Denunciamos ante el pueblo colombiano y la comunidad internacional que hay en marcha un plan para asesinar a los dirigentes del @PartidoFARC. Mañana a las 8:30 a.m. radicaremos la denuncia ante la @FiscaliaCol. #DefendamosLaPaz pic.twitter.com/WZxuoUHuQo
— Carlos A. Lozada (@Carlozada_FARC) 9 de julio de 2019
Las FARC, reconvertida en el partido colombiano Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, denunciará este miércoles ante la Fiscalía un supuesto plan para asesinar a sus líderes, informó este martes el senador Julián Gallo, reportó EFE.
"Tengo la cita en la Fiscalía porque tengo en mi celular pruebas que voy a entregar o por lo menos indicios de que el plan ya está en marcha y que el objetivo es eliminar a los altos dirigentes del partido FARC", aseguró a periodistas Gallo, cuyo nombre insurgente era Carlos Antonio Lozada.
Pese a que no dio más detalles acerca de las pruebas con que cuenta, explicó que tiene "unos escritos que indican que hay en marcha un plan" para asesinarles.
Además, y a través de su cuenta de Twitter, afirmó que Carlos Yunda, un exguerrillero de las FARC, fue asesinado también este martes en una zona rural del municipio de Corinto, en el suroccidental departamento del Cauca.
Por otra parte, su hermano Pablo Yunda resultó herido en el ataque y por ello Lozada le preguntó al presidente Iván Duque "cuándo se activarán los mecanismos de seguridad creados por el acuerdo" de paz.
De ese modo, el número de exguerrilleros asesinados desde la firma del acuerdo de paz en noviembre de 2016 se eleva hasta los 136.
Ante esos asesinatos, el pasado 22 de junio el partido FARC denunció que el asesinato de más de sus militantes constituye "una clara violación" del acuerdo de paz firmado con el Gobierno colombiano y pidió ayuda internacional para poder participar con garantías en las elecciones municipales y regionales de octubre próximo.
"Estos asesinatos sistemáticos constituyen una clara violación del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera; y, por lo tanto, son responsabilidad del Estado y el Gobierno, que constitucionalmente están en la obligación de garantizar la vida y la seguridad de todos los colombianos", subrayaron en la declaración.