Domingo, 21 de Abril de 2019
Última actualización: 20:19 CEST
Brasil

Bolsonaro flexibiliza la posesión de armas y su ministro de Presidencia las compara con licuadoras

El presidente brasileño, Jair Bolsonaro, firma el decreto que flexibiliza la tenencia de armas. (EFE)

El presidente brasileño, Jair Bolsonaro, cumplió una de sus principales promesas de la campaña electoral y firmó un decreto que flexibiliza la venta de armas a civiles. Dijo que ha sido tal como "el pueblo lo decidió" en un referendo realizado en 2005, reporta EFE.

En el referendo al que se refirió el líder de la ultraderecha brasileña y capitán de la reserva del Ejército, el 63% de los brasileños se pronunció en contra de que se prohibiera la venta de armas a civiles. En la práctica, esto fue obstaculizado por diversas normativas.

"Como el pueblo soberanamente decidió por ocasión del referéndum de 2005, para garantizarles ese legítimo derecho a la defensa, yo, como presidente, voy a usar esta arma", afirmó Bolsonaro, al mostrar el bolígrafo con el que firmó el decreto.

"Infelizmente, en la época, el Gobierno (de Luiz Inácio Lula da Silva) se valió de decretos y normas para negar ese derecho" que la sociedad había "reclamado" en el referendo, añadió.

La legislación actual permitía la tenencia de armas a mayores de 25 años sin antecedentes penales, con una ocupación lícita, probada capacidad psicológica para su uso y que justificasen su necesidad; lo cual se mantiene en el decreto, que no obstante relaja los requisitos y amplia el universo de potenciales compradores de armamento.

La liberación de la venta de armas fue uno de los mascarones de proa de la campaña que llevó a Bolsonaro a ganar las elecciones de octubre pasado, en la que aseguró que esa medida le permitirá a la sociedad ejercer el "derecho a la autodefensa" ante una violencia que cada año causa unas 60.000 muertes, según datos oficiales.

La promesa electoral fue, sin embargo, algo matizada, ya que el decreto no contempla autorizar el porte de armas, como prometía el entonces candidato, sino que se limita a flexibilizar la compra y la tenencia en domicilios o locales comerciales.

Asimismo, establece que la compra de armas solo será permitida a aquellas personas que demuestren una "efectiva necesidad" y define a priori algunos de esos casos.

Son agentes públicos de las áreas de seguridad e inteligencia, de la administración penitenciaria y militares activos o retirados, así como personas que residan en zonas rurales o urbanas, en ese último caso con índices anuales superiores a diez homicidios cada 100.000 habitantes, lo que abarca a prácticamente todo el país.

También son contemplados los dueños o responsables de comercios e industrias, lo cual es una completa novedad, y los coleccionistas o cazadores.

El decreto establece que quienes se encuadren en esas figuras podrá adquirir hasta cuatro armas de fuego, siempre y cuando tengan más de 25 años de edad y una "ocupación lícita", sean aprobados en cursos psicotécnicos y de tiro, y no tengan antecedentes policiales o procesos pendientes en la Justicia.

Según Bolsonaro, de ese modo se garantiza que "el ciudadano de bien pueda tener paz dentro de su casa" y que el arma pase a ser un factor inhibidor para los delincuentes.

El opositor Partido de los Trabajadores (PT) anunció que se propone acudir a la Justicia para intentar la anulación de la medida.

"Es un tema que no puede ser objeto de un decreto, porque implica la preservación de la vida", declaró el senador Humberto Costa, jefe del grupo del PT en la Cámara Alta.

Sin embargo, a tenor de lo declarado ya por algunos magistrados, el decreto tendría plena validez legal, pues no altera cláusulas de la Constitución consideradas "pétreas" o intocables.

"Si se quisiera establecer la pena de muerte, la Constitución lo impide, pero alterar la política de armamento no hiere una cláusula pétrea", declaró esta semana el presidente de la Corte Suprema, José Antonio Dias Toffoli.

Las armas, tan peligrosas como las licuadoras…

El ministro de la Presidencia de Bolsonaro, Onyx Lorenzoni, defendió la firma del decreto comparando las armas de fuego con licuadoras, en cuanto al peligro que estos aparatos representan para un niño.

"A veces vemos un niño pequeño que pone el dedo en la licuadora, la conecta y pierde el dedito. ¿Y por eso vamos a prohibir la licuadora? Es una cuestión de educación y orientación", dijo este martes Lorenzoni a la prensa tras la firma del decreto.

La firma del decreto generó preocupación en cuanto a los posibles efectos en el combate a la violencia, especialmente la que afecta a las mujeres.

"Ese decreto no va a contribuir en nada para la reducción del crimen y la violencia en el país y tiene mucho potencial para conspirar contra la seguridad pública. Según todas las evidencias, más armas significan más crímenes", dijo David Marques, coordinador de proyectos de la ONG Fórum Brasileño de Seguridad Pública.

Marques recordó una estadística del estatal Instituto de Pesquisa Económica Aplicada (IPEA) que constata que por cada un 1% más de armas en circulación en la sociedad puede haber un incremento del 2% en el número de homicidios.

Para el director ejecutivo del Instituto Sou da Paz, Iván Marques, "el decreto es bastante negativo", pues "facilita la entrada de nuevas armas en Brasil y afloja las reglas de control establecidas en el Estatuto del Desarme".

Según los datos más recientes del Ejército y la Policía Federal, 619.604 armas están oficialmente en manos de civiles, quienes podrán adquirir ahora hasta cuatro armas y tendrán un plazo de validez del permiso ampliado a diez años, frente a los cinco de antes.

Es "poco razonable y bastante insensato (...) Ningún psicólogo firmaría un atestado por diez años", dijo Iván Marques.

El nuevo decreto también supone un desafío para reducir los elevados índices de violencia machista en un Brasil en el que se concentran el 40% de todos los feminicidios ocurridos en Latinoamérica, según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).

Según datos oficiales, casi la mitad de los feminicidios en Brasil ocurrieron con armas de fuego.

El profesor Yuri Sashione, especialista en Derecho y Proceso Penal, alertó que, bajo el pretexto de una mayor seguridad, el decreto puede destapar "el otro lado de la moneda, que es un muy peligroso, en un momento en el que se está enfrentando la violencia de género".

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