El anuncio la semana pasada de la retirada de Ecuador de la Unión de Naciones Sudamericanas (UNASUR), una asociación de países de la región creada en 2008 en pleno auge de los gobiernos de izquierda, marca el distanciamiento definitivo del presidente ecuatoriano Lenín Moreno con su antecesor Rafael Correa.
Desde su llegada a la presidencia, en mayo de 2017, Moreno ha ido dando perfilando una política propia, desvinculándose de la figura y de la gestión de Correa.
En este sentido, para avalar su independencia, pocos días después de la toma de posesión el actual mandatario emprendió una serie de gestos simbólicos con el objetivo de afirmar su voluntad de diálogo con la sociedad civil: se reunió con los líderes de la oposición, le devolvió la sede a la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), confiscada por el Gobierno anterior, y descartó la retórica hostil hacia la prensa.
De hecho, el año pasado el oficialismo enmendó la Ley Orgánica de Comunicación (LOC), aprobada en 2013 bajo el mandato de Correa y que era criticada por los medios como una ley mordaza, eliminando sus aspectos más controvertidos como la Superintendencia de Comunicación (que ejercía de juez y parte en las sanciones a la prensa), los límites a la publicación de información y la obligación de difundir datos de "interés público".
Purga del correísmo
De igual modo, Moreno ha ido purgando progresivamente a los fieles de Correa, que pudiesen entorpecer su gestión de las estructuras del Estado y Gobierno.
Por ejemplo, no solo despidió a los jefes de los medios públicos, considerados portavoces de su antecesor, sino que, entre otros altos cargos, forzó a fines de 2017 la renuncia de Jorge Glas, el entonces vicepresidente, que luego sería condenado a seis años de prisión por participar en la trama de corrupción de Odebrecht.
Además, mediante un referendo celebrado en febrero del año pasado, Moreno cerró el paso a una eventual vuelta de Rafael Correa a la presidencia del país al lograr que se eliminase de la Constitución la reelección indefinida de los cargos electos por sufragio popular.
Las políticas económicas han constituido otro eje de distanciación respecto a la gestión anterior. A su llegada a la presidencia, Lenín Moreno encontró una economía que presentaba signos de desaceleración y una deuda pública de cerca de 50.000 millones de dólares. Desde entonces sus planes de reactivación han intentado conjugar ciertas reformas fiscales y recortes del gasto público y el mantenimiento de las políticas en beneficio de las capas desfavorecidas.
Así, los planes del Gobierno de Moreno han incluido la supresión de impuestos para las pequeñas y medianas empresas, a la vez que han implementado un aumento de los gravámenes a las grandes sociedades y los altos salarios. Asimismo han conducido a una eliminación parcial de los subsidios a los combustibles y a la disminución de ministerios, desembocando en una reducción de los empleados públicos.
Cambio de orientación
Pero la ruptura más radical ha sido en la búsqueda de financiación. Si bien la actual Administración mantiene a China como principal prestamista, también ha apelado a los organismos internacionales, como el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial, para obtener créditos de un monto de 10.000 millones de dólares.
Durante la década de gobierno de Correa (2007-2017), Quito acusó el FMI de atentar contra la soberanía nacional al imponer fuertes condicionamientos para acceder a sus créditos, lo que lo llevó a suspender sus lazos con ese organismo.
Consciente de los grandes estragos causados en las capas populares por las políticas propulsadas por el FMI en la región durante las décadas de los 80 y 90 del siglo pasado, Moreno ha insistido en que los fondos serán destinados prioritariamente a la inversión social y a los más necesitados, mediante la creación de oportunidades de trabajo, así como la construcción de infraestructuras, viviendas y escuelas.
De igual modo, en la escena internacional el Gobierno de Ecuador ha dado un cambio brusco en sus orientaciones, mostrándose un crítico acerbo del régimen venezolano y de las derivas del denominado Socialismo del Siglo XXI.
El país andino también ha acortado distancias con EEUU y ha anunciado su intención de integrar la Alianza del Pacífico, una iniciativa de integración regional conformada por México, Chile, Colombia y Perú.
No obstante, la gestión de Moreno no ha cosechado un respaldo popular. Sondeos recientes muestran que la aprobación al mandatario ha caído de forma sostenida durante los últimos 12 meses, desde un 69% en enero de 2018 hasta apenas un 30% en la actualidad.
Esto se debe a que las políticas implementadas en estos casi dos años de mandato no se han traducido en un cambio de la cotidianidad de los ecuatorianos. La lucha contra la corrupción avanza con demasiada lentitud y, sobre todo, el estancamiento económico parece perpetuarse. A un crecimiento del 2,4% en 2017 le ha seguido un tímido 1,1% en 2018.
Moreno cuenta con que los recientes acuerdos alcanzados con el FMI y el anuncio de la creación de una comisión con expertos internacionales para combatir la corrupción le permitan conseguir una mejor valoración por parte de la ciudadanía.
Las elecciones municipales del próximo 24 de marzo serán una primera prueba.