El expresidente de Brasil Luiz Inácio Lula da Silva fue autorizado por la Justicia a salir por primera vez de la cárcel donde cumple dos condenas por corrupción, para asistir al entierro de su nieto de siete años, quien falleció este viernes a causa de una meningitis, informaron fuentes oficiales.
La jueza Carolina Lebbos, de la Sala de Ejecución Penal de Curitiba, aceptó la solicitud que hizo la defensa del exmandatario, tras conocer la muerte del menor, basada en la Ley de Ejecución Penal que permite a los condenados salir de prisión para asistir al velatorio de familiares cercanos, reportó EFE.
Aunque la Justicia no dio mayores detalles, se prevé que el exmandatario saldrá de la prisión para participar en el sepelio previsto para el mediodía del sábado y que será transportado a la ciudad de Sao Paulo en una aeronave cedida por la Gobernación del estado de Paraná a petición de la Policía Federal de Brasil.
El pequeño Athur Araujo Lula da Silva falleció en el hospital de Batira, en la localidad de Santo André (Sao Paulo), a raíz de una meningitis meningococica, una bacteria que se aloja en las membranas entre el cerebro y la médula espinal.
La muerte del nieto de Lula se produce poco más de un mes después de que falleciera el hermano mayor del expresidente, de 79 años, después un tipo de raro de cáncer que afectó sus vasos sanguíneos.
Lula quería acudir al entierro de su hermano, pero la Justicia tan sólo le autorizó una reunión familiar cuando el cuerpo de Genival Inácio da Silva, conocido como Vavá, ya había sido sepultado, por lo que decidió permanecer en su celda.
Según diputados próximos a Lula, este consideró que la decisión de la Justicia de impedirle despedirse de su hermano mayor en el cementerio y de autorizarle una reunión con familiares en un cuartel militar forma parte de la persecución política de la que se dice víctima.
La presidenta del PT, Gleisi Hoffmann, lamentó en una red social la muerte del nieto de Lula y aseguró que harían "todo lo posible para que pueda verlo."
El expresidente se encuentra recluido en la sede de la Policía Federal de Curitiba desde abril de 2018, después de ser condenado a 12 años de cárcel por corrupción pasiva y lavado de dinero en un caso vinculado con los desvíos de la petrolera estatal Petrobras.