Lunes, 19 de Agosto de 2019
Última actualización: 00:26 CEST
VENEZUELA

Presas políticas violentadas sexualmente: otro detalle escabroso del Informe Bachelet sobre Venezuela

María Afiuni. (REUTERS)

Rociada con gasolina, amenazada con cuchillos, abusada sexualmente, fueron los horrores que padeció la jueza María Lourdes Afiuni, que alcanzó la libertad el jueves tras una década durante la que no faltaron torturas.

Según publicó el diario El Mundo, así lo explicó ella misma ante el tribunal que la juzgaba, que hace unos meses inventó un nuevo delito ("corrupción espiritual") para mantenerla en arresto domiciliario.

Era "la presa del comandante (Hugo) Chávez", como se la denominó en las cortes judiciales. Fue el propio líder bolivariano quien ordenó que la encerraran por cumplir la ley en el caso que involucraba a un viejo enemigo del exmandatario fallecido.

El relato de Afiuni completó lo adelantado por el demoledor informe de Michelle Bachelet: en la Venezuela revolucionaria, que se dice feminista, también se multiplican los casos de violencia sexual, denunciados por las organizaciones civiles, pero que han quedado en un segundo plano entre la selva del horror.

La oficina de la Alta Comisionada señaló directamente al Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN), a la Dirección General de Contrainteligencia (DGCIM) y a la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) por cometer delitos de violencia sexual contra mujeres y niñas durante su detención.

Entre las agresiones físicas se han documentado tocamientos inapropiados, desnudez forzada, amenazas de violación y arrastramientos por el pelo, además de insultos sexistas y de género. Todos ellos para humillarlas y castigarlas, además de arrancarles falsas confesiones.

"Los guardias, así como otros reclusos, ejercen presión sobre las mujeres para que intercambien sexo por privilegios y/o protección. Varias mujeres también dijeron no tener acceso a asistencia médica especializada y, a diferencia de los hombres, no siempre se les permitía salir al patio o al gimnasio. A las mujeres detenidas por motivos políticos a menudo les denegaron las visitas", destacó el informe de Bachelet.

Una celda superpoblada solo para mujeres

El siniestro Helicoide, una de las sedes del SEBIN, "no está adaptado para cumplir los estándares específicos de género. Naciones Unidas entrevistó a varias mujeres que estuvieron detenidas en el Helicoide". Todas indicaron que solo hay una celda asignada a mujeres, superpoblada y vigilada principalmente por hombres, a pesar de haber guardias mujeres trabajando en las instalaciones.

"A mí me llevaron al Hospital Militar y me desnudaron frente a los 30 soldados que me trasladaron ese día. Me hicieron las mamografías con soldados armados, sometidos a radiación conmigo con sus armas largas", reveló la propia juez Afiuni ante su tribunal.

"Es muy importante, un primer paso que Bachelet lo haya reseñado. Levanta la voz y visualiza un tema oculto. La gente no suele reportar la violencia sexual por el estigma que todavía conlleva en Venezuela", confirmó a El Mundo Luisa Kislinger, la activista y presidenta de Mujeres en Línea.

En el informe también se reportaron "casos de mujeres que se vieron forzadas a intercambiar comida por sexo", además de las redes de prostitución que acompañan al éxodo migratorio.

La brutalidad, "violencia sexual y de género", tampoco falta en las operaciones de captura de los presos políticos y en sus visitas a los centros de detención, como si se tratara de juguetes humanos para los agentes gubernamentales.

Los hombres no se libran de las violaciones, que se suelen realizar con palos u otros objetos, además de descargas eléctricas en los órganos sexuales. Por ejemplo, al capitán Juan Carlos Caguaripano, quien encabezó a un grupo de rebeldes contra Maduro en 2017, le desprendieron los testículos a fuerza de golpes y descargas.

En otro informe elevado ante la Corte Penal Internacional ya se adelantaron 190 torturas sexuales contra presos políticos de ambos géneros. "En diez de los casos fueron violaciones, mientras que el resto sufrieron desde amenazas de violación a diferentes actos lascivos. Entre las víctimas hay menores hasta personas de la tercera edad", precisó la activista Tamara Suju.