"Para apoyar a PEMEX no hay límites: es una empresa estratégica, fundamental para la nación", ha dicho en más de una ocasión el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, refiriéndose a Petróleos Mexicanos, la firma estatal más importante del país azteca.
La empresa mexicana se encuentra en una situación alarmante. Tras décadas de corrupción y mala gestión, su deuda ronda los 107.000 millones de dólares, siendo la petrolera más endeudada del mundo, mientras que su producción roza los mínimos de cuatro décadas.
El declive de la producción de petróleo ha sido una constante en los últimos 15 años. Si en 2004 la extracción de crudo era de 3,3 millones de barriles al día, actualmente apenas llega a 1,7 millones de unidades diarias.
En este descenso drástico influyen varios factores. Uno de ellos es el agotamiento del yacimiento de Cantarell, el más importante de la historia del país. También la alta carga fiscal que pesa sobre la empresa (entre el 65% y el 70%) ha lastrado la disponibilidad de fondos para la expansión de nuevos proyectos.
En este sentido, ha sido determinante la reducción de recursos para la exploración y explotación de otros yacimientos. Así, en 2012 más de 1.200 pozos fueron perforados para la búsqueda de hidrocarburos, mientras que en 2017 el número se reducía a 80 pozos, de los cuales solo seis resultaron viables para la extracción de crudo.
Al rescate de la compañía petrolera
El Gobierno de López Obrador ha decidido de revertir la situación y hacer nuevamente de PEMEX el motor de la economía mexicana. Para ello ha anunciado varias medidas que contemplan tan solo este año un aumento de la inversión pública de un 36% (alrededor de 1.300 millones de dólares), una reducción de la carga fiscal de más de 700 millones de dólares y el cese de la adquisición de deuda.
La inversión a ritmo acelerado debería permitir la incorporación inmediata de 20 nuevos campos de exploración, cuatro en tierra y 16 en aguas someras, con el objetivo de obtener los primeros resultados en 2020.
De hecho, desde enero el Ejecutivo ha habilitado un notable aumento de recursos para la perforación con la expectativa de llegar a fines de este mismo año a más de 500 pozos perforados.
Además, el Gobierno estima que la lucha contra el robo de combustible, iniciada a fines del año pasado, le permitiría a la petrolera ingresar unos 1.650 millones de dólares adicionales.
Otra iniciativa del Ejecutivo es la construcción de una nueva refinería en el puerto de Dos Bocas, en el estado de Tabasco, en el sureste del país, y la modernización de las otras seis refinerías con las que cuenta México. Todo esto a cargo de PEMEX y de la Secretaría de Energía.
El objetivo es reducir la importación de combustible, que actualmente representa el 70% del consumo nacional.
Este programa de rescate de PEMEX suscita ciertas inquietudes. En realidad, las circunstancias actuales dejan al Gobierno ante un dilema: de no intervenir, la situación de PEMEX podría agravarse, pero al hacerlo, dados los montos que exige semejante operación, corre el riesgo de romper la estabilidad de las finanzas estatales, otro de los objetivos fijados por López Obrador.
Los críticos con el plan presentado no han dejado de señalar que este no solucionará los problemas estructurales de PEMEX y que, en cambio, abrirán un agujero en el presupuesto del Estado.
La inversión en las refinerías también es criticada, porque es una actividad poco rentable en la que, debido a la situación de PEMEX, sería mejor no centrarse. La petrolera debería más bien enfocarse en los rubros que más réditos le procuran, la exploración de campos y la exportación de crudo.
La necesidad de un compromiso
Sin embargo, el plan de López Obrador no responde solo a criterios económicos. Como bien señala el analista Carlos Elizondo, desde la perspectiva del presidente "las empresas estatales deben invertir en los proyectos que sean estratégicos para el Gobierno, con independencia de su rentabilidad". Y asegurar la autosuficiencia energética como principio de seguridad nacional es una de las prioridades de la nueva Administración. De ahí no solo la insistencia en recuperar la producción de crudo, sino en eliminar la dependencia en combustibles del exterior.
No en balde, los megaproyectos anunciados hasta ahora, la modernización del parque de refinerías y la construcción de un nuevo aeropuerto internacional, están en manos de la Secretaría de Energía y de la Secretaría de Defensa respectivamente y no a cargo del sector privado. Esto está en sintonía con el rol preponderante del Estado que guía las políticas de López Obrador.
Aun así, el mandatario mexicano ha flexibilizado su postura en las últimas semanas para tranquilizar a los inversores y generar confianza en los mercados. Hasta hace poco, López Obrador se mostraba reacio a toda financiación de PEMEX que no procediera del Estado, a contracorriente de la reforma del sector energético promulgada por su antecesor, Enrique Peña Nieto.
La semana pasada, por ejemplo, el Gobierno anunció haber pactado con distintas entidades bancarias (JP Morgan, HSBC, Mizuho) el aporte de un fondo de 8.000 millones de dólares destinados a solventar la deuda de la petrolera (2.500 millones de dólares) y a renovar dos líneas de crédito (5.500 millones de dólares).
Es posible ver aquí cierto pragmatismo, ya que en la práctica las ingentes sumas exigidas para sacar a flote a la compañía estatal pueden suponer una presión extraordinaria para las arcas del Estado.
De ratificarse el acercamiento con el sector privado, podría ser el comienzo de un compromiso en que el Estado se encargue en un principio de aportar los fondos necesarios para solucionar los problemas más urgentes de PEMEX, mientras que la compañía vaya cerrando acuerdos con socios privados para la prospección y puesta en producción de nuevos pozos.
Si este equilibrio no se lograra, existe el riesgo, según Elizondo, de que la visión de López Obrador lleve a "disminuir la inversión privada e incrementar la presión sobre las finanzas públicas", preámbulo de una posible estampida de capitales y su correspondiente crisis económica.