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Política

México, las instituciones a prueba

Andrés Manuel López Obrador anuncia el comienzo de un nuevo régimen político sin dejar claro cómo se concretizará en la realidad.

Madrid

"Hoy comienza un cambio de régimen político. Se acabará la corrupción y la impunidad que impiden el renacimiento de México", aseguró Andrés Manuel López Obrador en su toma de posesión el sábado pasado. 

Una declaración que se aviene con el tono mesiánico que marcó la campaña electoral del flamante presidente mexicano. Así, la coalición por él liderada llevaba como nombre Juntos Haremos Historia. 

No en vano López Obrador ha insistido en acuñar su mandato como el de la "Cuarta Transformación", en referencia a los episodios fundamentales de la historia mexicana: la Independencia, la Reforma, que a mediados del siglo XIX logró la separación de la Iglesia y del Estado, y la Revolución que culminó en 1917 con la proclamación de la Constitución.

En este sentido, en su discurso de investidura López Obrador hizo un centenar de promesas destinadas a fijar el rumbo de su presidencia: lograr un sistema de salud para todos, subir los salarios mínimos, abrir nuevas universidades públicas, luchar contra la corrupción, etc.

Y como prueba de su voluntad de romper con los moldes del pasado, el nuevo mandatario ha dado una serie de pasos simbólicos para estrechar los vínculos entre la sociedad y la presidencia. 

El fin de semana, por ejemplo, Los Pinos, residencia oficial de los presidentes mexicanos, abrió sus puertas a las visitas del público. Y poco después de la toma de posesión López Obrador recibió el bastón de mando de los pueblos originarios, generalmente ignorados por el poder. De igual modo, la reducción a mínimos del equipo de seguridad marca la voluntad de romper con el aislamiento de la figura presidencial.

Ya antes de la toma de posesión, López Obrador había realizado un par de consultas populares con el objetivo de sondear los deseos de la ciudadanía. 

El entonces presidente electo usó los resultados de las urnas para hacer anuncios de gran relevancia como la cancelación de la construcción del nuevo aeropuerto de Ciudad México, una obra con un monto de inversiones de 13.000 millones de dólares y cuya realización había alcanzado el 30%.

Inicio errático

Ahora bien, la intención de ceñirse a las aspiraciones y preocupaciones de la ciudadanía no está exenta de ambigüedades y da señales inquietantes de lo que puede ser el próximo sexenio.

Ciertamente, al anunciar el cese de las obras del nuevo aeropuerto López Obrador se hizo eco de las críticas procedentes de amplios sectores de la sociedad, debido a los costes ecológicos y la cuestionada viabilidad del proyecto.

No obstante, la consulta que le sirvió de baza para tomar la decisión fue organizada fuera de los canales institucionales y de manera deficiente, a tal punto que en ella participó apenas el 1% del padrón electoral mexicano.

Por lo tanto, el resultado no se desprende de un proceso racional, democrático y eficaz.

Para mayor confusión, poco antes del referendo Alfonso Romo y Carlos Urzúa, ahora jefe de Gabinete y ministro de Economía respectivamente, habían asegurado a empresarios e inversionistas que la obra no corría peligro.

Semejante falta de coordinación se ha visto en la bancada oficialista que domina el Congreso. La propuesta del senador Ricardo Monreal de regular las comisiones bancarias desencadenó la mayor caída de la Bolsa en años. Para calmar los mercados, López Obrador hubo de intervenir entonces, aclarando que no habría reforma fiscal en los tres primeros años.

Estos vaivenes reflejan no solo la heterogeneidad de la coalición en el poder, donde confluyen los izquierdistas Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Partido del Trabajo (PT) y el conservador Partido Encuentro Social (PES), sino también el protagonismo de López Obrador.

¿Consulta popular o herramienta presidencial?

Por ahora, el mandatario mexicano ha hecho un curioso uso de las consultas populares. Es decir, ha sometido a plebiscito (con escasa representación y formalmente no vinculante) temas en los que estaba persuadido del aval popular: la anulación del aeropuerto, el aumento de las pensiones para los jubilados, la creación de becas de estudios, la extensión de los servicios de salud, etc.

Pero ha anunciado sus planes de Gobierno en dos asuntos clave, la inseguridad y la corrupción, sin plantear la posibilidad de un referendo. Ello, probablemente, porque las propuestas gubernamentales suscitan fuertes controversias y no está dicho que cuenten con un respaldo mayoritario.

Respecto a la lucha contra la violencia, dando marcha atrás a su promesa de campaña de desmilitarizar la seguridad pública, antes de tomar el poder presentó a mediados de noviembre el Plan Nacional de Paz y Seguridad.

Este supone una profundización de la militarización del país mediante la creación de la Guardia Nacional, un cuerpo castrense compuesto por miembros de las Fuerzas Armadas y de la Marina, que para 2021 deberá contar con alrededor de 120.000 efectivos.

Si bien el plan presentado cuenta con un acápite dedicado a la defensa de los derechos humanos, queda en tela de juicio la posibilidad de conciliar la garantía de los derechos fundamentales con la militarización a ultranza de la seguridad.

Similar escepticismo ha suscitado la intención de López Obrador de hacer borrón y cuenta nueva en cuanto a la corrupción al declarar que "juzgar a grandes corruptos es conspirar contra la estabilidad del país". Lo cual supone una amnistía tácita para los hechos de corrupción anteriores a su toma de posesión.

Es entendible que el nuevo mandatario, según sus miras y posibilidades, vele por la gobernabilidad en temas tan graves como la seguridad y la corrupción. Pero que en asuntos de primera importancia para la ciudadanía no mencione la posibilidad de una consulta, da a entender que el referendo será una herramienta manipulada según la conveniencia del Ejecutivo y no del interés de la población.

Si López Obrador no emprende una profunda reforma de las instituciones que las vuelva inmunes a los usos discrecionales, entonces es probable que sus pretensiones de cambiar la realidad de México queden simplemente en una declaración de intenciones.

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