Tareck El Aissami, uno de los funcionarios más poderosos del Gobierno de Nicolás Maduro, ha sido objeto de amplias investigaciones por parte del Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN) por sus vínculos con el submundo criminal.
Según un archivo secreto recopilado por agentes de Venezuela, El Aissami y sus familiares han ayudado a colar a militantes de Hezbolá en el país, han hecho negocios con un narcotraficante y han resguardado 140 toneladas de químicos que se cree fueron usados para la producción de cocaína, lo que ha contribuido a convertirlo en un hombre rico, mientras el país se ha sumido en el caos.
Los documentos, a los que tuvo acceso The New York Times, ofrecen la oportunidad de ver cuán fragmentados y nerviosos se han vuelto los servicios de seguridad de la nación, particularmente sobre la corrupción en los niveles más altos del Gobierno.
El Aissami, exvicepresidente que ahora es ministro de Industrias y Producción Nacional del Gobierno de Maduro, ha estado durante mucho tiempo en la mira de las autoridades estadounidenses. Fue imputado en marzo en una corte federal en Manhattan y hace dos años el Departamento del Tesoro lo sancionó, después de investigar las acusaciones en su contra por trabajar con narcotraficantes.
Tanto él como Maduro han desestimado las acusaciones, que atribuyen a una guerra propagandística del Gobierno de Donald Trump para derribar al régimen venezolano.
Sin embargo, la propia agencia de inteligencia venezolana —que El Aissami alguna vez dirigió— ha alertado sobre El Aissami y su familia desde hace más de una década, y recopiló esas alertas en un archivo de documentos, hallazgos de investigaciones y transcripciones de entrevistas con narcotraficantes.
El archivo, entregado a The New York Times por un exoficial venezolano de inteligencia de alto rango y cuyos contenidos fueron confirmados de manera independiente por otro exoficial, narra testimonios de informantes que acusan a El Aissami y a su padre de reclutar a miembros de Hezbolá para expandir el espionaje y las redes de narcotráfico en la región.
De acuerdo con el expediente, El Aissami y su padre, Carlos Zaidan El Aissami —un emigrante sirio que alguna vez trabajó con Hezbolá durante sus visitas a su país natal—, buscaron cómo introducir a Hezbolá en Venezuela.
Esa información indica que El Aissami ayudó a impulsar el plan al utilizar su autoridad sobre los permisos de residencia para emitir documentos oficiales a militantes de Hezbolá, permitiéndoles quedarse en el país.
El archivo no especifica si Hezbolá logró establecer su red de inteligencia o rutas de drogas en Venezuela. Pero sí menciona que miembros de esa organización se establecieron en el país con la ayuda de El Aissami.
El exvicepresidente y ministro también colaboró con el mundo criminal de otras maneras: los documentos afirman que su hermano, Feraz, hizo negocios con el narcotraficante más célebre de Venezuela, Walid "el Turco" Makled, y que tenía casi 45 millones de dólares guardados en cuentas bancarias suizas.
Los documentos también muestran que El Aissami tenía vínculos con el narcotraficante, al señalar que emitió grandes contratos públicos a una empresa vinculada a Makled.
Según el archivo, mientras el país se dirigía a un colapso económico que forzó a millones de personas a huir de Venezuela y que ha causado una grave escasez de alimentos y medicinas, El Aissami se volvió un hombre rico.
Los documentos muestran también que El Aissami —con ayuda de un testaferro que es blanco de sanciones económicas estadounidenses— compró un banco en Estados Unidos, parte de una constructora, una participación accionaria en un centro comercial panameño, tierras pensadas para un complejo turístico de lujo y varios proyectos inmobiliarios en Venezuela, incluyendo una "mansión millonaria" para sus padres.
El Aissami no respondió a solicitudes por escrito para una entrevista y en Venezuela no ha sido acusado formalmente por cargos de narcotráfico ni corrupción. No obstante, el pasado 8 de marzo, Estados Unidos anunció su imputación, lo que lo convirtió en el segundo miembro del gabinete de Maduro acusado por narcotráfico.
Néstor Reverol, actual ministro del Interior, también está imputado. Y dos sobrinos de la primera dama, Cilia Flores, fueron condenados en 2017 a penas de 18 años en una prisión estadounidense por intentar traficar 800 kilogramos de cocaína.