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Nicaragua

Golpe de Ortega contra la sociedad civil nicaragüense

La Policía del régimen allana las oficinas de cuatro ONG y un grupo de medio de comunicación críticos del Gobierno.

Managua

Efectivos de la Policía del régimen de Daniel Ortega allanaron sin orden judicial este viernes las oficinas de cuatro ONG y un grupo de medios de comunicación críticos del Gobierno, que previamente fueron despojadas de su personalidad jurídica por la Asamblea Nacional.

En operativos durante la madrugada, fueron registradas las sedes del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), del Instituto para el Desarrollo de la Democracia (IPADE), del Instituto de Liderazgo de las Segovias (ILS), la Fundación del Río, y Popol Na, así como las oficinas de Esta Semana, Esta Noche y Confidencial, del periodista Carlos Fernando Chamorro.

Los representantes de las distintas ONG y medios de comunicación coincidieron al denunciar que los agentes policiales llegaron desde anoche, en algunos casos golpearon a los vigilantes e ingresaron con violencia y sin orden judicial, ocuparon documentos, y se llevaron computadoras, automóviles, teléfonos celulares y objetos de valor, precisó un reporte de EFE.

En el caso del CENIDH, al no poder romper las puertas ingresaron por el techo, amordazaron al vigilante, a quien amarraron y dejaron abandonado, relató su presidenta, Vilma Núñez.

A un grupo de madres de presos políticos que se encontraban durmiendo en Popol Na los policías les revisaron sus pertenencias y robaron su dinero y celulares, además de saquear la sede, según denunció su directiva.

"Es un acto ilegal, punible, violatorio a la propiedad privada, la libertad de expresión, la libertad de prensa, a la libre empresa", condenó Fernando Chamorro.

Chamorro descartó que la Policía haya confundido sus oficinas con las del Centro de Investigación de la Comunicación (CINCO), del que fue director, al que la Asamblea Nacional nicaragüense también quitó la personalidad jurídica.

En una declaración emitida este jueves, CINCO condenó la arbitraria e ilegal cancelación de su personería jurídica y la de otras ONG de la sociedad civil, "antecedida por la imposición de un estado de excepción de facto que viola la Constitución".

Presentó esta medida "como la culminación de una larga persecución que comenzó hace una década con el retorno de Ortega al poder y la acusación contra CINCO y el Movimiento Autónomo de Mujeres (MAM) por el presunto delito de 'triangulación de fondos y lavado de dinero', por la implementación de un proyecto, financiado por fondos de Gobiernos europeos, para promover los derechos de las mujeres".

CINCO rechazó los alegatos esgrimidos por el Ministerio de Gobernación y los diputados orteguistas, sobre la supuesta ilegalidad de su Junta Directiva y la no presentación de sus estados financieros.

Para la ONG ambas imputaciones son un pretexto para despojar a esta organización de su personería jurídica por razones políticas.

Además, rechazó las acusaciones que, sin ofrecer pruebas, les imputan la promoción de actos delictivos de "desestabilización del país" y de "promover un golpe de Estado".

"Se trata de acusaciones falsas con las que se pretende criminalizar los derechos constitucionales de asociación, movilización, libertad de prensa y libertad de expresión", añadió.

Para esta ONG, "los únicos golpistas y desestabilizadores son los responsables de la dictadura   Ortega-Murillo que han provocado la peor matanza de la historia nacional en tiempos de paz, así como una crisis política que tiene a la economía nacional al borde del colapso".

Solidaridad del activismo cubano

El Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) se solidarizó este viernes con las ONG nicaragüenses que ha deslegitimado la Asamblea Nacional de ese país en un intento por desmantelar la sociedad civil.

Pidió a la Unión Europea que condene estos actos deliberados del Gobierno de Ortega-Murillo contra estas organizaciones que vigilan el respeto a los derechos humanos en Nicaragua, según declaró Alejandro González Raga, director ejecutivo del OCDH.

El OCDH abogó por que se encuentren fórmulas legales para que las ONG que pierdan su personería jurídica, víctimas de sistemas restrictivos y autoritarios, puedan continuar operando con plena capacidad jurídica ante los organismos internacionales y tengan el reconocimiento de otros Estados.

Organismos humanitarios han registrado entre 325 y 545 muertos tras el inicio de esta crisis sociopolítica en Nicaragua, 674 "presos políticos", cientos de desaparecidos, miles de heridos y decenas de miles en el exilio.

El Gobierno acepta 199 víctimas y 273 reos, que califica de "golpistas", "terroristas" y "delincuentes comunes".

Tanto la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), han responsabilizado al Gobierno de "más de 300 muertos", así como de ejecuciones extrajudiciales, torturas, obstrucción a la atención médica, detenciones arbitrarias, secuestros y violencia sexual, entre otras violaciones a los derechos humanos.

Ortega rechaza los señalamientos y sostiene que venció un intento de "golpe de Estado".

Las protestas contra Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, se iniciaron el 18 de abril pasado, tras 11 años de Gobierno continuo, por unas fallidas reformas de la seguridad social y se convirtieron en una exigencia de renuncia.

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