Martes, 16 de Julio de 2019
Última actualización: 01:46 CEST
Política

Nicaragua: así espera el régimen de Ortega apagar el eco de las protestas

Una sede del oficialista FSLN pintada por manifestantes. (MARVIN RECINOS/AFP)

Hace unos días el prestigioso periodista nicaragüense Carlos Fernando Chamorro anunció que se exiliaba en Costa Rica para proteger su integridad física y su libertad.

Desde el comienzo de las protestas en abril pasado en Nicaragua, cerca de 60 periodistas se han visto obligados a marchar al exilio, debido al acoso de las autoridades.

No obstante, la ofensiva contra la prensa independiente por parte del régimen de Daniel Ortega ha arreciado en las últimas semanas. 

A mediados de diciembre los locales de Confidencial y del programa televisivo "Esta Semana", de los que Chamorro es respectivamente director y presentador, fueron asaltados y saqueados por las fuerzas del orden. 

Días después el canal de televisión 100% Noticias sufrió igual suerte. Tras la embestida su director, Miguel Mora, y su jefa de información, Lucía Pineda, fueron encarcelados. Desde entonces Mora ha sido formalmente acusado de incitar al odio y a la violencia y de conspirar para cometer actos terroristas.

Ante semejante atropello, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió medidas cautelares a favor de Mora y varios integrantes de su equipo a modo de protección.

El asedio a los medios independientes no se limita, empero, a la represión. El régimen también acude a otras estratagemas para frenar la circulación de la información. 

La prensa independiente asfixiada

Hace poco el periódico más antiguo del país, La Prensa, sacó una edición con una portada en blanco para llamar la atención sobre el bloqueo que sufre por parte de la Dirección General de Aduanas. Estas retienen desde septiembre pasado los insumos básicos para su impresión: papel, repuestos para la rotativa y planchas. De perdurar la situación, La Prensa dejará de imprimirse.

El Nuevo Diario, el segundo periódico del país por circulación, también enfrenta el mismo problema y se ha visto forzado a limitar su impresión. 

De igual modo, el régimen ha expulsado del país a los observadores internacionales que han reportado sus abusos. Es el caso del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), creado por la CIDH, que elaboró un informe durísimo sobre la brutal represión desatada por la Policía Nacional y grupos paramilitares. 

El mes pasado, para impedir que el informe fuera dado a conocer en territorio nicaragüense, Ortega ordenó la expulsión del país de los expertos horas antes de que se llevara a cabo la presentación.

Según el documento, la policía ha abierto fuego de forma sistemática contra la población y la ola represiva ha incluido torturas y agresiones sexuales en las cárceles. 

Al ser una política diseñada por las máximos representantes del Estado, el GIEI estima que Daniel Ortega, su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo y otros altos cargos del régimen habrían de ser procesados por crímenes de lesa humanidad. 

Una estrategia de años

En realidad, los últimos ataques del régimen contra la prensa independiente son el desenlace lógico de la trama ideada por el clan Ortega desde su llegada al poder en 2007. Entonces Rosario Murillo defendió la necesidad de emitir "información incontaminada" desde medios propios. La familia presidencial ha ido pues estrechando el cerco hasta prácticamente monopolizar el espacio televisivo. De los nueve canales de señal abierta que existen en Nicaragua, seis responden a los intereses del clan Ortega-Murillo: tres son propiedad de la familia y están dirigidos por los hijos, el programa informativo de otra emisora fue también comprado y los canales 6 y 15, al ser estatales, son manipulados por el oficialismo.

Antes del estallido de las protestas el empresario Ángel González, hasta entonces afín al régimen, poseía los otros tres canales de frecuencia abierta. 

Sin embargo, la cobertura de la represión que venía haciendo el noticiero de uno de estos canales se saldó con la orden gubernamental, a fines de diciembre, de sacarlos a todos del aire. Telcor, el ente regulador de las telecomunicaciones, también controlado por el Gobierno, no tardó en cancelar sus transmisiones.

Además, el acoso a la prensa independiente se inserta en la estrategia de descalificación de las protestas emprendida por el régimen de Ortega. La versión del oficialismo es que las manifestaciones están vinculadas a un "golpe de Estado fallido" montado por la oposición con la ayuda de EEUU. Una acusación que abarca al conjunto de organizaciones de la sociedad civil, movimientos campesinos y universitarios y agrupaciones empresariales.

En este sentido, los medios independientes funcionarían como correa de transmisión. De ahí la decisión de cortarla. 

El régimen espera así dejar sin eco unas protestas populares cuya represión se ha saldado hasta ahora con 325 muertos, más de 500 presos políticos y miles de exiliados.

En 2017, tras una década en la presidencia, Daniel Ortega inició un tercer mandato consecutivo que habría de terminar en 2022. Si llega a completarlo, habrá estado en el poder 15 años.