¿Spanish revolution?

Oír hablar de revolución pone los pelos de punta. Si los sensatos del siglo XXI ensalzan la reforma como método para liquidar los regímenes autoritarios, ¿qué pinta una revolución en la oncena potencia económica, que es uno de los países más libres del mundo?

Desde hace unos días la prensa internacional comete el sinsentido de comparar las protestas de la Puerta del Sol de Madrid con las manifestaciones del mundo árabe, como si en España los ciudadanos estuvieran privados de sus más elementales derechos. Este es, sin dudas, un agravio comparativo grotesco.

En una democracia, las protestas ciudadanas forman parte del paisaje habitual. Los problemas económicos actuales justifican el enfado de muchos españoles, pues un 20% de desempleo es motivo más que suficiente para exigir políticas concretas que ayuden a generar trabajo y mantengan la protección de los sectores más vulnerables.

Los "indignados" han salido a las calles a expresar sus reivindicaciones. Sus derechos de manifestación, reunión y expresión han sido debidamente respetados y las prohibiciones sólo están relacionadas con fechas concretas, reguladas por ley.

Una de las exigencias más legítimas pide la reforma de la Ley Electoral, que actualmente castiga a los partidos minoritarios. Da igual si dicho cambio beneficia a Izquierda Unida (comunistas) y Unión Progreso y Democracia (centristas) y perjudica a nacionalistas vascos y catalanes. La democracia sufre cuando obtener más votos no significa necesariamente conseguir más escaños, y esto ha sucedido muchas veces desde la instauración de la democracia.

En el mejor de los casos, los comunistas, que no superan el 6% de los votos a nivel nacional, alcanzarían más asientos en el Congreso, pero quedarían abismalmente lejos de ser alternativa de gobierno. En 33 años de democracia, los españoles han ratificado en las urnas su distancia con los extremistas. Los partidos Socialista y Popular han compartido el poder porque España elige propuestas cercanas al centro, y no por las evidentes injusticias de la Ley Electoral. Y cuando alguna ha perdido el rumbo, el electorado se ha encargado de pasarle cuentas.

Esto significa que, incluso con un cambio de norma, difícilmente extremistas de izquierda y derecha podrían convencer a la mayoría. Sobre todo estos últimos, que ni siquiera alcanzan representación parlamentaria.

Esto lo sabe perfectamente el comunismo español. Hace 25 años acordaron acudir a las urnas con el nombre de Izquierda Unida (que agrupa también a otros pequeños grupos radicales), ante la evidencia de que nombre e ideología constituyen una losa pesada para sus aspiraciones políticas.

Por eso apoyan al movimiento popular que aglutina en la Puerta del Sol a trabajadores indignados y a profesionales del oportunismo. Una mezcla altamente explosiva.

Impedidos de materializar por la vía democrática sus proyectos demenciales, los fundamentalistas animan la revuelta popular española e incluso incitan a violar las leyes. No hay más que verlos. Dan miedo. Sus planteamientos coquetean demasiado con todo lo que los cubanos hemos sufrido en más de 50 años. Mezclan la legítima insatisfacción ciudadana con propuestas rocambolescas, muchas de ellas peligrosamente genéricas, que convocan a "cambiar el sistema".

¿A cambiar qué sistema, y cómo? Apenas lo explican, pero evidentemente se refieren al capitalismo. Piden medios de comunicación "libres" y el fin de la democracia representativa, y elogian lo que denominan "democracia asamblearia" (voto a mano alzada y demás gérmenes de una dictadura de manual). Abogan por eliminar las leyes antipiratería y de extranjería, y la eliminación de los partidos políticos. Para no saltarse el guión, también exigen la nacionalización de la banca y otras medidas económicas que abocarían a España a la quiebra, siguiendo el ejemplo de Cuba y Venezuela.

¿A cuál cubano no le suena esto? La precaución contra el totalitarismo es una especie de fiebre que avisa de la futura infección. Una alarma que recuerda que detrás de ciertas utopías se esconden los peores autoritarios del mundo.

A pesar de la imagen de la España hundida que La Habana presenta insistentemente en la televisión oficial, este país vive en una relativa paz social. La gente exige trabajo y mejoras, pero no experimentos con ideologías fracasadas. Un Estado de bienestar sólido es capaz de resistir determinadas terapias de choque, como las adoptadas por el Gobierno español para afrontar la crisis. Todo tiene un límite, pero el capitalismo, como ha quedado demostrado, vive (y sobrevive) al ritmo de sus ciclos altos y bajos.

España necesita ya una segunda reforma política, que exija mayor democracia interna en los partidos y una mejor redefinición de las instituciones, entre ellas las legislativas y judiciales. En nombre de una transición modélica, al parecer intocable, ni conservadores ni socialistas han querido romper el hielo. Pero también sus votantes han refrendado la quietud.

En este sentido, la presión ciudadana continuará siendo importante si aprovecha, por los cauces legales, la generosidad de la democracia. Para ello los españoles deberán discernir entre las necesidades reales de la gente y el oportunismo de los prototalitarios.

La prueba de cuántos ciudadanos promueven un cambio de sistema se materializará el domingo en las elecciones municipales y regionales. Si todo ese cabreo y enfado no se reflejan contundentemente en las urnas, los provocadores tendrían que recoger la carpa y dejar a los ciudadanos el protagonismo de las protestas.