, con 24 asesinatos de periodistas y serias amenazas a la libertad de información por parte de Gobiernos de la región.

"Los ciudadanos tuvieron que lidiar con la violencia para poder expresarse libremente y con normas legales que desvirtuaron las garantías constitucionales sobre el derecho de los ciudadanos a estar libremente informados", señaló la SIP.

En cuanto a violencia contra los periodistas, "en general perpetrada por el narcotráfico y, en muchos casos, en connivencia con funcionarios corruptos", considero que éste ha sido "uno de los peores años de la década".

La organización contabilizó el asesinato de 7 reporteros en México, seguido de Honduras (5), Brasil (4) y Perú (3). Además, Colombia, El Salvador, Guatemala, Paraguay y República Dominicana registraron cada uno la muerte de un periodista.

Las cifras ponen de manifiesto el "peligroso avance del crimen organizado en toda la región", dijo.

"Junto a la impunidad por crímenes ocurridos en otros años y la inacción de las autoridades para disuadir a los violentos, se ha creado un círculo vicioso en el que se han nutrido altos niveles de autocensura", afirmó la SIP.

En cuanto a las acciones de los gobiernos que afectan el funcionamiento de la prensa, citó el caso de Ecuador, donde la Asamblea Legislativa, por iniciativa del Poder Ejecutivo, continuó la discusión a favor de una Ley de Comunicación para establecer "férreos controles y mordazas oficiales contra los medios para que no puedan desarrollar su tarea de fiscalización del Gobierno".

Buenos Aires "sorprendió" a la comunidad internacional cuando el Congreso logró sancionar una ley que declara al papel para periódicos de "interés público", lo que implica, según la SIP que "la producción y venta de este insumo estará regulado por el Estado y, por ende, podrá ser utilizado como mecanismo de presión".

En materia legal, la SIP reconoció algunos progresos, como los registrados en El Salvador y México, donde fueron despenalizados los delitos de difamación, y en Brasil, donde fue promulgada una esperada ley sobre acceso público a la información.

Sin embargo, expresó su preocupación ante la iniciativa de algunos países de tratar de reinstaurar la colegiación obligatoria de periodistas.

Sobre la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, dijo que "inquieta" que algunos presidentes y gobiernos sugirieran "la disolución de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión o debilitarla, restringiendo la publicación de su informe anual y recortando su presupuesto operativo".

La SIP apuntó que se propone en 2012 "velar para que este sistema sea protegido y valorado".

"Este año también se ha observado con consternación cómo varios gobiernos, entre ellos Argentina, Ecuador, Nicaragua y Venezuela, han seguido utilizando la publicidad estatal como arma para premiar y castigar a los medios", apuntó la organización.

Según explicó, esos gobiernos "han agudizado sus estrategias de propaganda política, ya sea mediante el uso de cadenas de información pública o comprando y creando medios de comunicación".

Para la SIP, la Justicia también ha sido utilizada para amordazar a los medios y periodistas, especialmente en Ecuador, donde el presidente Rafael Correa demandó a directivos del diario El Universo y a uno de sus columnistas.

En un fallo "desproporcionado", a juicio de la organización, los demandados fueron condenados a tres años de cárcel y a indemnizar a Correa con 40 millones de dólares.