Martes, 19 de Febrero de 2019
Última actualización: 13:49 CET
Política

México, López Obrador enfrenta su primera crisis

Cola para comprar gasolina en Morelia. (AFP)

Cientos de estaciones de servicio cerradas por falta de combustible, gente que pasa la noche en el auto delante de una gasolinera para poder asegurar el suministro al día siguiente, colas kilométricas de automóviles a la espera de abastecerse en gasolina, discusiones acaloradas, incluso peleas, entre clientes exhaustos: este es el escenario cotidiano en distintas ciudades de México desde hace varios días.

¿Tiene este caos algo que ver con el giro en las políticas económicas anunciado por el flamante mandatario Andrés Manuel López Obrador?

En realidad, es el resultado de la lucha contra el robo masivo de gasolina, conocido popularmente como "huachicoleo", que emprendió a fines del año pasado la nueva Administración.

El Gobierno ordenó el despliegue de más de 4.000 soldados para vigilar refinerías, engranajes de transferencia de combustible y centros de control de la petrolera estatal PEMEX. También dispuso el cierre de seis de los 13 oleoductos de la compañía en zonas particularmente afectadas por el huachicoleo en el centro y occidente del país.

PEMEX cuenta con alrededor de 17.000 km de ductos para la distribución de gas y gasolina en todo el país. En la última década el robo de combustibles, mediante la perforación y succión de estas tuberías, se ha convertido en una práctica común en estados como Puebla, Guanajuato, Jalisco y el Estado de México. 

El año pasado la petrolera acumuló un récord de pérdidas de cerca de 3.000 millones de dólares, debido a unas 13.000 tomas clandestinas.

La ofensiva de López Obrador se inserta en su estrategia de recuperar la maltrecha compañía estatal. La petrolera ha entrado en un círculo vicioso (falta de inversión, altas cargas fiscales) que se ha traducido en un descenso notable de su producción en los últimos 15 años (de 3,3 millones de barriles diarios en 2004 a 1,7 millones en la actualidad) y en una deuda abismal (105.000 millones de dólares).

Un fenómeno social

Sin embargo, la lucha contra el robo de combustible se presenta sumamente compleja, debido a que el fenómeno es sintomático del disfuncionamiento de las instituciones y del alto grado de corrupción que adolece la sociedad mexicana.

En un primer tiempo, el huachicoleo permitía básicamente a los carteles abastecer sus vehículos para transportar la droga, ya sea por mar, por aire o por tierra.

Luego ha sido parte de la diversificación de las actividades delictivas del crimen organizado a raíz de la guerra contra la droga lanzada por Felipe Calderón en 2006.

El negocio también se ha popularizado mediante la creación de bandas de "huachicoleros", formadas por comunidades vecinas de las instalaciones petroleras, que operan en colaboración con los narcotraficantes.

De hecho, hace unos años el cartel de Los Zetas difundía la idea de que el petróleo es del pueblo. A su vez la colaboración de las comunidades les ofrece a las bandas criminales resguardo para sus operaciones.

Esta colusión se explica por el jugoso negocio que representa la venta clandestina de combustibles. En México el salario mínimo oscila alrededor de 120 dólares mensuales, mientras que los miembros de las familias o poblados que se dedican a la extracción, almacenamiento y reventa de gasolina pueden llegar a ingresar más de 700 dólares al mes.

No obstante, las dimensiones que alcanza el contrabando de combustible no sería posible sin la complicidad de no pocos empleados de Pemex.

Desde que el Gobierno lanzó su ofensiva para frenar el huachicoleo han salido a la luz casos llamativos de esta connivencia. Por ejemplo, en la refinería de Salamanca, en Guanajuato, fue encontrada una manguera de tres kilómetros que suministraba combustible a instalaciones clandestinas.

También se detectaron irregularidades en PEMEX Logística, el área de la empresa que controla la operación de los ductos y encargada de detectar la extracción ilegal de combustibles.

La cadena, empero, va más allá de narcos, huachicoleros y trabajadores corruptos, pues se extiende a los compradores: propietarios de gasolineras y grandes empresas (transportistas, agrícolas, etc.) que se benefician con tarifas más bajas que las oficiales.

Todo ello incentivado aún más por el aumento del precio de la gasolina, que tan solo en los dos últimos años ha prácticamente duplicado.

Coordinación deficiente

Ahora bien, el desabastecimiento que afecta actualmente a una decena de estados del país da a entender que la operación gubernamental no fue diseñada con toda la cautela requerida.

La distribución de combustible ideada por el Gobierno, mediante cerca de 5.000 camiones cisterna, no solo es mucho más lenta que la del sistema de tuberías, sino que es sencillamente insuficiente.

Una escasez que comienza a golpear la economía. La semana pasada la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) valoró en casi 70 millones de dólares las pérdidas en los estados más afectados por la falta de combustible (Guanajuato, Querétaro y Aguascalientes). Y estimó que estos solo podrían soportar la crisis una semana más.

La Cámara Nacional de Comercio, por su parte, considera que si la situación se prolonga durante varios días puede haber problemas con el suministro de alimentos.

Los fabricantes de automóviles también están enfrentando problemas en la entrega de coches. 

No es de sorprender que los círculos empresariales estén presionando para que haya una reapertura de los ductos cerrados lo antes posible.

Por ahora, López Obrador persiste en su estrategia, aduciendo un descenso drástico en el robo de combustibles, que desde el inicio de la operación habría pasado de 80.000 barriles diarios a unos 2.500.

A su favor juegan las encuestas que arrojan un respaldo mayoritario en la población. 

Pero también lo impulsa la necesidad de imponerse en un tema que, por su complejidad, aúna puntos clave de su programa de Gobierno: la seguridad, la lucha contra la corrupción, el fortalecimiento del Estado.